Las estrategias para blindar a los líderes sociales

6 de septiembre del 2018

Un acalorado debate se presentó el pasado miércoles en la Cámara de Representantes. Los diferentes miembros se enfocaron en discutir sobre una sola preocupación: la protección de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, debido a que en los últimos dos años se han registrado más de 300 homicidios en su contra. Estos […]

Las estrategias para blindar a los líderes sociales

Un acalorado debate se presentó el pasado miércoles en la Cámara de Representantes. Los diferentes miembros se enfocaron en discutir sobre una sola preocupación: la protección de los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, debido a que en los últimos dos años se han registrado más de 300 homicidios en su contra. Estos afectan a líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, defensores de la restitución de tierras, líderes de la salud y del medio ambiente. La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez presentó los planes de acción que tiene el Gobierno Nacional para acabar con esta problemática.

Una de las promotoras del debate de control político fue la excandidata vicepresidencial y actual representante a la Cámara, Angela María Robledo. En su intervención expresó el dolor por los múltiples asesinatos y resaltó las alarmantes cifras que presenta la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las demás organizaciones no gubernamentales. Igualmente, resaltó que la ciudadanía se hizo escuchar a las afueras del Capitolio, donde una multitud de personas se aglutinó para expresarse y exigirle al Congreso que tome acciones para mermar este conflicto.

En diálogo con KienyKe.com Robledo señaló que el enfoque de la ministra del Interior desconoce que hay una problemática de sistematicidad en los crímenes contra los líderes sociales e indicó que en la intervención solo se limitó a leer cifras, pero que no quedó claro cuáles son las verdaderas acciones que tomará el Gobierno para proteger a los activistas en los territorios.

“Mientras eso no se reconozca, como bien lo dijimos en el debate, no se van a encontrar las causas estructurales de esta problemática. Reconocemos los avances de la Procuraduría y de la Fiscalía para empezar a hacer un seguimiento desde la perspectiva de la sistematicidad, pero mientras no se tenga claro cuáles son las causas va a ser muy difícil solucionar este problema”, señaló.

Por otro lado, la congresista aseguró que en ninguna de las dos intervenciones de los ministros, de Interior y de Defensa, se mencionó que el Gobierno vaya a focalizar el problema, porque las cifras arrojan que esta situación principalmente se presenta en cinco departamentos: “Estos muestran la presencia de diversas organizaciones ilegales que nosotros consideramos nuevas formas de paramilitarismo”.

Las cifras arrojan que desde la posesión del presidente Iván Duque, 32 líderes sociales han sido asesinados en varios territorios del país.

Robledo añadió que a pesar de que no le satisfacen las respuestas de los jefes de las carteras y que le queda una enorme preocupación por lo que va a seguir, cree importante la realización de este tipo de debates, porque se debe escuchar la opinión de los diferentes sectores políticos. “Esa voluntad política se tiene que expresar. Es una tarea de control político y al otro lado del ejercicio del Ejecutivo, para cumplir un mandato constitucional de proteger la vida”, puntualizó.

Asimismo considera valioso que el presidente Iván Duque convoque a los diferentes sectores políticos a dialogar sobre qué se va a hacer para proteger la vida y la integridad de estas personas, para que así se consoliden las propuestas que se incluirán en la política pública integral para la defensa de los derechos de los líderes sociales.

¿Qué debería hacer el Gobierno Nacional?

Nancy Patricia Gutiérrez aseguró que la protección de los líderes es “prioridad en la agenda del Gobierno Nacional”. Así pues, en medio de su intervención, comentó los planes que se pretenden adelantar para contrarrestar este flagelo.

Principalmente, la reestructuración del programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP); garantizar el funcionamiento de la Comisión de Garantías de Seguridad; crear una plataforma tecnológica con uso de inteligencia artificial que permita una herramienta real y efectiva para que la ciudadanía esté pendiente de la gestión del Estado; y por último, trabajar en una hoja de ruta junto a la Procuradoría General para expedir una política pública integral que defienda a los líderes sociales.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, en diálogo con este medio señaló que la intervención de la ministra y del ministro de Defensa fue desacertada y que las iniciativas son insuficientes, debido a que la verdadera forma de solucionar este conflicto es que la Fiscalía General capture a los responsables de estos crímenes.

Manifestó que mientras los victimarios se sientan con impunidad para mandar a matar a líderes sociales, no va a pasar nada. “Considerar este tema sistemático no va a parar la masacre, la única forma es que se capturen a los responsables. No solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales”, puntualizó.

Ángela María Robledo coincidió con Ávila en cuanto a que “hay que fortalecer los sistemas de investigación y de alertas tempranas, al igual que la reestructuración de la UNP, no solo en la asignación de escoltas y elementos de seguridad, sino para que efectivamente se cumpla la tarea de proteger a las colectividades que han sido vulneradas”.

“Esto no es un asunto de chalecos y camionetas blindadas, este es un problema más complejo. Hay que comprometerse a que las autoridades cumplan en los territorios una tarea de protección de manera más estructural, porque hay ausencia del Estado en muchos de esos lugares; que llegue no quiere decir que hagan presencia las fuerzas militares, sino que se presente la institucionalidad en su conjunto”, manifestó.

Por último, Robledo señaló que el Gobierno debe acoger las consideraciones que se han hecho a nivel nacional e internacional y focalizar la estrategia de protección en los territorios donde se tienen las cifras más altas, sin descuidar los otros departamentos que se podrían ver igualmente afectados.

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