Porte de armas: ¿permisividad o regulación?

Porte de armas: ¿permisividad o regulación?

26 de diciembre del 2018

Entre partidarios y detractores, el presidente Iván Duque firmó el decreto que mantendrá, por un año más, la prohibición del porte de armas en el país, con un polémico parágrafo que generó molestias entre los opositores y algunos sectores de la ciudadanía, al asegurar que esta medida generará más inseguridad y aumentará las muertes violentas; pero al contrario de estos cuestionamientos, los primeros aluden que esta decisión ayudará a los ciudadanos a defenderse de la agresión y se contribuirá a desarmar a los criminales en el país.

El parágrafo del decreto 2362 determina que será el ministro de Defensa quien imparta a las autoridades militares los lineamientos o las directrices para la expedición de las autorizaciones de carácter especial por razones de urgencia o seguridad, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada solicitud.

Según los partidarios de esta iniciativa, la medida tendrá como efecto que los ciudadanos cuenten con mayores garantías legales para protegerse por medio de estas herramientas de protección. Así como lo dijo el senador Álvaro Uribe, que aseguró que esta autorización para permisos especiales estará a favor de “personas honorables que por su labor lo necesitan”.

Por su parte, los sectores de oposición argumentaron que esta medida “abre la puerta a más muertes por más gente armada” y que con estos permisos especiales “entramos de nuevo a la seguridad vista como autodefensa”, según lo mencionó el senador Gustavo Petro.

“La extrema derecha no puede entender que portar armas es sinónimo de inseguridad y que la seguridad no se mide en número de muertos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

¿Buena o mala medida?

A partir de esta polémica, KienyKe.com consultó a dos expertos en seguridad y defensa nacional, que analizaron cuáles serían las implicaciones que tendrá el parágrafo añadido a este decreto en materia de seguridad y aclararon si esta medida corresponde a una flexibilización o de regularización por parte del gobierno Nacional.

Andrés Nieto, experto en seguridad, manifestó que le parece preocupante este parágrafo, porque con su implementación se aumentaría la inseguridad en el territorio nacional, debido a que se le está dejando “más fácil” la posibilidad a la ciudadanía de acceder a este tipo de objetos, lo que tendría como consecuencia más actos criminales.

“Con este decreto las personas podrán empezar tramitar el porte de las armas de fuego sin tantas trabas, sin tener en cuenta las implicaciones negativas que esto tendría para la seguridad en el país”, aseguró.

Jairo Delgado, coronel (r) de la Policía y experto en defensa nacional, por el contrario indicó que esta medida no corresponde “de ninguna manera a un acto de flexibilización”, sino que lo que se pretende hacer es crear centralidad en el Ministerio de Defensa para que de una manera rigurosa se evalúen las solicitudes y se aprueben las autorizaciones de quienes lo requieran y tengan las condiciones optimas.

“Yo diría que sigue existiendo un concepto fuertemente restrictivo hacia la discrecionalidad que centraliza la autorización. Me parece que es más favorable que haya un control desde el Ministerio de Defensa y no discrecionalmente desde la Fuerza Pública”, aseguró.

Sin embargo, según Nieto, en materia de seguridad esta decisión “es un punto cero”, debido a que cuando un Estado le da el permiso a los ciudadanos para poder tener armas en su poder, “es como si estuviera aceptando que no tiene la posibilidad de brindarles seguridad” y que la única opción es decirle al de a pie que “se defienda como pueda”.

“Es como si el Gobierno nos estuviera diciendo: mire a ver cómo sobreviven en el marco de la delincuencia y el crimen que no hemos logrado resolver”, afirmó.

Delgado, por su parte, reiteró que esto “no le hace más fácil el proceso a la ciudadanía porque no es una exclusa abierta sin regulación”, sino que es una organización más estructurada para expedir los permisos.

“Hay que esperar cuáles serán las directrices que dará el ministro de Defensa en estos mecanismos de control, que es el punto que todavía tiene vacíos el Decreto. El éxito es ser cuidadosos para que no se vaya a tener una tenencia indiscriminada de armas, pero todavía no tenemos porqué preocuparnos, sino mirar cuáles serán los elementos que permitirán saber quienes tienen derecho a ellas y quienes no”, señaló.

Nieto no se mostró convencido con esta declaración, debido a que la falta de aclaración de estos lineamientos es lo que le deja las mayores dudas. “No tener claridad sobre cómo se determinará estos parámetros deja prever que cualquier persona podrá iniciar el proceso y lo peor es que se le autorice el porte de armas de fuego”.

Mencionó que las cifras de muertes por causa de armas son “alarmantes” y que una de las razones es que en Colombia es que “se confunde la justicia con venganza”. Agregó que esto podría relacionarse con temas de violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, defensa personal por el aumento de la delincuencia.

“Es preocupante. Esto podría desencadenar una agresión de violencia entre ciudadanos de forma múltiple en todo el país”, mencionó y agregó que más de 13 mil personas al año mueren por causa de este tipo de armas y que “de cada diez colombianos, siete estaría dispuestos a tomar justicia por sus propias manos y cinco estarían dispuestos a tener un arma de fuego para para poder defenderse”.

Finalmente, dijo que gracias a la prórroga de la prohibición del porte y uso de armas, Colombia ha tenido la tasa de muertes “más baja de toda la historia” y que este un descenso que hay que cuidar, porque no se había visto esa tendencia de disminución en más de 40 años”, finalizó.