Aunque ya lleva vigente dos meses el decreto expedido por el Gobierno que permite el cambio de registro de sexo, el cual es una apuesta por la reivindicación de los derechos de las parejas del mismo sexo, voces al interior del mismo Gobierno han alertado que será usado por algunos avivatos y delincuentes para evadir la ley.
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Un alto funcionario reveló a Kienyke.com su temor de que los delincuentes decidan cambiar su sexo para evadir a las autoridades y que otros bajo el cambio de su identidad masculina a femenina intenten obtener a los 57 años la pensión.
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El decreto 1227 del 5 de Julio del 2015 contempla que para que un notario pueda cambiar el sexo se requieren sólo los siguientes requisitos: copia del registro civil de nacimiento, de la cédula de ciudadanía y declaración realizada bajo la gravedad de juramento donde se indique la voluntad para corregir la casilla del componente sexo.
¿Son fundados estas alertas?
Kienyke.com consultó con expertos en temas penales, quienes coincidieron que aunque es casi inevitable que algunos vean la posibilidad de cambiarse de sexo para evadir a las autoridades o para defraudar al Estado, es una norma que el Gobierno estaba en mora de expedir.
Uno de los expertos consultados incluso advirtió un ilícito que no incluyó el funcionario del Gobierno, que consiste en los que buscarán cambiarse de sexo para simular una unión marital y adquirir la pensión sustituta.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez aclaró que el hecho de cambiar el sexo en la cédula, no implica cambiar la identificación, pues la huella digital siempre será la misma.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez.
“Con este decreto no quiere decir que el Gobierno le esté dando una nueva identificación a la persona, porque ésta no es propiamente el número, sino la huella digital, o sea no están cambiando la identificación, sino sólo el nombre”, dijo.
De todas maneras, el exmagistrado manifestó que hay un delito tipificado para los que busquen delinquir bajo el amparo de este decreto.
“Siempre que se cometa un ilícito a través de elementos de carácter documental, en este caso para falsificar la verdad de su estado civil, se está cometiendo el delito de suposición de estado civil y falsedad en documento público o privado según sea el caso”.
Por su parte, el exfiscal y exprocurador general, Alfonso Gómez Méndez manifestó que las autoridades deben estar alertas por los posibles hechos delictivos que se puedan presentar al aplicarse esta norma.
El exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez.
“El decreto tiene unos fines muy determinados, que es acabar con la discriminación, pero frente a los fraudes las autoridades deben estar alertas para que ese tipo de situaciones no den lugar a la comisión de ilícitos, pues cualquier norma por bien intencionada que sea, siempre será susceptible de que algunos lo tomen por la vía fraudulenta”, afirmó.
A su turno, el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra indicó que “el hecho de que haya riesgos de la comisión de algún delito, no debe conducir a que se eliminen esa clase de decretos, lo que se debe hacer es buscar solucionar o mitigar el riesgo.
El exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
El exfuncionario señaló, “la Constitución establece la presunción de buena fe, y uno no puede presumir que quien va cambiar de sexo lo va ser de mala fe. Si después se demuestra que lo hizo de mala fe habrá que imponerle las sanciones correspondientes”.
De otro lado, el conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero dijo que no es tan fácil hacerle el quiebre al decreto.
“En el tema que tiene que ver con la pensión, la edad asociada con el género es sólo uno de los requisitos para que sea otorgada, además que si inició los aportes a pensión siendo hombre, no puede al final cambiarse el sexo para que le sea otorgada con las condiciones que se les otorga a las mujeres”.
El abogado penalista descartó también la posibilidad de que un delincuente al cambiar su identidad pueda ser enviado a un centro de reclusión femenina, que es otra circunstancia que los expertos señalan como probable con el decreto. “El ingreso de personas a una cárcel determinada está determinado por un examen físico, porque por ejemplo los travestis que no son operados del todo, pero si tienen senos y otros rasgos femeninos, son recluidos en cárceles para hombres como La Modelo, sobre la base que tienen órganos masculinos”.
El conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero.
Quintero Bernate le hizo un llamado al Gobierno para que regule el decreto y evitar así posibles inconvenientes. “El Gobierno debería regular el tema en el sentido de que en la Registraduría quede claro que la persona que tiene el número de cédula tal, con el cambio reciente de un nombre femenino, tiene un historial de registro, incluido una huella digital que no se puede cambiar, y así evitar la comisión de hechos ilegales”.
No obstante, afirmó que no hay que alarmarse por el tema, pues hay que esperar que se den los primeros hechos punibles para dejar actuar a las autoridades. “Hay que esperar a que ocurra el problema para que a los funcionarios que les corresponda, tomen una solución imaginativa, aunque hay mecanismos legales para castigar a los que con la ley quieren burlan la misma ley”.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez.
“Con este decreto no quiere decir que el Gobierno le esté dando una nueva identificación a la persona, porque ésta no es propiamente el número, sino la huella digital, o sea no están cambiando la identificación, sino sólo el nombre”, dijo.
De todas maneras, el exmagistrado manifestó que hay un delito tipificado para los que busquen delinquir bajo el amparo de este decreto.
“Siempre que se cometa un ilícito a través de elementos de carácter documental, en este caso para falsificar la verdad de su estado civil, se está cometiendo el delito de suposición de estado civil y falsedad en documento público o privado según sea el caso”.
Por su parte, el exfiscal y exprocurador general, Alfonso Gómez Méndez manifestó que las autoridades deben estar alertas por los posibles hechos delictivos que se puedan presentar al aplicarse esta norma.
El exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez.
“El decreto tiene unos fines muy determinados, que es acabar con la discriminación, pero frente a los fraudes las autoridades deben estar alertas para que ese tipo de situaciones no den lugar a la comisión de ilícitos, pues cualquier norma por bien intencionada que sea, siempre será susceptible de que algunos lo tomen por la vía fraudulenta”, afirmó.
A su turno, el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra indicó que “el hecho de que haya riesgos de la comisión de algún delito, no debe conducir a que se eliminen esa clase de decretos, lo que se debe hacer es buscar solucionar o mitigar el riesgo.
El exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
El exfuncionario señaló, “la Constitución establece la presunción de buena fe, y uno no puede presumir que quien va cambiar de sexo lo va ser de mala fe. Si después se demuestra que lo hizo de mala fe habrá que imponerle las sanciones correspondientes”.
De otro lado, el conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero dijo que no es tan fácil hacerle el quiebre al decreto.
“En el tema que tiene que ver con la pensión, la edad asociada con el género es sólo uno de los requisitos para que sea otorgada, además que si inició los aportes a pensión siendo hombre, no puede al final cambiarse el sexo para que le sea otorgada con las condiciones que se les otorga a las mujeres”.
El abogado penalista descartó también la posibilidad de que un delincuente al cambiar su identidad pueda ser enviado a un centro de reclusión femenina, que es otra circunstancia que los expertos señalan como probable con el decreto. “El ingreso de personas a una cárcel determinada está determinado por un examen físico, porque por ejemplo los travestis que no son operados del todo, pero si tienen senos y otros rasgos femeninos, son recluidos en cárceles para hombres como La Modelo, sobre la base que tienen órganos masculinos”.
El conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero.
Quintero Bernate le hizo un llamado al Gobierno para que regule el decreto y evitar así posibles inconvenientes. “El Gobierno debería regular el tema en el sentido de que en la Registraduría quede claro que la persona que tiene el número de cédula tal, con el cambio reciente de un nombre femenino, tiene un historial de registro, incluido una huella digital que no se puede cambiar, y así evitar la comisión de hechos ilegales”.
No obstante, afirmó que no hay que alarmarse por el tema, pues hay que esperar que se den los primeros hechos punibles para dejar actuar a las autoridades. “Hay que esperar a que ocurra el problema para que a los funcionarios que les corresponda, tomen una solución imaginativa, aunque hay mecanismos legales para castigar a los que con la ley quieren burlan la misma ley”.
