Demandan la elección de Néstor Martínez como Fiscal General

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Demandan la elección de Néstor Martínez como Fiscal General

12 de enero del 2019

Una demanda contra el fiscal General de la Nación entró a la Sección Quinta del Consejo de Estado este viernes 11 de enero, presentada por los abogados de Dejusticia, de la Comisión Colombiana de Juristas y Jorge Iván Cuervo, en donde piden la nulidad de la elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El argumento de los demandantes consiste en que existió una “falsa motivación del acto”. Abogan que el alto tribunal de justicia, al momento de recibir la terna por parte de Juan Manuel Santos y elegirlo como fiscal luego de la audiencia, Martínez omitió información crucial sobre su relación con el Grupo Aval y los sucesos recientemente revelados por Jorge Enrique Pizano en el caso Odebrecht; información que pudo haber alterado la decisión de la Corte Suprema de elegirlo como fiscal general.

Los juristas piden su salida con la figura de ley ‘anulación electoral’ ya que Martínez “conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos con los que el Estado estaba pagando la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, y en las que estarían involucrados algunos de sus anteriores asesorados”.

En conversación con KienyKe.com Jorge Iván Cuervo, docente investigador de la Universidad del Externado y uno se los demandantes, explicó que en la audiencia que la Corte Suprema de Justicia le hace a la terna, es comparable con una entrevista de trabajo, “y si va a una entrevista de trabajo y decide ocultar información importante y el empleador descubre que la persona contratada ocultó tal información, el contratista puede terminar el contrato”.

Cuervo, dice que el fiscal está convencido que no estaba obligado a decir lo que le contó Pizano en su momento y no hay ninguna ley que lo obligara a revelar esta situación.

Pero según el demandante, se puede solicitar la anulación del nombramiento ante el Consejo de Estado, y es preciso en decir que “esta norma tiene caducidad de un mes, y como él fue nombrado en el 2016 se supone que no aplicaría, pero nuestro argumento de fondo frente al tema de caducidad es que hay que empezar a contar el tiempo desde que se supo lo revelado por Pizano”.

El grupo de abogados es claro en afirmar que si bien no existe ninguna violación a la norma, omitir información en una audiencia frente a la Corte, de alguna manera motivó a esta autoridad a elegirlo, elección que “resultó ser falsa, esencialmente porque debido a la omisión de Martínez, la Corte no tuvo la posibilidad de evaluar con información completa y concreta si él era el candidato mejor capacitado para asumir como fiscal General de la Nación”.

Según dijo Cuervo “el proceso se puede demorar bastante, puede durar dos o tres años, pero si se aplica bien la norma, el Consejo de Estado puede estar dando respuesta en cuatro meses, y sí es a favor, la vicefiscal María Paulina Riveros tomaría las riendas de la Fiscalía hasta el 2020 cuando Duque tenga que elegir la nueva terna”. 

En un comunicado el grupo de abogados manifestó todas sus razones para emprender la demanda:

Razones jurídicas

  1. El Consejo de Estado contribuiría con su pronunciamiento en el caso concreto sobre la falsa motivación del acto de nombramiento del Fiscal General, generada por el ocultamiento de información sustancial, por parte del propio Fiscalía.
  2. Es crucial para el Estado social de derecho y la democracia generar jurisprudencia y crear un precedente sobre cómo se manejan los conflictos de interés y los efectos de la puerta giratoria en la política colombiana.

Razones éticas

  1. Le exigimos al Fiscal el cumplimiento del deber moral de ser modelo en la lucha contra la corrupción y el trámite de conflictos de interés.
  2. Le exigimos al Fiscal que ofrezca garantías de imparcialidad judicial reales y aparentes.
  3. Creemos que debe preservarse la integridad del interés público.

Razones políticas

  1. Creemos que se necesita un mayor control en la elección de altos cargos públicos, tanto por parte de la ciudadanía como de los entes de control y las propias entidades que llevan a cabo los nombramientos.
  2. Quisiéramos motivar una rendición de cuentas por parte del Fiscal debido a su conducta cuestionable.
  3. Nos interesa a través de este tipo de acciones devolverle a la ciudadanía confianza y credibilidad en la Fiscalía General.