Nueva denuncia contra diputado de la Asamblea panameña

2 de agosto del 2018

Ya son cuatro las denuncias contra diputados de la Asamblea Nacional

Nueva denuncia contra diputado de la Asamblea panameña

@ContraloriaPma

El Contralor General de Panamá, Federico Humbert, presentó el 1 de agosto una nueva denuncia en el proceso de las planillas de contratación al interior de la Asamblea Nacional panameña. La documentación presentada ante la Corte Suprema de Justicia señaló al diputado oficialista Jorge Alberto Rojas por el supuesto manejo irregular del presupuesto en la planilla 172 del órgano legislativo.

La nueva denuncia fue presentada luego de que la Contraloría, durante la auditoría que realizó en junio a las planillas 080 y 172 de la Asamblea Nacional, encontrara que varios empleados de la firma de abogados Rosas & Rosas, de la cual es socio el diputado, eran beneficiarios de los contratos por servicios profesionales en las actividades legislativas de Rosas al interior de la entidad pública.

El caso de Rosas se une a los de Marylín Vallarino y Aris de Icaza, diputados de Cambio Democrático y de Felipe Vargas, diputado del Partido Revolucionario Democrático, que reposan en los despachos de la Corte Suprema de Justicia. Además, en el Ministerio Público de Panamá también existen procesos abiertos contra personas naturales que habrían participado de la supuesta desviación y malversación de fondos.

El caso del diputado Rosas es similar al que se dio posteriormente a  los hallazgos en la Agencia de Aduanas Sellhorn, S.A., sociedad liderada por la diputada Vallarino, en la cual además aparecen como beneficiarios de contratos en la Asamblea Nacional por servicios profesionales tanto su esposo, en calidad de secretario, y una de sus hijas como colaboradora.

En la seguidilla de denuncias presentadas desde la Contraloría General, el primero en ser denunciado fue el diputado opositor Aris de Icaza de la provincia La Chorrera, a finales de junio pasado. Según explicó el mismo Federico Humbert, el diputado habría cambiado cheques en efectivo de una planilla y luego dicho dinero habría sido depositado en una de sus cuentas personales en complicidad con funcionarios de entidades bancarias.

El mismo día de la primera denuncia, se conoció que la diputada Vallarino sería la próxima en deber responder ante la Corte Suprema de Justicia por el manejo de fondos. Posteriormente se dio la denuncia al diputado opositor Felipe Vargas de la provincia de Darién por delitos contra la administración pública.

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