Ordoñez: muy justiciero pero poco justo

11 de diciembre del 2013

“La sanción que se le impuso a Gustavo Petro es absolutamente desproporcionada.”

El pasado lunes, Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años debido al  caos en la recolección de basuras. Ha habido una gran división en cuanto a la legalidad y legitimidad de esta acción, teniendo en cuenta el Código Disciplinario Único, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), entre otros; pero un aspecto no menos importante de debatir es si el fallo fue verdaderamente justo.

Justicia y legalidad aunque son dos conceptos complementarios, no significan lo mismo. Sería muy difícil, casi imposible, garantizar que haya justicia si no hay unas reglas de juego preestablecidas. Pero las  leyes que rigen en un determinado ordenamiento jurídico son una creación humana, por lo tanto pueden ser imperfectas; mientras cuando nos referimos a  la justicia, apelamos a un concepto superior, trascendente, a un valor absoluto y universal que nunca cambia. Podemos conocer o desconocer las leyes, pero siempre sabremos cuando hacemos justicia, porque lo justo lo determina nuestra conciencia. En toda sociedad, sus miembros tienen una concepción de justicia, y se considera una virtud tanto individual como social el actuar conforme a ella.

No sé si a ustedes, pero en mi caso particular, mi conciencia me dictamina que la sanción que se le impuso a Gustavo Petro, es absolutamente desproporcionada con respecto a las faltas que se le imputaron y alejada de cualquier concepción de justicia. La decisión del procurador, dejó en mí una sensación, de que para Ordoñez fue más importante ser severo y riguroso con el ex guerrillero, que justo con el alcalde. Además de estar revestido con un gran poder discrecional, siento que el procurador interpretó y direccionó el ordenamiento jurídico de forma tal, que le permitiera imponerle un castigo exagerado a Petro, sin que éste le sea merecido.

El derecho, no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr justicia. Por lo tanto, un funcionario que tenga dentro de sus responsabilidades la de imponer sanciones, no sólo debe tener en cuenta que sus decisiones sean legales, sino que sean justas. Más aún cuando hablamos del procurador general que es el encargado de velar por la ética pública. Más en un país donde los corruptos muchas veces tergiversan las leyes para beneficiarse.  Más en una sociedad  que pretende reconciliarse.

Algo que me  parece muy grave, es que esta absurda decisión, no sólo es injusta con Petro, sino con todos los que se sentían representados en la persona del alcalde y votaron por él. Así nos cueste aceptarlo, el hecho de haber recogido basura en unas volquetas, se sobrepuso a un mandato popular y el poder ilimitado del procurador, prevaleció sobre el constituyente primario.

A los que votaron por Petro y a muchos de los que no votamos por él, nos cuesta entender si es realmente justo cobrarle a un servidor público  tan caro sus errores. La inhabilidad de 15 años para Gustavo Petro, deja en evidencia que para la Procuraduría el error es igual o más grave que la mala fe. Si destituyeran a todos los funcionarios públicos por sus equivocaciones, creo que no habría políticos habilitados para ejercer sus funciones, empezando por el procurador.

La voluntad debería ser el elemento determinante cuando se inhabilita y se destituye. Si bien el funcionario público tiene el deber de ser diligente y eficiente, no se puede equiparar  la conducta de quien no ejecuta de forma eficaz,  a la de quienes obtienen beneficios particulares en detrimento del interés colectivo. Podemos tener posiciones muy diferentes a las de Petro, pero si se tiene un compromiso con la justicia, se debe reconocer que el alcalde destituido e inhabilitado no tuvo como finalidad generar un caos en la ciudad como lo hizo, todo lo contario, pretendía dignificar a los recolectores de basura y de esta forma cumplir con lo que prometió, que la ciudad fuera cada vez más incluyente.

No sé que es más lamentable, que Petro se vaya de la alcaldía por una decisión que no compromete su buena fe o que haya sido una decisión de mala fe la que lo sacó de la alcaldía.

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