Objetan parcialmente Ley que elimina trámites obsoletos

17 de julio del 2019

El Gobierno consideró prudente objetar parcialmente dicha ley.

Iván Duque

El presidente de la República, Iván Duque, objetó parcialmente el proyecto de ley de Depuración Normativa por inconveniencia, con el principal objetivo de eliminar cualquier riesgo que pudiera existir sobre la Ley 600 del año 2000.

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Según el primer mandatario, la desaparición de varias normas en las cerca de 11.000 que se buscaba derogar por obsoletas causaría un traumatismo en el ordenamiento jurídico del país.

La ley 600 hizo parte del proyecto de ley desde su radicación en el Congreso de la República, es decir, no fue incluido durante el trámite del mismo.

Esta ley, más conocida como el antiguo Código de Procedimiento Penal, quedaría sin herramientas diferentes las autoridades judiciales para llevar los procesos penales contra congresistas y otros aforados; es decir, el sistema penal que aplica la Corte Suprema de Justicia.

Adicionalmente, la misma norma también desapareció el Dane porque derogó el decreto de 1953 que creó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

“No existe en el ordenamiento jurídico una norma posterior que justifique su existencia y funcionamiento”, advirtió el presidente Duque.

En el mismo sentido, se pretendía derogar una norma de 1962 que establecía que los censos de población debían hacerse cada 10 años.

En este caso, el Gobierno afirmó que “es indispensable que los censos se realicen de manera periódica para contar con una buena calidad estadística”.

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Este proyecto de Ley fue radicado en el primer semestre de 2018, luego de un proceso de más de nueve años que implicó la revisión, sistematización y clasificación de las normas objeto de depuración que terminó con un inventario de más de 10.500 normas, donde se incluyó la Ley 600 de 2000 para aclarar sus efectos frente a la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.

Según el comunicado, el Gobierno consideró prudente objetar parcialmente dicha ley para evitar la inseguridad jurídica que podría generarse con un entendimiento según el cual la Ley 600 estaría derogada por virtud de la Ley de Depuración.

A partir de esta objeción, se consideró objetar el artículo 3° en su totalidad.

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