Procuraduría notifica al Gobierno destitución de Besaile

21 de enero del 2019

Luego de saber que Besaile se atornillaría el ente fue diligente.

Procuraduría notifica al Gobierno destitución de Besaile

La Procuraduría General de la Nación notificó al Gobierno Nacional y al Ministerio del Interior el fallo en el que destituyó a Edwin Besaile, hasta ahora gobernador de Córdoba, para ejercer cargos públicos en los próximos 10 años.

Así lo confirmó la entidad, luego de que en horas de la mañana se anunciara que Edwin Besaile retomaría el cargo como gobernador dado que, según dijo, no había sido notificado por la entidad de control de esta decisión. Paralelamente, se venció el decreto que mantenía a Sandra Patricia Devia como gobernadora encargada en su reemplazo.

Este hecho inquietó a todo el país, ya que desde el pasado 14 de enero la Procuraduría había publicado que tanto Edwin Besaile como su antecesor Alejandro Lyons, estaban destituidos e inhabilitados por 10 años. Ante la noticia, la Procuraduría publicó a través de un comunicado publicado en horas de la tarde, que la sanción contra ambos ya le fue notificada al presidente, Iván Duque, y a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

La decisión se tomó al encontrar que Besaile había “ordenado el pago de $4.988 millones para cubrir 2.181 terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, sin que existiera contrato entre la Gobernación de Córdoba y Funtierra Rehabilitación IPS”.

¿Por qué no se había notificado?

Según la entidad, el proceso de notificación comenzó el pasado martes 15 de enero; día en el que Besaile otorgó un poder a un nuevo abogado, a quien se reconoció como el nuevo defensor de este y se le enviaron los oficios. Al día siguiente, se envió la notificación pero Besaile no estaba en la ciudad, y no fue posible notificarlo, por lo que hasta ahora se supo de la ubicación del gobernador.

Sin embargo, este lunes 21 de enero, el abogado suplente de Besaile Fayad, William Cárdenas Bonilla, se presentó en la sala delegada y se le notificó el fallo, y también al acusado en su casa en Montería. Con este proceso el gobernador no podrá volver a su cargo, ni ejercer ninguna función en la administración pública por los próximos diez años.

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