La Política de Restitución de Tierras fue la mejor calificada por la gente durante el balance de los tres años, entregado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Según el gobierno, 1.021 personas fueron encuestadas sobre las diferentes planes de la actual administración.
En el marco de la Política de Restitución de Tierras se tramitan en este momento más de ocho mil casos de personas afectadas por abandono y despojo, los jueces de restitución ya se están pronunciando, y han resuelto por lo menos 500 casos en un poco más de un año. El gobierno precisó que han revisado tres mil reclamaciones, de esas dos mil fueron entregadas a los jueces para que fallen, así mismo aseguró que se está protegiendo a los reclamantes. Agregó que 13 mil hectáreas están listas para ser entregadas a campesinos.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, explica las claves del éxito de esta política.
¿A qué se debe el éxito, que algunos adjudican, a la política de restitución de tierras?
El Gobierno de una manera rápida tan pronto se aprobó la ley echó a andar la implementación, por eso se abrieron oficinas de la Unidad a lo largo y ancho del país. Estamos en diecisiete departamentos de los más afectados por desplazamiento y despojo, también ubicamos de la mano del Consejo Superior de la Judicatura en esas mismas zonas más de 30 jueces y 15 magistrados de restitución de tierras, también en un tiempo muy rápido se empezaron a tramitar reclamaciones.
¿Qué zonas hacen falta por cubrir y qué ha evitado que ustedes lleguen hasta estas zonas?
Se está implementando una norma en medio del conflicto y eso implica que no se pueda hacer a lo largo y ancho del país, se tiene que hacer de manera paulatina como lo dispuso el Congreso cuando aprobó la ley, que se haga de manera gradual y progresiva. En ese orden de ideas, escogimos 12 zonas afectadas donde hay mayor número de reclamaciones, y quedan unos departamentos donde hay menor numero, básicamente los que quedan están en el sur del país, Caquetá, Huila, Vichada, Casanare, Cundinamarca, eje cafetero entre otros, ya que no tienen tantas reclamaciones.
¿Cuáles son los casos más importantes que llevan?
Tenemos casos muy emblemáticos en casi todas las zonas, en Córdoba tuvimos hace unos meses una sentencia ejemplarizante que restituyó la propiedad a unos campesinos que fueron despojados por el clan Castaño, en Sucre también tenemos fallos donde los tribunales han restituido unos predios a campesinos que fueron desplazados en los noventa. Ya empezamos a devolver las tierras que obligaron a abandonar Jorge 40 y las Farc.
¿Y el fallo que favoreció a unas niñas en Magdalena?
Esa fue una sentencia que profirió el juzgado del Magdalena, una sentencia muy buena, allí ocurrió una masacre en la zona de la Secreta en la Ciénaga, y unas niñas trillizas quedaron huérfanas fruto de esta masacre, les tocó estar muchos años desplazadas. Ahora gracias a esa política, tienen su predio y se les va a acompañar con proyectos productivos, se les va a poyar para que vuelvan a su tierra.
¿Cómo están haciendo para solucionar esos problemas de falsas denuncias de quienes quieren apropiarse de los predios sin ser los reales dueños?
De las tres mil reclamaciones que hemos tenido, a cerca de 800 se ha respondido que esas declaraciones no son fundadas, que no son procesos que deban ir por el trámite del cumplimiento de esta ley o que no son víctimas de la violencia, por lo tanto no deben ir al proceso. En algunos de esos casos cuando hemos encontrado mala fe se han remitido a la Fiscalía General de la Nación, ya que son personas inescrupulosas que muchas veces quieren valerse del proceso para no cumplir contratos que tuvieron con otros campesinos.
¿Cómo están ejerciendo protección a los reclamantes de tierras?
Directamente no lo hacemos, lo hace la Unidad Nacional de Protección que tiene un programa específico para reclamantes de tierras, nosotros lo que hacemos básicamente con ellos es tan pronto una víctima es amenazada, se remite de inmediato para que esa Unidad tome las medidas que son del caso.
¿Cuáles son los casos más importantes que llevan?
Tenemos casos muy emblemáticos en casi todas las zonas, en Córdoba tuvimos hace unos meses una sentencia ejemplarizante que restituyó la propiedad a unos campesinos que fueron despojados por el clan Castaño, en Sucre también tenemos fallos donde los tribunales han restituido unos predios a campesinos que fueron desplazados en los noventa. Ya empezamos a devolver las tierras que obligaron a abandonar Jorge 40 y las Farc.
¿Y el fallo que favoreció a unas niñas en Magdalena?
Esa fue una sentencia que profirió el juzgado del Magdalena, una sentencia muy buena, allí ocurrió una masacre en la zona de la Secreta en la Ciénaga, y unas niñas trillizas quedaron huérfanas fruto de esta masacre, les tocó estar muchos años desplazadas. Ahora gracias a esa política, tienen su predio y se les va a acompañar con proyectos productivos, se les va a poyar para que vuelvan a su tierra.
¿Cómo están haciendo para solucionar esos problemas de falsas denuncias de quienes quieren apropiarse de los predios sin ser los reales dueños?
De las tres mil reclamaciones que hemos tenido, a cerca de 800 se ha respondido que esas declaraciones no son fundadas, que no son procesos que deban ir por el trámite del cumplimiento de esta ley o que no son víctimas de la violencia, por lo tanto no deben ir al proceso. En algunos de esos casos cuando hemos encontrado mala fe se han remitido a la Fiscalía General de la Nación, ya que son personas inescrupulosas que muchas veces quieren valerse del proceso para no cumplir contratos que tuvieron con otros campesinos.
¿Cómo están ejerciendo protección a los reclamantes de tierras?
Directamente no lo hacemos, lo hace la Unidad Nacional de Protección que tiene un programa específico para reclamantes de tierras, nosotros lo que hacemos básicamente con ellos es tan pronto una víctima es amenazada, se remite de inmediato para que esa Unidad tome las medidas que son del caso.
