La encrucijada de la semaforización en Bogotá

18 de septiembre del 2018

En una encrucijada se encuentra la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad luego de que, iniciada la ejecución del contrato de semaforización de la capital, la Procuraduría alertara de la falsedad de un documento en el que supuestamente esta entidad avalaba el proceso. La historia inició hace poco más de un año cuando […]

Semaforización en Bogotá

Diego Contreras

En una encrucijada se encuentra la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad luego de que, iniciada la ejecución del contrato de semaforización de la capital, la Procuraduría alertara de la falsedad de un documento en el que supuestamente esta entidad avalaba el proceso.

La historia inició hace poco más de un año cuando se dio apertura a la licitación en septiembre de 2017. El 27 de diciembre de ese año, la Secretaría de Movilidad adjudicó el contrato, por 173.075 millones de pesos, al consorcio Movilidad Futura 2050, una empresa constituida por Sutec Sucursal Colombia S.A.S, con el 99% de las acciones, y Simens S.A., con el 1% de las mismas.

Sin embargo, allí surgió el primer tropiezo. En marzo de 2018, un veedor de Usaquén denunció que la información financiera presentada por el consorcio tenía irregularidades, así como las firmas que acompañaban los estados financieros. El veedor solicitaba la terminación unilateral y definitiva del contrato, pero la Secretaría remitió la información a la Fiscalía y nombró al interventor Consorcio Proyección Tecnológica para verificar el proceso.

A esto se sumó una solicitud de la Procuraduría del 24 de abril de 2018, en la que alertaba de las irregularidades de la empresa y los cuestionamientos a la información financiera presentada por Sutec Sucursal Colombia. Por esto el ente de control pidió que se suspendiera el inicio del contrato y de interventoría hasta que se adelantaran las investigaciones.

En la evaluación final de la Secretaría de Movilidad, los únicos consorcios que pasaron la evaluación técnica, financiera y jurídica fueron Unión Temporal Smart Signal, Consorcio Kapsch SSI Bogotá y Movilidad Futura 2050, los cuales obtuvieron el mismo puntaje en los criterios de calidad. Sin mencionar que Movilidad Futura había sido evaluada, según la ley, de manera especial por presentar la oferta más baja de todos los proponentes.

El proceso estuvo detenido hasta que el 28 de agosto de 2018 llegó a la Secretaría de Movilidad una carta en la que la Procuraduría avalaba a la empresa Movilidad Futura. “Es necesario indicar a su digno despacho que lo más viable para la Secretaría de Movilidad de Bogotá es dar inicio al proceso contractual de ejecución toda vez que no se han detectado vicios de ilegalidad en el desarrollo de la actividad y la demora en la ejecución podría acarrear otro tipo de acciones disciplinarias por concepto de omisión (…)”, reza el comunicado firmado por el secretario general del Grupo Élite de Consultas y Análisis de la Procuraduría General.

Ese fue un respiro para la Secretaría y su director, Juan Pablo Bocarejo, que a los 21 días de haber recibido ese documento, firmó el acta de inicio del contrato con la empresa adjudicada. “La Secretaría Distrital de Movilidad realizó diversas gestiones ante las autoridades competentes relacionadas con la denuncia sobre la presunta falsedad de documentos y abrió un sancionatorio al Consorcio, en el que recogió información sobre estos aspectos. Estas actuaciones fueron presentadas a la Procuraduría General de la Nación, que nos ha manifestado la viabilidad para reiniciar este proyecto”, afirmó el secretario en su momento.

Hasta ahí todo parecía marchar de nuevo con relativa normalidad, sin embargo el pasado 14 de septiembre la Procuraduría reveló otra zancadilla a la modernización de los semáforos en la capital. Según el ente de control, la carta con su sello que pedía con afán el inicio del contrato era falsa. Ni el firmante era empleado del ente ni el supuesto ‘Grupo Élite de Consultas’ existía al interior de la Procuraduría.

Tal es el caso que las investigaciones al consorcio Movilidad Futura 2050 no las debe adelantar el ente de control, sino la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de una entidad privada. Lo único que hizo la Procuraduría en su momento fue alertar de posibles irregularidades.

En ese momento se prendieron las alarmas en la administración distrital, la oposición en el Concejo inició la recolección de firmas para invocar una moción de censura contra el secretario Bocarejo, la Procuraduría recomendó la suspensión del proceso y otros afirman que detener el proceso en este momento acarrearía incumplimientos al estar ya firmada el acta de inicio.

Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa señaló que se surtieron las acciones legales y que se continuará con el contrato. “Nosotros hemos puesto el denuncio penal por esta carta falsa, pero vale la pena señalar que esta era innecesaria, el que la falsificó no sé con qué propósito lo hizo. El proceso sigue en curso, no tiene ningún inconveniente, esta carta no se requería para continuar con el proceso y sigue dentro de lo normal su implementación”, afirmó el mandatario distrital.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad anunció que puso a disposición de la Fiscalía la carta para que se adelanten las acciones pertinentes del caso. También preparan medidas para saber qué hacer con el cuestionado contrato de semaforización.

La reacción del Concejo

En el Concejo Distrital no hay calma luego del anuncio de la Procuraduría, y más, luego de que Bocarejo no asistiera a un debate de control político citado para el viernes 14 de septiembre por unos compromisos internacionales anunciados con anticipación por el jefe de la cartera de Movilidad.

“Lo que he visto y lo vemos con preocupación es que hay improvisación, falta de planeación y mucha terquedad por parte del secretario de Movilidad. Hay advertencias claras de la Procuraduría de las que el secretario quiere hacer caso omiso. Hay advertencias de varios concejales de la ciudad que han advertido de las falencias y expresado alertas tempranas en torno a la licitación”, afirmó Daniel Palacios, presidente del Concejo de Bogotá, en diálogo con KienyKe.com.

Palacios cuestiona que el secretario no le dé la cara a la ciudad respecto al contrato de semaforización y la suspensión por fallo del Consejo de Estado de la licitación de tabletas para taxis inteligentes. El presidente del cabildo solicitó la renuncia de Bocarejo y dijo que espera que el próximo 26 de septiembre, cuando continuará el debate de control político, se cuente con la presencia del secretario de Movilidad y se puedan escuchar sus determinaciones.

Por su parte, la concejal del partido Liberal María Victoria Vargas aseguró a este medio que espera el debate de control político para conocer las razones de la administración distrital para continuar con el contrato, así como determinar si las acciones de Bocarejo son pertinentes.

“Hay que escuchar a la administración distrital a ver qué van a hacer con este contrato, el alcalde dice que no se va a suspender, yo solicité que se suspendiera la adjudicación mientras se aclara la situación, pero la administración ha dicho que no lo hará. Presentamos una citación al secretario para que explique particularmente todo el proceso de semaforización, y que la Procuraduría investigue de quién era el interés de que saliera ese concepto falso”, señaló Vargas.

Asimismo dijo que no apoya la moción de censura propuesta por la bancada del Polo Democrático, porque esta falta al debido proceso y solo puede ser invocada tras un debate y una mayoría de votos. Respecto a la continuación del contrato aseguró: ” Los conceptos de la Procuraduría no son vinculantes, la Alcaldía está en la libertad de elegir si lo aprueba o no. No son obligatorios para la entidad que los necesita”.

Rubén Torrado, cabildante del partido de la U, aseguró que se deben tener en cuenta las denuncias contra la empresa Sutec hechas por el Ministerio Público y por él mismo en una sesión del Concejo. Pero fue enfático en pedir que se pronuncien los órganos de control como la Personería, la Fiscalía y la Contraloría respecto a los vicios de la contratación para que la administración pueda tomar una determinación.

“En el Concejo le han pedido la renuncia al secretario de Movilidad. Tenemos dos funciones, aprobar proyectos de acuerdo y hacer el control político, quien debe actuar y tiene las herramientas son los órganos de control, la Contraloría y la Personería, si advierten que existe un vicio, le deben dar traslado a la Fiscalía”, dijo Torrado a KienyKe.com.

Por ahora se espera que la próxima semana se reúnan las autoridades de la administración distrital y tomen las determinaciones correspondientes. Mientras se da curso a la investigación de la Fiscalía y el Concejo continúa esperando la rendición de cuentas del Secretario de Movilidad sobre la semaforización y la implementación de las tabletas. Se espera que el funcionario regrese al país el lunes 24 de septiembre y dé claridad sobre este controversial proceso.

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