Las mafias del espacio público apoyan el narcotráfico

Las mafias del espacio público apoyan el narcotráfico

27 de febrero del 2016

La administración de Enrique Peñalosa tiene entre sus proyectos la recuperación del espacio público. Sin embargo se enfrenta a organizaciones delincuenciales, mafias, que controlan estos lugares que los bogotanos no pueden disfrutar. La concejal de Bogotá Lucía Bastidas escribió un texto en el que analiza esta problemática y deja ver que los capitalinos enfrentan una compleja encrucijada: tiene acceso a poco espacio público, entiéndase este como parques, zonas verdes y aceras, pero una parte importante de estos lugares están en manos de delincuentes.

Dice Bastidas en su texto: “El espacio público son los parques, las canchas, incluso los cerros. Pero para la mayoría de los ocho millones de habitantes en Bogotá, estos escenarios son distantes o poco accesibles. Entonces, el andén y las plazoletas se constituyen en la única posibilidad de disfrutar del derecho constitucional al espacio público.” Sin embargo, agrega la cabildante, estos sitios han sido tomados por aquellos que “por décadas se han aprovechado de la necesidad de desplazados, víctimas de la violencia o personas vulnerables que no encuentran trabajo.”

La concejal Bastidas milita en el Partido Verde, es comunicadora social y politóloga, es experta en temas sociales y participación ciudadana. Se declara hincha de Millos. Este es su texto:

La lucha por el espacio público es un derecho constitucional irrenunciable

Cuando camino por la calle 72, recientemente recuperada entre la carrera 7ª. y la avenida Caracas, compruebo que el espacio público sí puede ser más que un discurso y que el derecho a caminar por el andén sin obstáculos y sin el temor de sentirme perseguida por delincuentes que se camuflan entre la multitud buscando como felinos robar las pertenencias de las personas sí está dentro de nuestras posibilidades de ciudad.

En ese momento viene a mi mente el artículo 82 de la Constitución Nacional: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.

Y al recordar esta norma de rango constitucional pienso en los cientos de veces en que el intento de cumplir con ese mandato se ha utilizado como instrumento para atacar a los gobernantes que intentan cumplir con este deber.

Absurdo en una ciudad que cuenta apenas con 6,3 metros cuadrados de espacio verde por habitante cuando el estándar internacional dice que el ideal debería estar entre 10 y 15 metros cuadrados, y ante esa falencia los andenes constituyen la principal alternativa para tener la libertad de desplazarse a pie por la ciudad.

El espacio público son los parques, las canchas, incluso los cerros. Pero para la mayoría de los ocho millones de habitantes en Bogotá, estos escenarios son distantes o poco accesibles. Entonces, el andén y las plazoletas se constituyen en la única posibilidad de disfrutar del derecho constitucional al espacio público.

Quienes hemos recorrido la ciudad, sabemos que los habitantes de miles de los 5.550 barrios que la componen no tienen un centímetro de andenes frente a sus viviendas, están lejos de los grandes parques y ni siquiera cuentan con vías pavimentadas. Así ha sido durante décadas.

Como lo he dicho en otras oportunidades, miles de personas no saben lo que es el espacio público, porque nunca lo han tenido. A los habitantes de Ciudad Bolívar o de Bosa, en el sur, o a los de Suba, en el noroccidente, el parque Simón Bolívar les queda a dos horas de camino. Cientos de ciudadanos de estas zonas ni siquiera saben que existe un parque metropolitano que les pertenece.

Como concejal de la ciudad, respaldo las acciones encaminadas a recuperar integralmente los espacios públicos, como los andenes de la calle 72, y el proceso de reubicación en otras actividades de los vendedores informales para que al fin cuenten con alternativas dignas de trabajo.

Ese proceso, sin embargo, se enfrenta a la resistencia de las mafias inescrupulosas que por su propia mano han ocupado cada metro cuadrado para cobrar entre 2 y 10 millones de pesos, amenazando, ilegalmente realizando censos y no permitiendo que nadie, absolutamente nadie que no esté bajo sus órdenes ocupe un espacio en la calle. Son mafias del terror. No solo manejan el espacio público, sino que de paso forman una cadena para también ejercer actividades de narcotráfico.

Por décadas se han aprovechado de la necesidad de desplazados, víctimas de la violencia o personas vulnerables que no encuentran trabajo. Y es ahí donde no podemos ceder: los 47.600 vendedores, aproximadamente, que hay en la ciudad deben ser integrados a la economía formal para dejar sin piso y sin argumentos a los mafiosos que los explotan.

Cada metro cuadrado de andén o plazoleta es oro para las mafias, que los alquilan, según las investigaciones que ha hecho el Instituto de la Economía Social (Ipes). Por eso cada resistencia a las acciones para reubicar a los vendedores, como la que ha ocurrido en la calle 72, debe mirarse con  lupa para detectar quién está detrás aupando a los vendedores a negarse a ingresar a la economía formal.

¿A quiénes les sirve la informalidad? ¿Cuánto ganan quienes la explotan? ¿A costa de qué derechos? Esas son las preguntas que debemos resolver.

Lucía Bastidas
Concejal de Bogotá