¿Está respondiendo el Estado a la alerta por líderes?

Centro Nacional de Memoria Histórica

¿Está respondiendo el Estado a la alerta por líderes?

11 de enero del 2019

La escalada de crímenes contra líderes sociales ha consternado a la opinión pública colombiana. En distintos lugares del territorio nacional, la amenaza de grupos violentos se cierne sobre quienes reclaman tierras, protección o simplemente mayores derechos. En 11 días del nuevo año, 7 líderes sociales han sido asesinados por intentar defender a sus comunidades frente a distintos actores criminales o de poder en las regiones. 

Desde 2016, según la Defensoría del Pueblo, la cifra se eleva a 358 colombianos asesinados por expresar sus posiciones políticas en las zonas más apartadas del país. Solo en 2018 se dieron 172 de dichos crímenes. No obstante, parece ser esta primera semana violenta la que realmente ha sido escuchada por la institucionalidad para enfrentar, de una vez por todas este problema de trágicas dimensiones en Colombia. 

Guillermo Rivera, exministro del Interior, instó al gobierno de Iván Duque a convocar una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la que por fin se articulen todos los esfuerzos institucionales para proteger a las comunidades de los violentos. 

Este viernes, horas después de dicho llamado, el Ministerio del Interior informó sobre la realización de una precomisión Nacional de Garantías de Seguridad. “Estamos generando una armonización de acciones para dar resultados concretos en el territorio”, dijo la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, al finalizar la reunión, admitiendo que se requiere avanzar en la materia. 
 
En un comunicado, Mininterior informó que habrá un accionar prioritario del Estado en las regiones de Bajo Cauca antioqueño, Montes de María, Catatumbo y Bajo Atrato. Asimismo, la próxima semana iniciarán las visitas a terreno en Caucasia, Antioquia, uno de los municipios más afectados por dicha problemática. 
 
“Esperamos, a comienzos del mes de febrero, entregarle al Presidente Iván Duque un reporte de todas las acciones realizadas y lograr conjurar este problema que nos duele y nos atañe a todos”, concluyó. 

La precomisión contó con la presencia del ministro de Defensa, Guillermo Botero; el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero; el procurador delegado Carlos Medina; la directora de la Unidad Especial de la Fiscalía, Martha Jeaneth Macera; el director general de la Policía Nacional, General Óscar Atehortúa; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori; el jefe de la MAPP/OEA, Roberto Osvaldo Menéndez y delegados de las plataformas de derechos humanos como Gustavo Gallón Giraldo y Franklin Castañeda Villacob.

¿Qué tanto se está respondiendo?

En la misma sesión, y por primera vez desde el inicio de esta problemática, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, admitió que existe un elemento de sistematicidad en este fenómeno, algo que había sido solicitado al Estado por distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos. 

“Las cifras que hemos compartido dan cuenta de dos elementos: en primer lugar que el 50% de los líderes afectados son miembros de juntas de acción comunal. Es decir desde el punto de vista de una teoría de sistematicidad pasiva habría que decir que la mayor afectación se produce con ellos y esa afectación la producen organizaciones criminales como los grupos organizados residuales, Eln, Clan del golfo y “Caparrapos”.

No obstante, el fiscal negó que haya un elemento de crímenes de Estado en dicha violencia, denunciado por la oposición a partir de las cartas amenazantes contra sus militantes por parte del oscuro grupo denominado “Aguilas Negras”: “Se trata de organizaciones criminales estructurales que operan en los territorios y además hay una sistematicidad pasiva en el 50% de la afectación de víctimas, pero no existe una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”.

En diálogo con KienyKe.com, el analista de conflictos Víctor de Currea-Lugo aseguró que las palabras del fiscal, en su opinión, no tienen sentido: “El fiscal general, durante la administración Santos, negaba dicha sistematicidad a pesar de que ya había datos académicos y fiables que la demostraban. Ahora habla de una supuesta sistematicidad pasiva. Eso no tiene ningún sentido y parece más un juego de palabras que busca en todo caso negar la sistematicidad real que se ha venido demostrando. Pareciera que su interés no fuera asumir con toda plenitud lo que está pasando en el país”. 

“Frente al comité para proteger a los líderes sociales, hay que decir que el Gobierno ya tiene todas las herramientas. El problema no es aumentar los chalecos antibalas ni los esquemas de protección, es desmontar las estructuras armadas que en zonas rurales vienen matando el liderazgo social; es cortar la connivencia de algunos sectores de la Fuerza Pública con ese tipo de prácticas, ya sea por acción u omisión; y es garantizar que haya castigos ejemplares para las personas involucradas en el asesinato de líderes sociales”, afirmó. 

Políticas fallidas

Eric Saumeth, experto en seguridad y defensa, también dialogó con KienyKe.com y compartió una visión pesimista del problema que viven los líderes sociales. Contrario a De Currea-Lugo, no cree que haya un elemento de falta de voluntad política, pero sí un enfoque poco efectivo que es menos que aceptable a la hora de mitigar el lastre estructural que supone una violenta historia que se ha instaurado ya en la cultura de las zonas más marginadas. 

“En estos días fue tendencia en Twitter una amenaza a líderes sociales de los Montes de María, de manera concreta a líderes de El Salado, eso suscitó un llamado a las autoridades para protegerlo. Y a raiz de eso va a haber un Consejo de Seguridad en ese lugar en donde se tomarán medidas. Es claro que hay una persecución en contra de los líderes. Particularmente en zonas que se caracterizan por alto número de cultivos ilícitos. Frente a ello, el Estado debería cambiar su paradigma de orden público”, dijo. 

El analista se refiere con esto a una alteración general de la seguridad de los territorios en Colombia: “Es mucho más grave el asesinato de una persona si esta se caracteriza por una lucha reivindicativa de derechos humanos, pero también es grave que ocurra esto por hurtos. Eso se debe a que la política de seguridad y convivencia ha fracasado en los últimos años”. 

“La falta de una política clara en materia de seguridad y convivencia ha dado como resultado que líderes vengan siendo asesinados. No es por falta de voluntad del Estado, sino porque no tenemos un instrumento jurídico que nos permita castigar a los delincuentes. Cuando se captura o se logra prevenir el delito, la sanción que impone el Estado es muy baja. Por ello la percepción que tiene la ciudadanía es que en Colombia delinquir paga”, agregó. 

Panorama pesimista

Desde sus respectivas argumentaciones, ninguno de los dos expertos anticipa que el problema se vaya a resolver en el mediano plazo. Esto es, el país seguirá viendo estas tragedias casi a diario si no se producen cambios estructurales y políticos significativos. 

“Estamos saliendo de una etapa de conflicto. Históricamente en Colombia las controversias se vienen solucionando de forma violenta. No se puede conversar en torno a un tema en el que las dos partes tengan una visión diferente. En la agresión verbal y en la violencia, en muchos casos se da esa discusión. El asesinato de líderes es precisamente un signo de cómo todavía no hemos comenzado a aprender que las posiciones divergentes se resuelven dialogando y no de forma violenta”, dijo Saumeth. 

Como se trata de un problema también estructural además de político, el país no se acercaría a soluciones sin avances integrales, estos son: Fortalecer la Rama Judicial y modificar el Código Penal para imponer mayores penas a autores materiales e intelectuales; diseñar una mejor estrategia de seguridad no solamente basada en cuadrantes; garantizar la restitución de tierras; reconstruir el tejido social y mitigar la polarización. Esto es apenas el inicio de un camino que el país poco se acerca a recorrer.