Estatuto de la oposición: amigos y detractores

Estatuto de la oposición: amigos y detractores

6 de abril del 2017

Colombia tuvo que haber vivido mucho, visto mucho, para que por fin haya la posibilidad de un Estatuto de la oposición. Son 26 años. Desde la constitución de 1991 se dieron las primeros trazos, pero hasta ahora nadie se había comprometido a impulsar el proyecto. Y se hacía el intento, se hundía definitivamente en el legislativo.

Andrés Dávila, profesor de la Universidad Javeriana escribió que “en el punto 2.1 del Acuerdo Final había surgido explícitamente el tema del estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política. Y es razonable suponer que en cualquier otro acuerdo de salida negociada del conflicto tendría que estar presente la cuestión de las garantías para los excombatientes que regresen a la política. Aunque la inclusión de este tema en el extenso listado de asuntos que cobija el Acuerdo parece pues perfectamente obvia y pertinente, no deja de ser paradójica dentro del sistema político colombiano”.

Pero vamos por partes. El Estatuto de la oposición podría haber empezado a gestarse en la Constitución de 1991. Dice el artículo 112: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones 34 CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIA para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación”.

Por un tiempo se quedó en eso. En 1995 se hizo el primer intento pos Constitución para crear un Estatuto. Sin embargo, la rígida organización interna de los Partidos, junto con la poca cabida que tenían otras corrientes en el ejercicio de la política, imposibilitó que entonces fuera posible.

Se retomó el tema en 2003. Entonces se creó una reforma política, cuyo objetivo era garantizar la subsistencia de los partidos. De acuerdo con Congreso visible: “El Acto Legislativo 01 de 2003, mejor conocido como la Reforma Política de 2003, efectuó  importantes transformaciones en el régimen electoral y el sistema de partidos colombiano. Los cambios introducidos por la Reforma Política de 2003 estaban orientados a reducir el personalismo y la fragmentación del sistema de partidos colombiano. Figuras como el umbral, la cifra repartidora, las listas únicas y el voto preferente, apuntaron a reducir la cantidad de fuerzas políticas en contienda y a fortalecer los partidos y movimientos con mayor arraigo en la sociedad. A continuación, se expondrán los principales cambios en las reglas de juego que transformaron el diseño institucional en el que se desarrollaron las elecciones de 2006”.

El siguiente paso que se dio fue la ley 996 de 2005, por el que se daban “garantías electorales y se reglamentó el acceso a la información de medios y financiación estatal de campañas de los demás candidatos”.

En 2011 salió la ley 1475, por la cual “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.” Básicamente aportaba algunas luces sobre principios de organización y funcionamiento, financiación de las campañas, y reglas de juego en las elecciones.

Foto: Facebook UP

Foto: Facebook UP

No obstante, seguían sin haber garantías plenas para el ejercicio de la oposición en Colombia. Se iban generando normas y sentencias, como la T 439-1992, la C089-1994, la Ley 130 de 1994, y el ya mencionado acto legislativo 01 de 2003. Además se dieron distintos actos legislativos que modificaban los artículos 111, 112, o 113 de la Constitución.

Gabriel Becerra, miembro de la Junta Patriótica nacional de Acción Patriótica dijo que “el sistema electoral colombiano es un sistema atrasado; es un sistema que no da garantías a ningún sector político y social, y en consecuencia debe ser reformado. Se debe generar autonomía, financiación. Se debe garantizar la participación de la oposición política de los sectores que tenemos una concepción distinta a la tradicional. El sistema electoral colombiano tiene que brindar una financiación pública, estatal, a todos los partidos para que haya igualdad de condiciones”.

Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático explico que había dos problemas en el estatuto de la oposición: de procedimiento y de contenido. “Este estatuto no ha sido concertado con la oposición. Es un estatuto de la oposición sin la oposición. Se está haciendo por la vía del fast track, que es una vía antidemocrática”.

“Es antidemocrático porque, concertado con las Farc, lo que se ha decidido es que el Congreso Colombiano cede su iniciativa, su autonomía, su independencia, al ejecutivo… es un remedo de democracia”. Eso en cuanto al procedimiento”.

“El Estatuto de oposición es una deuda que se tiene que tiene la democracia colombiana con la constitución de 1991. Sería importante si hace parte de una reforma estructural del sistema electoral colombiano. Por otro lado, se necesita de una regulación que controle el papel de los medios de comunicación privados, y que adicionalmente que se permita la participación de los nuevos movimientos en el debate público nacional”, explica Becerra.

“Esta es una reforma absolutamente hipócrita y de alcance recortado. Aquí no se está yendo al fondo del problema de la oposición, sobre todo si uno toma en cuenta lo que ha vivido la oposición política en Colombia en estos ya casi 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos. Para empezar: a la oposición le robaron las elecciones en 2014; no hubo ningún tipo de garantías. No hubo respeto a la institucionalidad. Desde el mismo momento que surgió el Centro Democrático le prohibieron ponerse el nombre que a bien tenía, que se le hubiera dado la gana”, dijo el senador Rangel.

Centro democrático, Alvaro uribe Vélez

Jairo Rivera, miembro de Voces de paz, explicó que lo que se estaba discutiendo con el Estatuto a la oposición no es un golpe de estado a la democracia. “La realidad es que esta oportunidad que tiene Colombia alrededor de la paz, no por las Farc, no por el gobierno de Juan Manuel Santos sino por el momento y la época que están representando es que se viene a cumplir la promesa aplazada de la Constitución de 1991.

“¿Y cuál es esa promesa? El estado social de derecho. Y en esa construcción del estatuto social de derecho, el estatuto de la oposición que era una de las promesas más importantes, porque no hay democracia sin derecho a la oposición”.

“Este estatuto permite a quien gane las elecciones ejercer el gobierno. No es un estatuto en contra de la gobernabilidad. Es una estatuto que permite a la oposición disputarse el gobierno. Es decir, genera un sistema de pesos y contra pesos propios de la democracia. Además reconoce a la oposición política como derecho fundamental y consagra una acción para hacerla exigible”.