El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva seguirá en prisión luego de la determinación del presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), Carlos Eduardo Thompson Flores, quien lo ordenó en la noche del pasado domingo. Esta decisión se dio luego de un verdadero conflicto judicial que se vivió entre dos jueces para solucionar el caso del exmandatario brasileño.
El juez del TRF-4 Rogério Favreto, se encontraba de guardia el fin de semana y aceptó la petición de habeas corpus presentada por diputados del Partido de los Trabajadores para que da Silva cobrara la libertad. Petición que fue emitida de carácter urgente por el juez.
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El también juez João Pedro Gebran Neto, que actualmente está encargado del caso, lo desautorizó y bloqueó el dictamen. Sin embargo, Favreto insistió y dio un plazo de una hora para que se liberara, cosa que no ocurrió.
El juez de la Operación Lava Jato en primera instancia, Sérgio Moro, condenó a Lula en un principio y aseguró que Favreto no tenía poderes para tomar esa decisión, a pesar de que Moro pertenece a un escalón judicial inferior y no puede interferir en las decisiones del TRF-4.
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Ante esta guerra judicial los partidarios del expresidente consideran que es víctima de un "secuestro político" pactado entre el TRF-4, Sérgio Moro y la Policía Federal.
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Cientos de brasileños salieron a las calles de forma espontánea mientras los jueces se encontraban resolviendo el caso, unos para pedir su salida inmediata de prisión y otros para que se le mantuviera privado de la libertad.
De esta forma, en la noche del domingo, el presidente del TRF-4 mantuvo a Lula en prisión y puso fin a esta disputa judicial.
Actualmente Lula da Silva es el candidato del PT para las elecciones generales que Brasil celebrará en octubre y es el favorito en todas las encuestas.
Según medios locales es poco probable que pueda presentarse, dado que la legislación brasileña prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia, pero su partido y sus abogados aseguran que recurrirán hasta el final.
El expresidente está preso desde el pasado 7 de abril por presuntos delitos de blanqueo de dinero y actos de corrupción, hasta la fecha todos los recursos que sus abogados presentaron en instancias superiores fueron negados.
