La confusa financiación de las campañas políticas

La confusa financiación de las campañas políticas

6 de Marzo del 2017

El caso de corrupción de la firma Odebrecht, puso sobre la mesa el tema de cómo se estaría ejerciendo control sobre los dineros que ingresan a las campañas políticas en Colombia. Y ahora que estamos ad portas de un nuevo proceso electoral, el tema parece tomar mayor relevancia.

Después que se destapó el escándalo,  se conoció que dos de las más importantes campañas presidenciales de 2014, la del Centro democrático y la de la reelección de Juan Manuel Santos, habrían recibido dineros de la empresa brasilera.

Surge la pregunta de cómo se audita la procedencia del uso de los dineros que entran a las campañas, bajo qué condiciones, qué castigos habría para los responsables, quiénes donan, por qué.

Camilo Vargas Betancourt explicó que “hay una relación directamente proporcional entre el dinero invertido por un candidato para hacer campaña y la probabilidad de resultar elegido. Si se hace campaña con ideas, pero sin dinero, no es probable ganar las elecciones”.

por otro lado, Carlos Ariel Sánchez Ex registrador Nacional del Estado Civil, dijo que “el tema de la financiación de la política se ha convertido en un problema que ha adquirido cada vez mayor importancia y sensibilidad no solo a nivel colombiano sino a nivel mundial. La discusión pública no cesa, pues ha quedado claro que los hechos y experiencias que han rodeado la actividad política, particularmente en nuestro país, han generado crisis de grandes dimensiones que han apuntado en ciertos casos a afectar la gobernabilidad misma”.

No existe, dentro del Estado, una estructura capaz de auditar eficientemente el origen y uso que se le da a los dineros que ingresan a las campañas.

En Colombia la financiación se realiza por dos vías: recursos públicos y recursos privados. El uso de recursos públicos está delimitado por el artículo 109 de la Constitución, según el cual “El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley”.

La financiación por recursos privados está reglamentada por la ley 130 de 1994, según la cual “los partidos, movimientos políticos y candidatos, al igual que las organizaciones adscritas a grupos sociales que postulen candidatos, podrán recibir ayuda o contribuciones económicas de personas naturales o jurídicas”.

No obstante, hay serios vacíos jurídicos en la norma, por lo que se han colado —y posiblemente lo sigan haciendo— dineros de “dudosa procedencia”.

Una campaña para el senado costaría cerca de 2 mil millones de pesos aproximadamente. Generalmente ese rubro implicaría publicidad, viajes, papelería, nomina, entre otros. El monto que da el Estado no sobrepasaría el 17% del total, por lo que el resto debe cubrirse o por créditos bancarios, fondos propios, o por capital privado. Este último es, generalmente, a quien más acuden los candidatos y sobre el que menos atención ponen los entes de control.

Camilo Vargas Betancourt, politólogo e internacionalista, delimita 4 principales problemas sobre la financiación de las campañas electorales en el país.  El primero de ellos es la “debilidad de la arquitectura electoral”. De acuerdo con el experto, esto significa que no existe, dentro del Estado, una estructura capaz de auditar eficientemente el origen y uso que se le da a los dineros que ingresan a las campañas.

Hay serios vacíos jurídicos en la norma, por lo que se han colado —y posiblemente lo sigan haciendo— dineros de “dudosa procedencia”.

“Aun hoy, con el aplicativo funcionando, la máxima autoridad electoral no tiene cómo confirmar la veracidad de los reportes de los candidatos, ni puede calcular con certeza cuánto dinero en realidad se están gastando los políticos en campaña”, dijo en un artículo publicado en la Revista Razón Pública.

El segundo punto se refiere a que, por la estructura del sistema, se avalan “candidatos perversos o incluso inhabilitados”. Esto significa que dentro de los partidos hay una “irresponsabilidad política”, que los lleva a elegir a sus candidatos, no por sus méritos o por su éxito en la función pública, sino por los réditos que traen con ellos y que generarían incentivos en el plano económico.

En tercer lugar, hay una “irresponsabilidad total de los financiadores privados”. Esto quiere decir que, porque no hay un control eficiente por parte de las autoridades, son los grupos económicos más poderosos quienes definen la agenda política de acuerdo a sus intereses.

El último punto al que se refiere el experto es el de los ciudadanos. Explica que “A esta cadena de fallas sistémicas e irresponsabilidades políticas se suma la piedra angular: el ciudadano. Aunque es una creencia común que un voto no marca la diferencia y que las elecciones están arregladas, la realidad es que los ciudadanos sí deciden la conformación del poder público. Y lo deciden cuando pecan por omisión”.

El caballito de batalla de las próximas elecciones parece ser un ataque frontal contra la corrupción. También está en el aire la posibilidad de una reforma que podría poner freno a los viejos vicios que han atravesado la política en Colombia. Sólo los resultados mostraran si, paralelo a que firmamos la paz, firmamos también un pacto por la legalidad en otros aspectos de la realidad nacional. En este caso, las elecciones.