Sigue causando controversia en el país la participación social como gestores de paz por parte de miembros de la denominada Primera Línea. Congresistas, líderes de opinión y ciudadanos en general han expresado sus opiniones al respecto. Sin embargo, solo hasta este martes, Néstor Osuna, ministro de Justicia, se pronunció, dando una explicación al respecto. Así lo hizo a través de su cuenta en Twitter.
"La atribución presidencial de designar a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias como voceras que aporten al proceso de paz o a apaciguar la conflictividad social la estableció de modo explícito la ley 2272 de 2022, recientemente aprobada por el Congreso", señaló.
El funcionario dijo que la figura que gestores de paz ya existía y que había sido empleada en gobiernos anteriores en un contexto de conflicto armado. Aseveró, además, que toda la institucionalidad debe respetar la ley aprobada por el Congreso de la República.
"No es indulto ni amnistía. Los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y seguirán vinculados a los procesos penales. La medida ha sido útil en procesos de paz anteriores", escribió.
Por otra parte, Osuna tendrá que estar al frente de una comisión que asesore directamente al presidente Petro en relación de los voceros y las funciones que les serán asignadas por el Gobierno.
Además, el mismo Osuna dijo que el Ministerio de Justicia ha recomendado no designar como voceros a personas condenadas.
"Si queremos reencontrarnos como sociedad y tener un futuro sin violencia, tenemos que entender las causas del estallido social de los años recientes y reconocer que las injusticias sociales no se solucionan con la fuerza pública ni con el derecho penal", concluyó.
Decreto para revisar casos de jóvenes de Primera Línea
Recientemente, se decretó la creación de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, la cual, buscará que se realice la gestión que evaluará los casos de los jóvenes de la primera línea que estarían próximos a su liberación.
Además, se lanzó a la luz pública dicho decreto en el que se especificarán las reglas para los gestores de paz que se encargarán de ser mediadores, esto en medio del proyecto que se mantiene para ejecutar la liberación de los jóvenes de la primera línea.
En el decreto se habló que la nueva comisión de evaluación de los casos estará conformada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Además, se establecen las funciones que tendría como “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.
Así mismo, la creación de la entidad estará enfocada en recomendar la continuidad o exclusión como vocero en el marco de lo establecido de conformidad con el informe de evaluación y monitoreo que de el cumplimiento de las obligaciones que realice el Alto Comisionado.
De esta manera, la Comisión Intersectorial deberá reunirse de manera obligatoria por lo menos una vez trimestralmente, así mismo, se realizará de manera extraordinaria si algún miembro así lo solicita.
En la noche del domingo, 11 de diciembre el presidente Gustavo Petro ya dio el visto bueno con su firma en el documento que contempla la liberación de las personas sindicadas de tener relación con los hechos ocurridos en las protestas del 2021.
