La Alianza Cívica de Nicaragua, compuesta por estudiantes y empresarios de la oposición, indicó que este viernes denunciará ante la comunidad internacional que el Gobierno de Daniel Ortega incumple los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.
Azahalea Solís, integrante de la Alianza Cívica, aseguró que enviarán a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) la información que detalla "la violación de los acuerdos por parte del Gobierno".
Este anuncio contrasta con los comunicados publicados por el oficialismo durante esta semana.
Este miércoles, la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua (GRUN) indicó que entre el gobierno y la oposición continúan las conversaciones informales con el fin de encontrar una salida a la crisis que enfrenta el país desde hace un año.
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“La Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) ante la Mesa de Negociación informa a nuestro pueblo que ha sostenido conversaciones informales con la representación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), frente a la necesidad de avanzar en la discusión y toma de decisiones sobre los puntos de agenda, previamente acordados", indicó un comunicado de la GRUN.
El pasado 4 de abril, la Alianza Cívica manifestó que la última fase de las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega no llegó a un consenso en los temas relacionados con la justicia y las elecciones presidenciales.
Los diálogos pretenden cerrar una crisis que ha cobrado la vida de unas 325 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) sitúan en 561 los fallecidos por la violencia que se ha vivido en el país desde el pasado mes de abril.
En este marco, la Alianza Cívica habla de unas 700 personas privadas de su libertad por manifestarse en las calles para exigir un cambio de gobierno o, por lo menos, elecciones presidenciales adelantadas.
Estas elecciones adelantadas han sido cuestionadas por el gobierno de Daniel Ortega, quien alega que es una excusa para ejecutar un golpe de Estado.
