“No son procedentes las objeciones de Duque”: Goebertus

11 de marzo del 2019

La Corte Constitucional ya había avalado la Ley Estatutaria.

Duque y Ley Estatutaria

Luego de que el presidente Iván Duque objetara seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP fueron varios los sectores que se mostraron en contra de esta decisión, inclusive hay quienes aseguran que estas objeciones no son procedentes.

Según lo publicó la representante a la Cámara Juanita Goebertus‏, las objeciones que hizo el presidente por inconveniencia a los seis artículos de la Ley Estatutaria no corresponden a algo más sino razones “disfrazadas” de decisiones de inconstitucionalidad que la Corte ya resolvió. 

“Cuando uno las mira se da cuenta que son razones de inconstitucionalidad. Lo que se podría objetar como inconveniente es la Ley, no la sentencia y lo que está objetando el presidente es la sentencia de la Corte Constitucional”, afirmó Goebertus‏. 

De igual manera, sustenta que la decisión del Presidente Duque de objetar la Ley de la JEP “es un atentado a la separación de poderes y viola de manera flagrante” el dictamen que ya había tomado la Corte Constitucional.

“La decisión del presidente Duque de objetar la Ley de la JEP es un atentando a la separación de poderes y viola de manera flagrante las decisiones que ya había tomado la corte Constitucional. Si bien de cara a una Ley Estatutaria, el presidente puede objetar por razones de inconveniencia, en la práctica está disfrazando de inconveniencia una serie de decisiones constitucionales que ya fueron resueltas por la corte”.

¿Cómo resolvió la Corte los seis artículos?

Artículo 7 – Reparación Integral de las victimas: El presidente anunció que es inconveniente porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Sin embargo, la Corte ya dijo que las Farc tienen la obligación colectiva de entregar bienes y valores para acceder a cualquier beneficio. Los excombatientes deben contribuir a la reparación.

Artículo 63 – Inciso 8: El gobierno justifica que es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz. La corte articula que además del Alto Comisionado para la Paz, la JEP puede incluir nombres en el listado en casos de fuerza mayor.

ARTÍCULO 79: Se considera inconveniente porque no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe
abstenerse de realizar. La Corte expresa que la Fiscalía puede seguir investigando y recolectando pruebas hasta 3 meses antes de la resolución de conclusiones de la JEP, lo que no puede es atribuir responsabilidades, decidir sobre la libertad y citar a diligencias judiciales.

ARTÍCULO 19: No es conveniente, según el gobierno, porque se renuncia a la acción penal y eso llevaría a tener impunidad en los principales responsables de delitos. Sin embargo, la Corte ya había decidido que en contextos de transición del conflicto armado a la paz es necesario concentrarse en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos para evitar generar impunidad.

ARTÍCULO 150: Es inconveniente porque las extradiciones por conductas posteriores al Acuerdo Final no precisan lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. Lo que afectaría la cooperación judicial con otros países. La Corte dice que para efectos de determinar si el delito es posterior al 1 de diciembre de 2016, la JEP debe disponer de todas las pruebas necesarias.

ARTÍCULO 153. Sobre la extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Y puede causar que terceros utilicen este ‘beneficio’ para evitar ser juzgados. La Corte dictaminó que en este grupo también se incluyen los agentes del Estado y militares que estén contribuyendo a la verdad ante la JEP. Y en el escenario de la transición hacia la paz, se proyecta dicha disposición en la medida en que incluya medidas orientadas a garantizar los objetivos de SIVJRNR.

“No tiene ningún sentido que en este momento nos dediquemos a perder tiempo, por meses o hasta un año, en disputas entre el congreso, la Corte y el presidente. Cuando al final, muy seguramente la Corte le ordene al presidente Duque sancionar la Ley, como venía”, agrega Goebertus‏. 

Por esa razón hace un llamado al presidente Iván Duque para enfocarse en transformar la realidad de los territorios más afectados por la guerra, “como él dice: es concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide”.

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