“La JEP está plagada de defectos”: José Miguel Vivanco

“La JEP está plagada de defectos”: José Miguel Vivanco

14 de noviembre del 2017

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), insistió en su llamado al Congreso de la República para que haga modificaciones al proyecto de ley estatutaria de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Vivanco calificó de “plagada de defectos” la iniciativa que busca crear el marco regulatorio de la Justicia que actuará para juzgar a las Farc, militares y civiles por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

“La estatutaria de la JEP está plagada de defectos. Pero no se van a solucionar solos. Ojalá congreso de quórum e introduzca modificaciones, incluyendo limitaciones claras para que participación política de exFARC no sea una burla a víctimas”, escribió en su cuenta de Twitter el directivo de HRW.

La JEP no ha podido superar su segundo debate en plenaria de Senado por falta de quórum y la premura del trámite legislativo es porque este 30 de noviembre vence el Fast Track, vía que permite acortar a la mitad el número de debates de los proyectos de paz.

Vivanco recordó en su trino de insistencia, una carta enviada el pasado 8 de octubre en la que pide estudiar los “defectos de legislación de la justicia transicional”.

La misiva fue dirigida a los presidentes de Senado y Cámara de Representantes y al ministro del interior, donde Human Rights Watch manifestó serias objeciones al hecho de que “el componente de justicia del acuerdo de paz pueda permitir que responsables de crímenes de guerra no reciban un castigo genuino por los delitos graves de los que son responsables”.

También dice que el proyecto con el que se pretende llevar justicia a las víctimas “no aborda muchos de estos problemas y, a su vez, introduce nuevas falencias que menoscaban las posibilidades de lograr una justicia genuina por las graves atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano”.

Varios puntos son los que se señalan en la carta y a los dice que el gobierno debe ponerle especial atención. En cuanto a las restricciones de libertades y derechos, a las que se deberían someter quienes admitan delitos ante la JEP, HRW dice que “El acuerdo prácticamente no contenía ninguna aclaración sobre cuáles serían esas “restricciones” ni sobre cómo se aplicarían y se controlaría su cumplimiento. El acuerdo de paz de noviembre proporcionó algunos detalles sobre las sanciones aplicables a criminales de guerra de las FARC. En su momento consideramos que estas disposiciones constituían una base para que una legislación de implementación adecuada garantizara unos mínimos estándares de justicia”.

También hace observaciones a la suspensión de procedimientos penales. Esto significa que con la JEP, la justicia ordinaria deberá cancelar todos los procesos que lleve en contra de los desmovilizados que hayan cometido delitos en el desarrollo de la guerra.

En ese sentido, la preocupación de HRW radica en que, primero, esa figura dejaría por fuera a los militares. “El acuerdo prácticamente no contenía ninguna aclaración sobre cuáles serían esas “restricciones” ni sobre cómo se aplicarían y se controlaría su cumplimiento. El acuerdo de paz de noviembre proporcionó algunos detalles sobre las sanciones aplicables a criminales de guerra de las FARC. En su momento consideramos que estas disposiciones constituían una base para que una legislación de implementación adecuada garantizara unos mínimos estándares de justicia”.

Segundo, los trámites que se llevarán al interior de la JEP harán que la justicia sea lenta debido a que “la nueva disposición del proyecto de Ley Estatutaria provocaría demoras significativas en casos que ya tienen serios atrasos y podría reducir las pruebas disponibles en la Jurisdicción Especial para la Paz para evaluar confesiones o perseguir penalmente a los acusados que no confiesen sus delitos”.

Por otro lado, satisfechos con la idea de que en la JEP se le diera especial participación a las víctimas, la ONG dice que observa con interés que el proyecto de ley Estatutaria dispone que las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz “contemplarán la participación de las víctimas”. Añade que “Seguiremos de cerca este punto a medida que se debatan las normas de procedimiento, e instamos al Congreso a establecer un marco jurídico apropiado para garantizar una participación genuina de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz”.