La corrupción y el tráfico de influencias: delitos que rara vez llevan a la cárcel

La corrupción y el tráfico de influencias: delitos que rara vez llevan a la cárcel

23 de julio del 2014

“Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España y Colombia” es el título del libro que el abogado Jaime Lombana Villalba presentará este jueves 24 de julio. Un tema de altas implicaciones legales, penales, que lamentablemente es pan de cada día en nuestro país.

KienyKe.com habló con Lombana sobre su texto, producto de sus estudios de doctorado en España, con el cual recibió el grado Summa Cum Laude de la Universidad de León. El abogado habló sobre tráfico de influencias en Colombia, sus implicaciones legales, la ideología de la corrupción y qué tantos dientes tiene la legislación colombiana para atajarla.

Escuche la entrevista de KabinaK.fm con Lombana:

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El abogado Jaime Lombana compartió con KienyKe.com algunos apartes de su libro, que reproducimos a continuación:

Cuando la corrupción se convierte en algo “normal”

Se afirma con razón que la corrupción es una consecuencia de la codicia humana; la mayoría de los protagonistas de la gran corrupción administrativa, de aquellos acciones de mayor perversidad, y que producen negativos efectos en el tejido social, son ejecutados por personas que tienen sobrados medios económicos, y mejores niveles educativos. La pequeña y media corrupción mayoritariamente es ejecutada por individuos de menor escala educativa y que acuden a la corrupción como complemento a sus niveles salariales. Pero lo cierto es que en unos y otros está presente el factor codicia dentro de la causa del comportamiento corrupto.

La corrupción se va instalando como comportamiento social a través de una compleja red que está institucionalizada dentro de la comunidad, donde a los corruptos poco les importan los perjuicios que genera su comportamiento desvalorado a la comunidad. En este escenario de la corrupción sus protagonistas prefieren su riqueza material, con esa riqueza se protegen hasta del posible reproche social, no les afecta la ausencia de tranquilidad personal y familiar que brindaría un comportamiento transparente con la administración pública. La sociedad paulatinamente se ve permeada por el comportamiento corrupto, y en muchos países al corrupto tampoco se le censura socialmente, porque impera la cultura del dinero, y son escasas las personas que rechazan relacionarse con el corrupto o el corruptor, puesto que el nivel de corrupción corresponde al mismo de la esfera privada que tolera, patrocina y promueve esas pautas corruptas de comportamiento.

Además de la codicia y el egoísmo, la debilidad de la administración de justicia, y la corrupción misma de los operadores judiciales, la corrupción se origina entre otras causas, por los personalismos, los cuales generan una cadena de lealtades basadas en conceptos equivocados de amistad o cercanía personal, regional o partidista y completamente ajenos al interés público llegando a la conformación de verdaderos carteles de la corrupción, en los que se resalta su protagonismo en la contratación estatal. La línea entre mercado y familia, y entre los sectores público y privado es a menudo fluctuante y borrosa, situación que se hace especialmente evidente en algunas sociedades en las cuales “las fuertes relaciones interpersonales pueden tener muy poca idea de las relaciones formales entre la Administración y sus superiores, así como las obligaciones que imponen a los que trabajan en ella”.

Jaime Lombana

Los corruptos: De acusados a acusadores

Ante tal situación, los ciudadanos pueden considerar que no tienen nada que ganar luchando contra la corrupción, con los elevados costos que ello supone, además de riesgos personales y familiares que conlleva la lucha seria contra la corrupción, a menudo quien lucha contra la corrupción termina denunciado, los corruptos contratan abogados mercenarios para perseguir con querellas criminales por injuria o calumnia a quienes se atreven a cuestionar públicamente esos comportamientos corruptos, mientras que si aceptan el actuar corrupto se ven beneficiados individual y directamente, y no pocas veces se ingresa a la función pública con el ánimo de obtener un beneficio personal.

Prueba de lo anterior es que para algunas personas existe la corrupta convicción que el ingreso en la función pública tiene como finalidad el rápido ascenso económico, político y social, y sólo así se entiende las grandes inversiones y gastos que hacen los candidatos a corporaciones públicas en los niveles regionales o nacionales, sumas que son prontamente recuperadas precisamente en el ejercicio corrupto de sus funciones.

En algunos casos quienes festejan el triunfo de una determinada candidatura serán los que protagonizan certeramente los pocos escándalos de corrupción que se logran llevar al menos al conocimiento público, porque el número de sentencias condenatorias en materia de corrupción es bajo, y por lo general obedecen a casos de menor cuantía. En ciertos eventos la justicia penal es una farsa, llena de hipocresía que persigue no persigue la gran corrupción por incapacidad, pero también porque la administración de justicia responde a los mismos niveles de corrupción que las otras ramas del poder público, podría hablarse un sistema de pesos y contrapesos en la repartición de la corrupción. El acto corrupto deber ser tan rentable que debe incorporar el costo del silencio de la prensa y la simulada ineficacia de la administración de justicia.

Y es así, como se va consolidando una “red de complicidad basada en el acuerdo expreso o tácito entre el que soborna y el sobornado o el que extorsiona y el que es extorsionado”. Y lo que resulta más lesivo y frustrante dentro de la cadena de corrupción, es el momento en cual en la red criminal de corrupción entran el que investiga y el que juzga, es decir, se corrompe la propia sal.

La “inversión” en el apoyo a campañas políticas

Quienes financian los partidos políticos o las candidaturas están dispuestos a llevar a cabo una inversión para lograr luego una retribución que en la gran mayoría de los casos tiene naturaleza económica. O por lo menos se busca un agradecimiento de quien controlará las decisiones del poder público. Pero vale la pena señalar que estos aspectos de financiación no solo incumben a la rama ejecutiva y legislativa de la administración pública, sino que en ocasiones también requieren financiación candidatos a magistraturas en el ejercicio del poder jurisdiccional, sean o no funcionarios de carrera. En este sentido, Malem señala que “en el caso de la financiación corrupta de los partidos políticos, las cantidades que éstos reciben, sobre todo como compensación por la concesión de obras públicas, suelen ser integradoras y rutinarias”.

Muchos partidos políticos contemporáneos se han convertido en verdaderas empresas en las cuales se compra la participación con un pago o soborno para asegurarse la posibilidad de ser elegido. Y en todos estos aspectos desempeña un papel muy importante el tema de la reserva bancaria y de las cuentas cifradas que mantienen un gran número de bancos en el mundo.

La corrupción en los partidos políticos no solamente se presenta en la financiación, sino también en el funcionamiento interno de los mismos, en la ubicación de un candidato en una lista, el número de votación del mismo, el endoso de votos por un determinado monto de dinero, todas esas son frecuentes prácticas antidemocráticas, lo que se refleja en las decisiones de los líderes de los partidos en los criterios de selección de sus candidatos, que con frecuencia no son objetivos, y menos obedecen a factores como la competencia profesional, o los méritos académicos, sino favoritismos personales, o la posibilidad de estar dispuesto a desarrollar actos de corrupción al servicio del líder o de la familia del partido.

Muchos partidos en la actualidad han limitado su contacto con la sociedad y por tanto la participación de la misma y se han convertido en aparatos burocráticos que defienden sus propios intereses. En el seno de esos partidos en muchas ocasiones no existen mecanismos serios de control para la selección y mecanismos de sanción de sus miembros. Y lo que resulta más grave es que la política no tiene memoria, ni en política resulta acertado hablar de muertos políticos, encontrándose que muchos políticos miembros de un partido determinado que han propiciado graves hechos de corrupción, a los pocos años, son reciclados por el partido y vuelven a dominar los destinos del mismo partido.