El tribunal de paz acreditó como víctimas a Julie Beth Freitas y Abigail Sonderman Reyes, familiares de Terence Freitas, ciudadano estadounidense secuestrado y asesinado por la antigua guerrilla de las Farc, en Arauca, el 25 de febrero de 1999.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó la solicitud de Julie Beth Freitas, madre de Terence Freitas, y Abigail Sonderman Reyes, su compañera, de ser intervinientes especiales del caso 001, el pasado 28 de marzo.
Con esta acreditación los familiares de Freitas podrán ejercer sus derechos a recibir medidas de protección, esclarecimiento de los hechos, justicia y reparación.
En el mismo hecho, también fueron secuestrados y asesinados los ciudadanos estadounidenses Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay, también indigenistas, quienes acompañaban a la comunidad indígena u'wa en el municipio de Cubará, departamento de Boyacá.
¿A qué tienen derecho las víctimas acreditadas?
Este hecho estará dentro del caso 001, denominado "Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP. La Sala de Reconocimiento ya ha acreditado 188 víctimas.
"Entre los acreditados se encuentran políticos que fueron secuestrados presuntamente con fines de canje, personas secuestradas con fines de extorsión y otras modalidades de secuestro", asegura la jurisdicción de paz.
Para el esclarecimiento de los hechos, la JEP está recibiendo las versiones de 47 exintegrantes del secretariado y estado mayor central de las Farc, a las audiencias que ya asistieron 18 miembros de la antigua guerrilla.
De igual manera, la Sala de Reconocimiento ha acreditado a las víctimas y les ha designado un representante judicial del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), cuando así lo requieren.
Además, las víctimas acreditadas podrán asistir a la audiencia pública de reconocimiento, presentar observaciones sobre la resolución de conclusiones y hacer otras sobre los proyectos restaurativos presentados por los comparecientes.
Sin embargo, el tribunal resaltó que las víctimas de violencia basada en género, incluyendo aquellas de violencia sexual, tendrán derecho a no ser confrontadas con su agresor.
