La Fiscalía y la JEP se muestran los dientes

28 de octubre del 2018

Desde su esquina como un león herido que ve amenazado su entorno, Nestor Humberto Martínez defiende su territorio, la Fiscalía General de la Nación, el organismo investigador más importante del país. ¿La amenaza?, según él, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, mienras que en la otra la Presidente de ese tribunal transitorio, Patricia Linares, […]

La Fiscalía y la JEP se muestran los dientes

Desde su esquina como un león herido que ve amenazado su entorno, Nestor Humberto Martínez defiende su territorio, la Fiscalía General de la Nación, el organismo investigador más importante del país. ¿La amenaza?, según él, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, mienras que en la otra la Presidente de ese tribunal transitorio, Patricia Linares, se arma para impedir que se desconozca el fuero que le dio el Congreso.

Pero si al Fiscal le incomoda el trabajo de la JEP -competencia creada mediante reforma constitucional para cumplir con el Acuerdo firmado entre el gobierno anterior y la guerrilla de las Farc- a la presidente de esa jurisdicción le parece que el ente acusador ha cometido atropellos como el de la inspección judicial que adelantó en la sede del tribunal, a comienzos de octubre, de donde se llevó un expediente del proceso por el delito de secuestro en contra de los excombatientes de las Farc, que se encuentra en investigación en esa jurisdicción.

En su momento el tribunal se pronunciò en contra de la diligencia y oficialmente dijo: “Infortunadamente, la inspección judicial se llevó a cabo el día de hoy y la Fiscalía obtuvo la copia digital del expediente, en razón de la forma intempestiva como se llevó a cabo la diligencia en la Secretaría Judicial de la JEP”. El Fiscal General se apresuro a reconocer que había sido un error.

Para la presidenta, la actuación de la Fiscalía es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones y que adelantan los jueces de la jurisdicción. También dijo en su momento que la acción fue “intimidatoria” en relación con la independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso.

A juicio de Néstor Humberto Martínez, la JEP está entrando en su campo jurídico, e indica que desde el mismo momento que se conoció que sería creada ya se sabía que realizaría funciones que le competen y de hecho fueron instituidas desde cuando fue creada la Fiscalía General de la Nación . A su juicio se trata de una “Fiscalía paralela” que pretende actuar de manera independiente.

Entre los reparos que ha hecho el fiscal, están el tratamiento que se le da a la reincidencia, los delitos de ejecución permanente, además del régimen de extradición. Otro punto, que no hay claridad en la redacción del proyecto de la JEP acerca de la forma como se juzgará a los expresidentes de la República. Las quejas no han parado y algunos aspectos han hecho que los dos organismos se enfrenten casi a diario.

Discusión de origen

Ninguna de las dos partes reconoce que sí hay enfrentamiento entre ellas, “que les quede claro, lo único que quiere la Fiscalía es que se cumpla el Acuerdo de Paz”, expresó Néstor Humberto Martínez al afirmar que entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación no existe ningún ‘choque de trenes’. Indicó que los conflictos entre jurisdicciones son normales y que se resuelven de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución.

Otro de los puntos en discordia es el de los bienes no declarados por las Farc, ante los cual el fiscal Martínez le pidió a la Corte Constitucional que defina si son competencia del ente investigador, como él lo considera, o de la JEP. Se prevé que el alto tribunal emita concepto a favor de la Fiscalía General de la Nación.

Para el jurista José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional y hoy conjuez del Consejo de Estado es evidente que durante los últimos meses, y especialmente desde que se produjo la detención de Jesús Santrich ha sido ostensible que hay discrepancias en la interpretación de las normas jurídicas entre los dos organismos.

“Se habría esperado que los fallos de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo 1 de 2017, y demás disposiciones se hubieran aclarado las cosas. Por ejemplo, cuando se revisó la ley estatutaria y hubieran aportado algunas luces para la definición de ciertos puntos que quedaron oscuros en el acto legislativo y el Acuerdo de Paz, pero la Corte no ha hecho esos aportes, por el contrario, ha fungido una jurisprudencia que ha desorientado”, señaló Hernández.

El analista León Valencia asegura que estos ‘enfrentamientos’ se dan porque desde el principio, el fiscal pensaba que no debía existir un ente autónomo de justicia transicional que tuviera autonomía y tuviera todo el control del proceso de la justicia del proceso de paz. “El fiscal siempre quiso que eso fuera parte de la Fiscalía, desde ese origen ha habido una discusión sobre las competencias entre cada organismo cuando ya hay una decisión institucional de la JEP de que era un ente para justicia transicional extraordinaria”, aseguró.

Señala también que entre la JEP y la Fiscalía no dejara de haber conflicto de competencias. “Siempre se va a presentar esa discusión, que si bien hay uno que tiene unos desarrollos, hay otra que ya tiene otros nuevos. La Fiscalía siempre va a reclamar por cosas que la JEP tiene que decidir sobre las Farc, es su objeto principal.”

Conflicto de jurisdicciones

Mientras el fiscal sostiene que no se trata de roces personales, Patricia Linares guarda silencio. Hasta el momento pareciera que se trata de una pelea institucional, sin embargo, Martínez de manera sarcástica aseguró que la presidente de la JEP hace show mediático. Si las cosas siguen por ese camino es posible que en algún momento lleguen al choque personal.

¿Porqué la Fiscalía niega que hayan roces? Según José Gregorio Hernández, “a un servidor público no le interesa decir que hay un choque, pero desde afuera cuando no se está ejerciendo los cargos, sino que se ve las cosas como un ciudadano común y corriente es inocultable que hay dificultades, discrepancias en la interpretación de las normas vigentes. Conflicto de jurisdicciones sí se presentan claramente”, aseguró.

Para León Valencia una cosa son las diferencias de enfoque, del sentido, del contenido, y otra son la manera en la que se desarrollan las diferencias. “Uno puede decir que lo que se presenta no son roces sino diferencias de apreciación, esto ya tiene un calificativo distinto y lo que pasa aquí es que hay diferencias y eso se puede manifestar en roces, malas maneras o procedimientos incorrectos”.

Santrich, la papa caliente

Esta semana el caso del excomandante guerrillero tomó un nuevo giro. La JEP solicita a los Estados Unidos, por conducto de la Cancillería, las “evidencias que soportan la solicitud de extradición”, y también ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que entregue las grabaciones que conoce respecto a la conducta de alias ‘Jesús Santrich’ y que, haciendo uso de los canales diplomáticos, envíe todos los elementos probatorios de los que disponga al respecto.

La Fiscalía General le había entregado a la JEP los audios que tenía, tomados del expediente de la investigación que adelanta contra Marlon Marin sobrino de Iván Márquez, implicado en casos de narcotráfico. Ahora, si acepta la petición de esa jurisdicción deberá solicitar a la justicia de Estados Unidos que le envíen las pruebas que tiene contra Márquez, quien se entregó en ese país.

Con salvamentos de voto, la Sección de Revisión de la JEP manifestó que, si transcurridos cuarenta días, contados desde la comunicación, no se entregan las pruebas, continuará “con el trámite de la garantía de no extradición, con el fin de adoptar la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso”.

En primer lugar, el jurista José Gregorio Hernández cree que para establecer si un delito se cometió antes o después del 1 de diciembre de 2016, no tuvo por qué demorarse tanto, asimismo aseguró que dicho organismo no puede resolver la extradición de Santrich porque todavía no se sabe si es competente o no.

“La JEP ha dado muchos tumbos en esta materia, y sigue haciéndolo, por lo cual es pertinente que sus integrantes piensen un poco menos en los efectos políticos y mediáticos de sus decisiones y mucho más en administrar justicia imparcial y rápida”, indicó José Gregorio Hernández.

Asimismo, indicó que por qué tiene que ser la JEP la que decida sobre eso, si quien tiene las pruebas respecto a una posible extradición es el estado solicitante o la Fiscalía General de la Nación, “esa dispocisión da lugar para que no hayan coincidido las interpretaciones de la Fiscalia y la JEP, se habría esperado que la Corte se hubiera pronunciado sobre este tema pero no lo hizo por eso las interpretaciones son diversas”, explicó.

¿Nuevo enfrentamiento?

Hernández asegura que mientras no se sepa que las pruebas tienen que ver únicamente con la función que le dieron a la JEP, como “es determinar la fecha en que ocurrieron los hechos antes o después del 1 de diciembre de 2016 no va a haber enfrentamientos. Pero si la JEP espera recaudar pruebas sobre el fondo de la responsabilidad penal y sobre si hay o no extradición sí va a haber enfrentamientos.”

León Valencia asegura que la JEP tiene todo el derecho de pedir pruebas. “Es supremamente delicado que de la noche a la mañana acusen a una persona de estar haciendo una trama para exportar una cantidad de cocaína a los Estados Unidos, eso es serio, por eso son tan importantes las pruebas. Todo el país está esperando”.

Acuerdo de paz debilitado

Finalmente, los expertos aseguran que con estas diferencias la implementación del Acuerdo de paz se verá afectada. “Con todo esto resquebrajan el proceso de paz, lo ponen en tela de juicio. Sobre todo en la JEP se están tomando decisiones muy lentamente, con la captura de Santrich se ha dado la impresión de que están improvisando”, aseguró Hernández.

León Valencia menciona algunas de las consecuencias de esto. “Una de ellas es que se ha generado inseguridad jurídica en el proceso tanto para la Farc como general, nadie sabe cómo va a terminar todo esto, los líderes de la Farc que se reincorporaron no saben si los van a extraditar o van a terminar en la cárcel, un ejemplo de esto es Iván Márquez”.

El balón está ahora en la cancha de la Corte Constitucional y cuando se pronuncie sobre los bienes no entregados por las Farc, alguno de los dos, la Presidente de la JEP o el Fiscal caerán derrotados a la lona. Se avecinan nuevos rounds.

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