La JEP en blanco y negro

La JEP en blanco y negro

6 de abril del 2017

Uno de los puntos fundamentales de los Acuerdos de Paz de la Habana es la Jurisdicción especial para la paz (JEP). En ella podrían estar los fundamentos que garantizarían verdad, justicia y reparación. Así, el 28 de marzo la comisión de conciliación de  la Cámara de representantes aprobó el texto de la JEP.

Que la Cámara haya aprobado el proyecto, significa, de acuerdo con Juan Fernando Cristo, ministro del interior, “la consolidación del proceso de paz, acelerar su implementación, acelerar la desmovilización y el desarme de las Farc y contar con un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto”.

Desde que empezaron los diálogos, las voces en contra se han levantado airadamente. Ahora que la JEP, columna vertebral del proceso, está ad portas de ser implementada, esas mismas voces disidentes —y otras nuevas—, han enfilado sus baterías y fortalecido sus argumentos en contra.

“Además de no ser pacífico, el debate no ha sido transparente. Al revés, ha sido y sigue siendo turbio. La atención se ha concentrado en el reclamo de que la JEP es una justicia light para la guerrilla; que es la piñata de impunidad que los narcoterroristas y el comunismo internacional consiguieron en La Habana”, escribió Michael Reed en Razonpublica.com.

Reed,  apunta a calificar el diseño de la JEP como “engorroso, casi inaplicable, y que la carga procesal que ya está recibiendo es gigantesca”.

Uno de los factores para que la JEP sea así es porque “el debate no ha sido franco ni transparente porque no se ha desvelado uno de los mayores  obstáculos para poner en marcha la JEP y la Comisión de la Verdad: el interés de varios sectores en negar las prácticas repetitivas de violencia que fueron instauradas a lo largo y lo ancho del territorio colombiano”.

Son las elites económicas, militares y políticas a las que Reed se refiere. En un conflicto armado tan duro y complejo como el colombiano, no sólo deben tenerse en cuenta los crimines que cometió una de las partes, las Farc, en este caso. También debe virarse la cabeza hasta el otro lado: el Estado.

Por otro lado, Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional, explica que la JEP  “es el resultado de un acuerdo de finalización de un conflicto de 50 años. Se posibilita que quienes participaron en ese conflicto hagan efectivo el derecho que tienen las víctimas de verdad, justicia, reparación, y garantía de NO repetición. Se posibilita que se disminuya y se le dé un tratamiento especial a las culpas de los hechos de victimización que se cometieron durante el desarrollo de la guerra. No se absuelve a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es positivo que sea un acuerdo de justicia entre el gobierno y las Farc“.

“La negación de la atrocidad en Colombia está arraigada en el poder público y en una parte –muy poderosa– del sector privado. Según como se apliquen, los distintos mecanismos de verdad y justicia amenazarán el imperio de la negación”, agrega Reed.

“Y este es uno de los motivos principales para que la oposición a la JEP y en general al SIVJRNR sea tan acérrima. Si se logra acabar la negación no solo serán afectados los “criminales”, “terroristas” y “monstruos”, sino que peligrará el buen nombre de personas y organizaciones comprometidas con la perpetración y el ocultamiento de las atrocidades”.

En cuanto a esos agentes, la JEP explica que “Los terceros que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera indirecta en el conflicto armado y hayan cometido delitos en el contexto y en razón de éste, podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen. La JEP sólo podrá obligar a comparecer a aquellas personas frente a quienes existan bases suficientes para entender que la conducta existió y que la persona mencionada en efecto hubiera tenido una participación determinante en la comisión de los crímenes más graves y representativos”.

“Las personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto podrán acogerse a la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen”.

El primer “agente del estado” civil que se decidió a presentarse a la JEP es Diego Palacios, exministro de protección social, y condenado por el delito de cohecho. Palacio habría entregado dádivas a la excongresista Yidis Medina para la reelección de Álvaro Uribe en 2005. Este martes pidió revisar su caso ante la JEP.

Otros que estarían esperando juicios similares, según Álvaro Leyva, son los Generales Jesús Arias Cabrales (por el Palacio de Justicia) y Jaime Uscateguí (Por la toma de Mapiripán). Analistas consideran que otros militares como el general Alfonso Plazas Vega, y civiles que hicieron parte del gobierno Uribe, también se acojan a la JEP.

“Lo más importante de ese sometimiento es que entren a un proceso que les demanda verdad. Y la verdad va tomar en consideración una serie de nombres que seguramente van a ser convocados por los tribunales. De ahí la preocupación de empresarios, fundamentalmente empresarios agrarios, o de empresarios que generaron dinámicas de despojo; de militares que participaron en los crímenes”, dijo al respecto el profesor Medina.

El expresidente Uribe ha sido crítico del mecanismo de justicia “La justicia terrorista tiene el propósito de maltratar a quienes enfrentamos al terrorismo. Lo que se tramita en este Congreso es un mecanismo de venganza para uso de las Farc que no conduce a ninguna paz estable y duradera, solo se convierte en arma letal de las Farc contra la sociedad colombiana para hacerse al poder. El panorama no puede ser más oscuro, pues así las cosas el mal llamado proceso de paz, solo generará más violencia”, escribió el líder del Centro Democrático en un comunicado de prensa.

“Ahora, que tanto se habla de la justicia para fortalecer el Estado de derecho, quizás podamos empezar a hablar sin temores de lo que tiene tan incómodos a algunos miembros de las élites políticas, económicas y militares de Colombia”, concluye Reed.

En ese misma línea parece moverse el profesor  Medina, quien argumentó que “hay una serie de actores que se han opuesto al proceso de paz y se han opuesto a la JEP porque seguramente en el desarrollo de las acciones de esta jurisdicción, serán convocados ante los tribunales especiales. Ellos consideran que si combaten la JEP y se opone al Proceso de paz en general, van a vivir en impunidad. Todos los que fueron victimarios deben pasar por esos tribunales, deben rendir cuentas, y deben saldar sus deudas con la justicia”.

“Pero no todas las élites políticas o económicas, ni todos los militares van a ser llamados ¿Quiénes están preocupados? Los que tienen claro conocimiento de que fueron participes de esos procesos, y que se beneficiaron de los crímenes de la guerra. Quienes no participaron, no tienen por qué sentirse afectados con la JEP”, puntualizó Medina Gallego.