Aunque el Gobierno se opuso a concertar con los trabajadores judiciales en paro un incremento del presupuesto para la Rama Judicial, en el Congreso va viento en popa el proyecto de ley que reestructura la Justicia Penal Militar y crea una burocracia cuyo costo sería apenas algo inferior que el de la justicia ordinaria.
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Según el proyecto de ley 085, radicado en el 2013 por el Ministerio de Defensa, la reestructuración de la Justicia Penal Militar consiste en crear una Fiscalía especial, juzgados, un tribunal con magistrados para la investigación y juzgamiento de militares, y hasta una escuela de Justicia Penal Militar.
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Según revelaron expertos en temas judiciales y militares a Kienyke.com la cifra para crear y poner en funcionamiento en todo el país una Fiscalía General Militar y Policial, juzgados penales militares y policiales de conocimiento, especializados, de control de garantías, de ejecución de penas y un Cuerpo Técnico de Investigación, como un CTI, así como los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Superior Militar, tal como lo expone la iniciativa, superaría los dos billones de pesos, contando con las instalaciones en donde deben operar en todo el país.
Aparte de ese valor, señalaron las fuentes, sería necesario adicionar los cientos de miles de millones de pesos que cuesta mantener esos funcionarios judiciales militares, aún cuando el proyecto de ley no dice cuántos juzgados deben operar, ni el número de fiscales o magistrados que integrarán el alto Tribunal Militar. Ese tema deberá ser desarrollado posteriormente mediante decretos, explicaron fuentes judiciales.
El representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas Talero, quien es uno de los ponentes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del proyecto gubernamental, criticó en Kienyke.com el "dineral" que costará poner en la marcha el proyecto.
“Eso vale muchísima plata, además que no busca sino la impunidad. No entiendo cómo no hay dinero para poner en funcionamiento a la justicia ordinaria, pero sí la que juzga a los militares. De manera particular no han podido poner a funcionar la descongestión en la justicia penal ordinaria por falta de dinero, pero cuando se trata de que el presidente de Colombia siga sumando puntos, no le niegan nada”, señaló el parlamentario.
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Por último, el congresista Navas Talero se cuestionó por qué en momentos en que está cerca la firma de la paz, se invertirá tanto en la seguridad jurídica de los militares.
De otro lado, Kienyke.com también consultó con funcionarios del Ministerio de Defensa para que explicaran los alcances del proyecto de ley.
María Consuelo Rodríguez, asesora en asuntos legislativos del Ministerio de Defensa, indicó que este proyecto lo único que busca es incluir en la Justicia Penal Militar el sistema penal oral acusatorio.
“Ese proyecto de ley obedece a un mandato que da la ley 1407 del 2010, la cual ordena que la Justicia Penal Militar haga tránsito del sistema inquisitivo al penal oral acusatorio, que fue lo mismo que pasó en la justicia ordinaria. Un sistema penal oral acusatorio requiere de una organización, en paralelo con la justicia ordinaria, y una estructura, aunque no idéntica pero sí compatible, donde haya un fiscal, jueces, magistrados”, dijo la funcionaria.
La asesora del despacho del ministro de Defensa, también aseguró que una vez sea sancionado el proyecto, la reestructuración de la Justicia Penal Militar se hará progresivamente.
“Se está pensando en términos operativos en empezar por fases, un proceso progresivo, y se arrancaría por ejemplo con esta reestructuración de la Justicia Penal Militar en Bogotá, hasta que el sistema se extienda por todo el país”, dijo.
De otro lado, este proyecto de ley -que ya fue aprobado en sus dos primeros debates en el Senado- contempla los requisitos para poder ser magistrado, juez o fiscal penal militar, y sus funciones teniendo en cuenta que todos ellos deben ser oficiales activos de las Fuerzas Militares y la Policía.
Sin embargo, uno de los puntos que ha generado más controversia en la discusión del proyecto tiene que ver con los delitos que conocerá la Justicia Penal Militar.
La iniciativa contempla que los juzgados penales militares especializados tramitarán las investigaciones por homicidios, infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario y otros.
Al respecto, varias organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que al contemplar el estudio de los casos de homicidio, quedarán incluidas las ejecuciones extrajudiciales o llamados "falsos positivos", pues en realidad son homicidios pero en circunstancias especiales o de personas protegidas, por lo que una vez empiece a operar el sistema, esos casos pasarán de la justicia ordinaria a la Penal Militar.
No obstante, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que los casos de los falsos positivos quedarán en manos de la justicia ordinaria.
El representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas Talero, quien es uno de los ponentes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del proyecto gubernamental, criticó en Kienyke.com el "dineral" que costará poner en la marcha el proyecto.
“Eso vale muchísima plata, además que no busca sino la impunidad. No entiendo cómo no hay dinero para poner en funcionamiento a la justicia ordinaria, pero sí la que juzga a los militares. De manera particular no han podido poner a funcionar la descongestión en la justicia penal ordinaria por falta de dinero, pero cuando se trata de que el presidente de Colombia siga sumando puntos, no le niegan nada”, señaló el parlamentario.
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Por último, el congresista Navas Talero se cuestionó por qué en momentos en que está cerca la firma de la paz, se invertirá tanto en la seguridad jurídica de los militares.
De otro lado, Kienyke.com también consultó con funcionarios del Ministerio de Defensa para que explicaran los alcances del proyecto de ley.
María Consuelo Rodríguez, asesora en asuntos legislativos del Ministerio de Defensa, indicó que este proyecto lo único que busca es incluir en la Justicia Penal Militar el sistema penal oral acusatorio.
“Ese proyecto de ley obedece a un mandato que da la ley 1407 del 2010, la cual ordena que la Justicia Penal Militar haga tránsito del sistema inquisitivo al penal oral acusatorio, que fue lo mismo que pasó en la justicia ordinaria. Un sistema penal oral acusatorio requiere de una organización, en paralelo con la justicia ordinaria, y una estructura, aunque no idéntica pero sí compatible, donde haya un fiscal, jueces, magistrados”, dijo la funcionaria.
La asesora del despacho del ministro de Defensa, también aseguró que una vez sea sancionado el proyecto, la reestructuración de la Justicia Penal Militar se hará progresivamente.
“Se está pensando en términos operativos en empezar por fases, un proceso progresivo, y se arrancaría por ejemplo con esta reestructuración de la Justicia Penal Militar en Bogotá, hasta que el sistema se extienda por todo el país”, dijo.
De otro lado, este proyecto de ley -que ya fue aprobado en sus dos primeros debates en el Senado- contempla los requisitos para poder ser magistrado, juez o fiscal penal militar, y sus funciones teniendo en cuenta que todos ellos deben ser oficiales activos de las Fuerzas Militares y la Policía.
Sin embargo, uno de los puntos que ha generado más controversia en la discusión del proyecto tiene que ver con los delitos que conocerá la Justicia Penal Militar.
La iniciativa contempla que los juzgados penales militares especializados tramitarán las investigaciones por homicidios, infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario y otros.
Al respecto, varias organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que al contemplar el estudio de los casos de homicidio, quedarán incluidas las ejecuciones extrajudiciales o llamados "falsos positivos", pues en realidad son homicidios pero en circunstancias especiales o de personas protegidas, por lo que una vez empiece a operar el sistema, esos casos pasarán de la justicia ordinaria a la Penal Militar.
No obstante, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que los casos de los falsos positivos quedarán en manos de la justicia ordinaria.
