Aunque la Consulta Anticorrupción en Colombia no alcanzó el umbral de más 12 millones de votos para ser válida, las más de 11,7 millones de personas que salieron a avalarla dejaron un precedente político que fue importante para que el presidente Iván Duque tomara medidas en el asunto.
El pasado miércoles y jueves por la madrugada el presidente colombiano se reunió con el comité promotor de la Consulta Anticorrupción, jefes de los organismos de control, presidentes y voceros de los partidos políticos para crear estrategias contra el mal uso de los recursos públicos.
Los líderes partidistas acordaron enviar al Congreso un “gran paquete anticorrupción” con sentido de urgencia, para que sea aprobado antes de que termine el actual periodo legislativo, en diciembre.
La analista y PhD en Ciencia Política de Universidad de Minnesota (EEUU), Sandra Borda, explica que la masiva participación en la consulta tomó por sorpresa a medios de comunicación, analistas y varios sectores políticos y “tiene a la clase política moviéndose”.
“Aunque no se alcanzó el umbral, sí se alcanzó un margen de votación que ningún político de este país ha logrado en la historia de las elecciones. Nadie ha ganado unas elecciones con 11 millones de votos”, explica Borda.
El clientelismo y abstención electoral han jugado un rol importante en las elecciones colombianas. Según un estudio de la Registraduría Nacional, el promedio de participación ciudadana en las elecciones presidenciales entre 1978 y 2010 fue del 45,99%. En las elecciones presidenciales de 2018, la abstención fue del 46%, la más baja desde 1974.
La alta participación de la Consulta, afirma Borda, quiere decir que hay una suerte de consenso nacional y unas nuevas ciudadanías que probablemente no creen en los políticos, pero tienen unos principios y están dispuestas a votar por ellos.
Apenas cuatro días después de que se votara la Consulta, Duque creó una mesa técnica liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para trabajar en torno a los proyectos legislativos de todas las iniciativas y en la que cada partido político tendrá un representante.
“El presidente Duque ha sabido interpretar correctamente el mensaje de la ciudadanía. Esta conversación es el inicio de lo que puede ser un plan mucho más amplio, no partidista ni de gobierno, para empezar a combatir en serio el problema de la corrupción en Colombia”, añadió Borda.
El reto ahora es que los consensos anticorrupción que se logren no sean meramente cosméticos, sino estructurales y de largo plazo.
“Meterse con el tema de la corrupción, como lo va a empezar a hacer el presidente Duque, tiene el grandísimo riesgo de que exige consistencia, si no, el cobro político es enorme”, afirma Borda.
Uno de los temas en los que la oposición le ha reclamado coherencia a Duque es en los nombramientos de sus funcionarios.
Ese es el caso del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien fue nombrado por Duque embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ordóñez fue retirado de su cargo como procurador porque buena parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron para ser elegido, y de los senadores que votaron por él tenían familiares trabajando en la Procuraduría.
El Consejo de Estado, entidad que anuló su reelección, consideró que se trataba de un caso de entrega de cargos a cambio de favores políticos.
“Nombrar a Ordóñez como embajador ante la OEA es contradictorio porque fue retirado de su cargo por tráfico de influencias. Es un gran error”, afirma Borda.
El camino que debe recorrer Colombia para crear normas claras y eficientes para evitar la corrupción es largo, y más difícil aún es el trabajo de fortalecer el sistema judicial y las entidades de control para hacerlas cumplir, pero la reunión del pasado miércoles parece ser un paso hacia la dirección correcta.
“La Consulta Anticorrupción es un fenómeno que a largo plazo puede significar unos costos muy grandes para la clase política de este país. Si después de un mandato de semejante naturaleza no se hace nada contra la corrupción, solo va a contribuir a aumentar el abstencionismo”, explica Borda.
El mensaje entonces es claro: si los partidos políticos quieren seguir vigentes, deben abordar el tema de la corrupción.
"Creo que por supervivencia, la clase política va a tener que prestarle atención al tema y conformar coaliciones de carácter político para que la gente tenga la percepción de que no se están tomando medidas cosméticas para arreglar el problema de la corrupción sino medidas de verdad", concluye Borda.
