La guerra contra el cartel del robo de alcantarillas

La guerra contra el cartel del robo de alcantarillas

9 de octubre del 2014

El miércoles en la noche, y al parecer por causa de la lluvia y la baja visibilidad, David Linares cayó en una caja de electricidad que estaba sin tapa en el centro de Bogotá.

El golpe por la caída fue lo de menos; al instante, algunos cables contactaron con su cuerpo mojado y le propinaron una fulminante descarga eléctrica que lo mató. La caja eléctrica estaba sin tapa; la habían robado y nada señalaba el hueco peligroso.

Tan solo un día antes de la muerte de David, la Comisión Primera del Senado aprobó el primer debate de un proyecto de Ley para castigar con penas de prisión de hasta siete años a quienes roben las tapas del alcantarillado o demás inmuebles de servicios públicos.

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el hombre de 32 años es la tercera víctima mortal que provoca el robo de tapas de alcantarillas en Bogotá en lo que va de 2014. Los huecos que resultan de este pillaje pocas veces cuentan con señales de peligro, y a pesar de las denuncias, el reemplazo de las tapas suele ser demorado.

Vecinos del sector donde murió David Linares cuentan que la caja de electricidad estaba destapada desde hace más de una semana y-aunque llamaron a la empresa de energía para que corrigiera el riesgo- nunca se hicieron presentes los funcionarios responsables. Familiares de la víctima anticiparon que demandarán al Estado.

Cada año se conocen infortunados accidentes por causa de esas trampas mortales en las calles. Menores de edad, adultos mayores y hasta vehículos como carros, buses y motos resultan afectados por los huecos que dejan las alcantarillas destapadas, que aveces provocan tragedias.

Solo en Bogotá, y de acuerdo a cifras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, en 2013 se robaron más de 2 mil tapas de alcantarilla.

En el mercado negro estos equipamientos del servicio de alcantarillado son vendidos hasta en 5 mil pesos por unidad. Restaurarla le cuesta al acueducto 300 mil pesos por cada una.

Este tipo de delitos es castigado de forma ejemplar por el ordenamiento penal colombiano. Los responsables son acusados por hurto simple contra bienes públicos, y en la mayoría de oportunidades logran salir libres pues el monto del robo no es considerable.

Cuando la cantidad robada es mayor, obtienen condenas de máximo cinco años de prisión con posibilidad de ser excarcelados.

Para atajar esta impunidad, un grupo de congresistas oficialistas tramitó desde el mes pasado un proyecto de Ley para proteger a ciudadanos frente al robo de equipamiento de servicios públicos domiciliarios. La iniciativa avanza con éxito en el Senado y le faltan tres debates para convertirse en Ley.

‘Tatequieto’ al cartel y al robo aislado

El senador Mauricio Lizcano (Partido de La U) es el autor del proyecto de Ley que pretende poner un ‘tatequieto’ “a la cultura perversa del robo de tapas de alcantarillas, tapas de cajas telefónicas y de alumbrado, cables telefónicos y otros bienes de servicios públicos”, que persisten debido a la falta de castigos ejemplares.

La propuesta inicia con una modificación al código penal. Quien robe el inmobiliario de los servicios públicos incurre en una falta agravada y pagará entre 6 y 7 años de prisión sin posibilidad de ser excarcelado, explicó el congresista.

La idea incrementa tres años la condena vigente para el robo de bienes públicos y exige que quien sea responsable de ese delito tenga que pagarlo en la cárcel.

Tapas-alcantarilla-policia

Operativos que decomisan tapas de alcantarillado y cables de cobre robados. 

Además obliga a la Superintendencia de Servicios Públicos a que vigile a las empresas para que cuando se reporte el robo o daño de estas tapas, sean repuestas en el menor tiempo posible.

Si las entidades no hacen la reparación oportuna, se verán incursas en sanciones que pueden ir desde la pérdida de beneficios tributarios hasta multas. La iniciativa prevé plazos hasta de 72 horas para que las tapas sean repuestas.

“Los otros que serán castigados será quienes compren esas tapas robadas, porque pasa mucho que las alcantarillas que se roban en una ciudad, terminan puestas en otros lugares del país”, denunció Lizcano en referencia al mencionado cartel del robo de alcantarillas y cables de cobre.

Finalmente la norma incentivará a los ciudadanos a denunciar el hurto de estos objetos a través del pago de recompensas.

Escuche al senador Mauricio Lizcano explicando el proyecto para aumentar castigos a los ‘roba alcantarillas’

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¿La segunda es la vencida?

KienyKe.com conoció que a finales de 2013 se radicó en la Cámara de Representantes un proyecto similar, poco tiempo después de la muerte de una niña que cayó en una alcantarilla destapada también en Bogotá.

La idea también tenía como uno de sus coautores a Mauricio Lizcano, pero fue liderada por el representante a la Cámara Juan Felipe Lemus.

El congresista le confesó a KienyKe.com que esa iniciativa quedó archivada “por falta de tiempo y porque no hubo voluntad en la Comisión Primera de la Cámara para su trámite. Por fortuna ahora se volvió a radicar con éxito”, expuso.

Se supone que el borrador de ahora es similar al proyecto presentado el año pasado, aunque en ese momento había un poco más de énfasis en castigar a las empresas que compraran la infraestructura robada, con el fin de perseguir los llamados carteles que roban las tapas de alcantarillas.

“Encontramos que las empresas que a veces proveían o vendían esas tapas eran las que compraban las robadas. Como un círculo perverso que se tiene que castigar”, dijo Lemus.

Juan-Felipe-Lemos-Mauricio-Lizcano

Los congresistas Juan Felipe Lemos y Mauricio Lizcano, de La U, han abanderado la batalla por aumentar los castigos a quienes hurtan tapas de alcantarillas. 

“El problema es que el robo de alcantarillas se ve como un tema desprevenido que comete cualquier habitante de la calle. Pero nos hemos dado cuenta que es una red bien manejada que obra de manera cohesionada con esos indigentes, pues les compran las alcantarillas a muy bajo precio y después las venden a las empresas a costos elevados”, añadió.

El ambiente dentro del Senado para apoyar la iniciativa es favorable. Próximamente la propuesta de Lizcano avanzará a plenaria y luego a trámite en la Cámara.

Para el final del proceso se podrá conocer realmente cuál va a ser la modificación de la pena que se ha sugerido para este tipo de delitos; legisladores en Comisión Primera sugirieron ajustar las sanciones para los infractores, pues existen dudas sobre si la reforma podría ir en contravía con el código penal.