La 'mermelada' en otros países no es tan descarada como en Colombia

Aunque en tiempos recientes se hable con indignación de la llamada ‘mermelada parlamentaria’, que son recursos entregados por el Gobierno Nacional a ciertos legisladores para que los inviertan en sus regiones, este tipo de mecanismo no es nuevo ni exclusivo de Colombia. En el mundo, especialmente en los sistemas latinoamericanos, se ha acostumbrado esta práctica como parte de la gestión política, pero con estrictas limitaciones y controles que dependen de la fortaleza institucional de cada país. En casi todo el continente la lógica de negociación entre los parlamentarios y el Ejecutivo –cuando existe una separación efectiva de poderes- es una constante, pero con matices: en varios países los congresistas solamente consiguen convencer al gobierno central para que priorice proyectos en determinada región. En otros sistemas los legisladores obtienen algo parecido a los “cupos indicativos” de los que gozan los colombianos, pero existen límites para su manejo. En otras palabras, en la mayoría de naciones americanas, las personas consultadas por Kienyke.com se declararon sorprendidas por la descarada forma como en Colombia se negocian y traspasan estas partidas que, aunque estén en el marco de lo legal, no dejan de sonar como métodos clientelistas> para garantizar la gobernabilidad o complicidad política. Analistas, exministros, excongresistas y conocedores de las dinámicas políticas en la mayoría de naciones de este hemisferio y de Europa confesaron la existencia de algún grado de ‘mermelada’ en sus sistemas políticos y hablaron de su utilidad para el funcionamiento correcto de la inversión social. ¿Qué dicen de la mermelada colombiana? Estados Unidos y ‘el barril de los puercos.’ Si bien muchos podrían considerar que la institucionalidad estadounidense está blindada de este tipo de influencias y negociaciones presupuestales entre la Casa Blanca y el Capitolio, en ese país también se han dado intercambios de favores con los que los congresistas consiguen adueñarse de proyectos de inversión en algunos Estados. "Allá no lo llaman ‘mermelada’ sino ‘el barril del puerco’ (Pork Barrel). El término se refiere, en su origen, a las “sobras” presupuestales federales que los gobiernos distribuían entre algunos congresistas a cambio de conseguir el voto favorable a sus propuestas de ley. Ese barril, de acuerdo con el asesor del Congreso Estatal de Nueva York Luis Montes, fue limitado a partir de una reforma federal que se encargó que desde la formulación del presupuesto general de los Estados Unidos se ocuparan todas las partidas. De esta forma no quedaría espacio para desperdiciar el dinero en este tipo de cupos indicativos, que muchas veces eran gastados por los legisladores en proyectos injustificados o inconvenientes. “Ahora existen fondos, bonos o recursos en ese ‘barril del puerco’ que se distribuyen pero de manera muy competitiva. Por ejemplo, becas o subsidios que se ceden al congresista que presente el mejor plan para su utilización”, dijo Montes a Kienyke.com. Sin embargo, el asesor de la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York dijo que lo que ha sobrevivido -y se parece en algo a la vieja práctica del ‘barril del puerco’- son los ‘member item’. “Son recursos del estado que se entrega a un legislador estatal, quien decide a quién los distribuye. Para acceder a esos ‘member item’ el senador o representante debe cumplir ciertos requisitos y debe justificar muy bien a quién beneficia”. “Hay una estricta vigilancia por parte de los grupos ‘goo-goos’ (Good government) quienes critican cualquier acto de entregar recursos a los legisladores para que ellos los repartan con sus electores. Pero reconocen que hace parte del sistema puro democrático, aunque pareciera como una mordida o chantaje”. En Ecuador los asambleístas “sugieren” donde repartir la mermelada, pero no se la ganan El exministro de Gobierno de Ecuador Alfredo Castillo destacó que en su país la asignación de recursos, cupos, bonos o dineros a los asambleístas no existe, o al menos no de la forma directa como sucede en Colombia. “La Asamblea puede influir sobre la destinación de los recursos públicos hacia determinado proyecto o región. A veces, por intermedio de los asambleístas se puede llamar la atención gubernamental para que haga obras o invierta dineros en algún sector que ese legislador sugiera. Pero el gobierno no utiliza a los parlamentarios como intermediarios porque los recursos son enviados directamente a los gobiernos locales”, aseguró Castillo desde Quito a Kienyke.com. Según su explicación, toda práctica clientelista que exista en los sistemas políticos solo puede ser erradicada “mediante la modificación de la estructuras del Estado, porque siempre ha existido una correspondencia de intereses entre el poder Ejecutivo y el parlamentario”. La clave de la baja prevalencia de estos casos en Ecuador reside en que el poder central ha enfatizado en que la función legislativa debe respetar la gestión administrativa y no influir en la ejecución o asignación de obras. Además, el gobierno de Rafael Correa no ha tenido que enfrentar oposiciones fuertes dentro del Congreso, así que no ha visto necesario congraciarse con los asambleístas para que le aprueben sus iniciativas. Argentina y los ‘amores de alquiler’ El sistema argentino, de acuerdo a varios analistas consultados, goza de un alto prestigio de legalidad y respeto a la institucionalidad en las cámaras nacionales (Senado y Cámara de Diputados). El escritor y analista Franco Rinaldi señala que hay una práctica institucionalizada llamada ‘pensiones graciables’. “Las tienen los diputados y senadores. Se les entregan 10 mínimo, y la pueden invertir en quienes ellos consideran que lo merezcan. Para muchos es una práctica clientelar”. Además de esas pensiones, los diputados y senadores gozan de influencias para la asignación de recursos a determinada obra en su región, pero no son ellos los encargados de hacer la contratación o seleccionar al contratista. Los controles se han hecho estrictos luego de un escándalo que golpeó en el año 2000 al entonces presidente Fernando de la Rúa, cuando una reforma laboral resultó siendo aprobada presuntamente tras haber sobornado a senadores para que la votaran. Los sobornos se hicieron a través de contratos entregados a dedo a los legisladores, el método clientelar que se ha denunciado en varias naciones latinas. “En Argentina llamamos esas influencias como ‘amores de alquiler’. El Ejecutivo Nacional, particularmente el de Cristina Fernández, tiene en general una práctica regular y sostenida de adquirir voluntades de legisladores mediante el manejo de la caja del Estado central”, destaca el analista Rinaldi, crítico del Kirchnerismo. En Perú “la práctica no es tan obvia” En el Perú los congresistas tienen también la posibilidad de gestionar recursos a favor de las comunidades que los eligieron, pero no se les asignan de forma directa (como cupos indicativos o partidas de regalías), sino que deben conseguirlos a través de proyectos legislativos. De acuerdo con el analista político Francisco Belaunde, “el Gobierno Nacional siempre toma contacto con los gobiernos locales para financiar proyectos de forma directa. Los congresistas solo pueden haber influido en ello a través de proyectos legislativos. No existe esa práctica tan obvia como la que he conocido en Colombia”. No obstante, el experto destaca que en Perú ha surgido algo parecido a la ‘mermelada de gobernadores locales’. “Como se benefician a los gobernadores con los recursos estatales, se podría utilizar ese favor a los gobernantes para luego ser movilizados políticamente o en actividades partidarias electorales”. En este país andino hay un estricto Sistema Nacional de Inversiones Públicas que “pone una serie de condicionamientos para las inversiones, que tienen que ser muy justificadas, con estudios de actividad, como concursos de méritos. Esto restringe mucho la posibilidad que desde el Parlamento se puedan forzar inversiones públicas”. Brasil y la herencia del ‘mensalão’ El gigante suramericano tiene en investigación un gigantesco escándalo conocido como el ‘mensalão’, que consiste en la supuesta compra ilegal de votos en el Congreso durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Se habrían pagado unos 70 millones de dólares en favores políticos a los legisladores, muchos de ellos a través del desvío de fondos, bonos, subsidios y contratos. El periodista político y consultor Manuel Martínez explicó desde Brasilia que las heridas del ‘mensalão’ han hecho que se “arrecie” la fiscalización sobre el manejo que los miembros del Congreso Nacional hacen a los auxilios que el gobierno federal les otorga para reinvertir en su región. Según su explicación, el caso brasileño sería el que más se asemeja al colombiano. “Es una necesidad de los legisladores convencer al gobierno que les separe algún dinero para proyectos en sus regiones. Esa solicitud no libra a los congresistas de futuras presiones de parte del Gobierno. Existen varias dudas de que se haya cambiado algún voto que resulte favorable al gobierno por esos beneficios”, estimó Martínez. Este ejercicio es legal y se negocia desde la formulación del presupuesto federal. “Y no está mal visto. El problema es que cuando el dinero llega a un diputado federal, consigue algún contratista para que haga un hospital y ese hospital queda mal construido, por ejemplo, se genera un escándalo. El diputado gestiona ese dinero a un contratista y este puede utilizar material de segunda para hacer la obra; ahí está la corrupción”, sentenció. Brasil tiene tribunales de cuenta, tanto federales como regionales, que investigan la ejecución de obras y presupuestos. Es como un equivalente a la Contraloría colombiana. “Por esa fiscalización de los tribunales de cuenta, los auxilios que se otorguen a los congresistas deben ser más discretos y esos diputados deben saber cómo usar bien los dineros, porque corren el riesgo que los pillen con las manos en la masa”. Chile no le pone esa tentación a los parlamentarios En Chile la figura de auxilio o bonos a los parlamentarios para que reinviertan en las regiones no existe, según explica el investigador del Centro Libertad y Desarrollo Jorge Ramírez. Los congresistas reciben una remuneración preestablecida y además una asignación parlamentaria que solo sirve para financiar sus oficinas parlamentarias. "En cambio, los legisladores cuentan con la opción de negociar ante el Gobierno Nacional que, a cambio de facilitar la aprobación de un proyecto de ley oficial, ese proyecto incluya un beneficio especial para su región. La práctica es vista como sana y necesaria para que el Estado central fije su inversión en las regiones", explicó. “Los congresistas que son sobre todo de regiones extremas (norte y sur), sienten que sus comunidades se encuentran alejadas de la política central, así que proponen aproyar un proyecto de ley a cambio de inversión en sus regiones. Esto se usa sobre todo por parte de opositores que resultan alineados. Es algo muy bien visto por el electorado local, que encuentra buena gestión de sus parlamentarios”, añadió. Las dificultades de la ‘mermelada’ en Venezuela El gobierno venezolano prefiere gestionar los recursos de la nación directamente a través de las gobernaciones de los estados del país. Su naturaleza federalista hace también independiente el manejo de recursos en las regiones, no obstante algunas veces los Estados deben pedir ayuda a Miraflores para completar los dineros que requieren en sus obras. Los diputados venezolanos tienen la posibilidad de influir en esa decisión y, en algunas ocasiones, manejar directamente los recursos en proyectos de interés nacional, una práctica que para Daniel Varnagy, experto en política e investigador de la Universidad Simón Bolívar, no es clientelista sino corrupta. “Se han visto casos donde los diputados han tenido una participación alta en el manejo de proyectos y presupuestos de la república. Muchos diputados parecieran obtener beneficios de naturaleza personal por favorecer a algunos grupos contratistas”, denunció. Sin embargo esta lógica no es necesariamente alentada de parte del Ejecutivo, debido a que por la polarización que hay en la Asamblea Nacional es imposible que el oficialismo trate de convencer a la oposición de votar a favor de alguna iniciativa gobiernista a cambio de bonos o recursos para invertir en sus regiones. “Por esa polarización, al Gobierno le queda más fácil despojar de su investidura a los parlamentarios, que intentarles aplicar esa ‘mermelada’ que se denuncia en Colombia. Así sucede ahora con la diputada María Corina Machado”. En Bolivia los legisladores solo administran su dieta parlamentaria El exministro de Desarrollo de Bolivia Gustavo Pedraza descartó que en la historia reciente boliviana se registren intercambios de recursos o auxilios para los congresistas de su país de parte del Gobierno Nacional, porque los únicos recursos que administran los diputados son sus dietas y gastos administrativos. “El legislador solo puede conseguir recursos para su región a través de iniciativas legislativas, y deben ser obras de interés nacional, porque se deberá instruir al poder Ejecutivo para su ejecución”, sostuvo a Kienyke.com el exfuncionario. En Bolivia, el legislativo es de mayoría afecto a Evo Morales así que no necesita el gobierno nacional recurrir a este tipo de negociaciones para garantizar su gobernabilidad. En España y Europa así se juega la política En palabras del analista español Miguel Benito, en la mayoría de gobiernos europeos el sistema de auxilios parlamentarios para inversión en sus regiones funciona pero de forma sutil y mínima. “Son gestos que en democracias europeas favorecen las relaciones Ejecutivo-Legislativo. En España esos bonos se dan a los partidos para que inviertan en sus comunidades autónomas. Los partidos, no los diputados, son los que concretan las obras”, estimó Benito. Al canalizar los recursos a través de los partidos políticos, el éxito de las obras le otorga prestigio y buen nombre a la colectividad y no a los particulares. “Y como el presidente de Gobierno proviene del partido de las mayorías, es muy común que haya más de estos beneficios de recursos para el partido que gobierna. En otras naciones de Europa las negociaciones dependen de la posibilidad de influencia que tenga el gobernante sobre los partidos de sus parlamentos, pero se considera una negociación legítima. Hay organismos de control con amplia posibilidad sancionatoria. Esas ayudas a los parlamentarios no se ven como una prebenda, sino como una forma de ganar clientelas electorales, porque son recursos que se distribuyen en las regiones que los eligieron”. Twitter: @david_baracaldo