El pasado miércoles 11 de octubre, mismo día que en la Corte Constiucional se votaba para blindar jurídicamente los acuerdos de paz, el Gobierno, la Fiscalía y las Farc realizaron una extensa reunión con el fin de destrabar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante su paso por el Congreso.
Varios fueron los puntos de la JEP que se discutieron y en los que las partes tenían discrepancias, en especial temas relacionados con diferentes delitos enmarcados en el conflicto armado como el narcotráfico, testaferrato, y penalización para disidentes y reincidentes.
Seis horas duró la reunión en la Vicepresidencia de la República, en la que participaron el Ministro de Interior, Guillermo Rivera; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; y los excomandantes de las Farc, Pastor Alape e Iván Márquez.
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Este encuentro tenía el objetivo de reconciliar las posturas encontradas entre las partes, en especial la de la Fiscalía, ya que Martínez fue uno de los más críticos de la JEP en los últimos meses.
Al parecer hubo acuerdo, y los puntos que causaban más preocupación fueron tratados exitosamente y estarán en el texto definitivo que pasara a revisión y votación en el Congreso.
Concluída la reunión el fiscal Martínez destacó que hubo un diálogo ameno, y pidió a la ciudadanía “que apoye para que todas estas propuestas salgan adelante porque están inspiradas en el orden jurídico y en los valores de la sociedad colombiana”.
Por su parte, el Ministro Rivera destacó que la conversación giró en torno a algunas precisiones y puntos claves que era necesario aclarar: “Descubrimos que estamos de acuerdo en los objetivos. En lo que creo que avanzamos fue en la precisión de la redacción para que no haya dudas sobre las competencias de la justicia para la paz y de la jurisdicción ordinaria, pero fue un diálogo fluido”.
