Abecé de la Ley de Tierras que genera polémica

Abecé de la Ley de Tierras que genera polémica

11 de mayo del 2017

Como ha ocurrido durante décadas, el asunto de las tierras en Colombia abre un amplio debate que parece no tener fin. Esta vez, son dos los temas que generan ampolla entre partidos políticos, gremios económicos, colectivos sociales y la ciudadanía en general: La más reciente solicitud de la Contraloría y la Ley de Tierras. Por un lado, el ente de control pidió a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), emprender acciones judiciales para anular las ventas de predios de origen baldío en casos de acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) o enajenaciones de adjudicatarios originales sin los requisitos legales.

En ese sentido, el ente de control advirtió sobre 33 casos concretos, referentes a 322 predios, 12 de ellos situados en Córdoba, entre los que se incluye ‘El Ubérrimo’, del expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, además de otros predios del Meta, Caquetá y Vichada pertenecientes a familiares del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; a la del exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde y a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Un hecho que para José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), muestra que la Contraloría “está al servicio de odios políticos”.

Mientras unos aplauden el pronunciamiento del ente de control, otros defienden sus tierras y su buen nombre. Uribe fue uno de los primeros en salir al paso. Dijo que sus tierras son compradas legalmente y no constituyen acumulación ilegal. Entre tanto, el ministro Iragorri fue enfático al señalar que no tiene “ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana” y que además, confía en “la buena fe” de sus allegados.

Baldíos y paz

Este primer hecho lleva a explicar, necesariamente, qué son los baldíos y por qué se habla tanto sobre los mismos. Se trata de tierras que no son de propiedad privada, que pertenecen a la Nación y por ende no están siendo explotadas. Terrenos que en la actualidad no cuentan con registro claro.

Para el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, lo que señaló la Controlaría se relaciona directamente con un segundo asunto, el Acuerdo de Paz alcanzado entre Gobierno y Farc. De hecho, el primer punto que estudiaron las partes en la mesa de conversaciones fue ‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral’, que se refiere a “promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa”, y que incluye los denominados baldíos para los campesinos.

Según explica el analista a Kienyke.com, el Acuerdo plantea “la legalización de los títulos, porque cerca del 65% o 70% de las tierras no tienen historia ni catástro”, algo a lo que “los dueños de las tierras siempre se han resistido”.

Una situación problemática y desigual, como lo concluye el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) que en noviembre de 2016 presentó un estudio mediante el cual, aplicando el coeficiente Gini (que permite, a partir de una fórmula matemática, medir la desigualdad), indica que la desigualdad en los predios del campo alcanza el 89,7%.

Para entenderlo mejor, la entidad mostró que existen cerca de 3,7 millones de predios rurales, con una extensión de 61,3 millones de hectáreas en manos de 3’552.881 propietarios. De ellos, explicó el Igac, el 25 por ciento son los dueños del 95% del territorio.

ley de tierras

Foto: Unimedios

¿La Ley de Tierras pone en peligro la propiedad privada?

Para ir más allá, es preciso hablar de un segundo punto, reciente y polémico. Se trata de la llamada Ley de Tierras, una iniciativa del Gobierno que espera, de acuerdo con el Acuerdo de Paz, formalizar la propiedad rural después de más de 50 años de conflicto armado.

Así lo explica Aurelio Iragorri: “La realidad de inequidad del campo colombiano, los niveles de pobreza, la falta de formalización de los títulos de propiedad y de acceso a tierras por parte de la población campesina, hacen necesaria la expedición de una nueva norma”.

Días atrás la Agencia Nacional de Tierras difundió un borrador del proyecto de Ley de Tierras, que de inmediato provocó el rechazó de colectividades tanto de izquierda como de derecha.

Incluso, siete organizaciones sociales como la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y un grupo de congresistas del Polo Democrático y la Alianza Verde, enviaron una carta a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del Acuerdo Final con el fin de advertir sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto y asegurando va en contravía de lo acordado en La Habana, porque permitiría “entregar los baldíos a personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, estableciendo incluso mecanismos de acceso a título oneroso para personas que ya tengan propiedad y ostenten patrimonio neto superior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Para el senador Alberto Castilla, “en lo sustancial significa una contra reforma agraria que viola la constitución, no solo porque desconoce al campesinado en todo su articulado, sino porque además, no le brinda las garantías como sujeto de especial protección, no protege su cultura, su arraigo y permanencia en los territorios y niega las formas tradicionales de producción agrícola”.

Pero no fueron los únicos que expresaron sus peros a la iniciativa de la Ley de Tierras. Desde el Centro Democrático, el senador Jaime Amín consideró que las “concesiones” dadas a las Farc terminarán por “desvalorizar el concepto de propiedad privada” para “facilitar que más de cinco millones de hectáreas puedan ser entregadas a quienes realmente no son los poseedores y propietarios”.

Posición que comparten gremios Fedegán, encabezado por Lafaurie:

“Existe un grave peligro de la propiedad privada. El Gobierno negoció un acuerdo sobre desarrollo rural y tierras a espaldas del país, desconociendo la voluntad popular y ahora con este trámite intentará imponer un proyecto de ordenamiento social que afecta no solo la propiedad privada, sino toda la estructura mediante la cual todos los propietarios tendrán que acogerse. Es un revolcón completo”, apunta.

Frente a los comentarios, el Gobierno va más allá y afirma que la idea es dar “más garantías a los propietarios y establecer las condiciones para brindar seguridad jurídica a empresarios del campo e inversionistas para aumentar la productividad del país”.

Aunque se decía que la iniciativa sería radicada bajo el mecanismo del fast track (vía rápida), -hecho que también produjo descontento entre diversos sectores- el secretario general de la Presidencia de la República, Alfonso Prada, manifestó en las últimas horas que será presentado al legislativo para un debate de cara al país.

Según el funcionario, han sido recibidas más de 1.500 reclamaciones, pero por ahora, el proyecto de Ley de Tierras será expuesto a las Farc para también conocer su punto de vista.  Entonces, la discusión continuaría en las próximas semanas. Un tema caliente, en el que una vez más, no hay consenso frente al enredado desarrollo del campo en Colombia.