Así funcionará la ley de sometimiento de bacrim

Congreso de la República

Así funcionará la ley de sometimiento de bacrim

25 de octubre del 2017

Este miércoles el Gobierno dejará en manos del Congreso el proyecto de ley que busca someter y judicializar a miembros de bandas criminales como el clan del Golfo. El proyecto establece como condiciones la entrega de bienes, lista de testaferros y menores de edad, además de “blindar” la extradición.

El pasado 5 de septiembre alias “Otoniel”, máximo líder de la banda criminal el clan del Golfo, envió un mensaje al Gobierno Nacional donde expuso su interés y el de la organización de someterse a la justicia. En este sentido, el presidente Juan Manuel Santos en respuesta a esta iniciativa propone un proyecto de ley de 30 páginas, radicado este miércoles en el Congreso de la República en el que se detalla de qué manera las bandas criminales podrán acogerse a la justicia.

El proyecto de ley, que permite judicializar a organizaciones criminales, está abierto para Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Así pues, el Consejo de Seguridad Nacional determinó que el Clan del Golfo, los Pelusos (el reducto del Epl que comandaba Megateo) y los Puntilleros, que operan en los Llanos, deben ser catalogados dentro de las organizaciones establecidas anteriormente.

Uno de los puntos que establece el proyecto de ley es el “blindaje” a la extradición, es decir, el sometimiento de los miembros de bandas criminales no impide que la justicia colombiana pueda enviarlos ante autoridades extranjeras por ejemplo a Estados Unidos por casos de narcotráfico.

“En ningún caso la sujeción a la justicia, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, impedirá la extradición de miembros de los grupos armados organizados”.

Para ser incluidos a este proceso legal, los miembros de las bandas criminales deben manifestar su interés de someterme a la justicia a través de un documento escrito y brindar la información pertinente para identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes”.

El gobierno exigirá que los delitos sean reconocidos de forma colectiva e individual. Además del reconocimiento de las víctimas y los bienes fruto de las actividades delictivas por lo que será indispensable la entrega de “información de los testaferros del grupo y sus miembros”.

Otro punto fundamental es el compromiso ineludible de identificar y entregar a los menores de edad que forman parte de la organización criminal para que pasen a manos de la protección del Estado.

Etapa judicial

En este proceso se aplicará la judicialización colectiva. Donde se incluirán aproximadamente 50 personas por sesión lo que garantiza celeridad en los procesos. Las victimas podrán participar y presentar objeciones durante los procesos.

La fiscalía delegará los fiscales que sean necesarios para investigar y posteriormente hacer las acusaciones colectivas.

Aceptar cargos podrá tener una rebaja hasta del 40% de la pena impuesta, pero, “esta rebaja no será acumulable con otras disminuciones de pena reguladas en la legislación ordinaria”. De igual forma, si alguno de los miembros del grupo armado organizado no acepta cargos, perderá los beneficios.

Una vez terminado el proceso de judicialización dentro de los centros de reclusión, los presos podrán acogerse a programas de educación y formación de proyectos productivos que serán financiados con una parte del dinero entregado por las bandas.

Finalmente, el proyecto de ley irá vía ‘fast track’, pues es complementario a las normas de paz. Así, la versión que irá al Congreso agrava las penas para los miembros de las bandas criminales que atenten contra la implementación de los acuerdos de La Habana.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO