Esta semana inicia en la Cámara de Representantes la ponencia sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, luego de haber sido aprobada con algunas modificaciones por el Senado de la República.
Tramitar la JEP es una prioridad para el Gobierno, en especial dado que la fecha límite del Fast Track es el próximo jueves 30 de noviembre, por lo que queda menos de dos semanas para que la reglamentación de esta jurisdicción se concrete.
No se antoja una tarea sencilla, en especial luego de que la discusión en el Senado tardara más de un mes en realizarse por falta de quórum. Además, hubo varias modificaciones al texto original y nuevos artículos agregados que deben ser conciliados. Sin embargo, los defensores del proyecto de ley estatutaria confían en que la corporación dé celeridad al proceso.
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Ante esto, el presidente de la Cámara Rodrigo Lara aseguró que las dificultades serán superadas, pero no se realizará el proceso de de manera acelerada: “Hemos sido muy enfáticos con el Gobierno, aquí todo se va a deliberar y todo se va a discutir y tenemos la plena garantía que lo que ha entrado aquí en Cámara de Representante en materia de implementación ha mejorado sustancialmente”.
Uno de los puntos que más polémica ha causado es la participación de terceros en la Justicia Transicional. Lo aprobado en el Senado especifica que los terceros solo acudirán a la JEP de manera voluntaria, sin ser citados previamente a una audiencia. Para muchos es permitir que quienes hayan cometido crímenes de guerra sin pertenecer a algún grupo armado no comparezcan ante la justicia.
El presidente Juan Manuel Santos se pronunció al respecto: “Es una torpeza de los terceros y sus defensores insistir en dejarlos por fuera de la JEP, porque si se descubre que cometieron algún delito de lesa humanidad, con solo contar la verdad se hace acreedor a los beneficios, si se va a la justicia ordinaria podría enfrentar penas de hasta 60 años”.
Por su parte, el representante Hernán Penagos, ponente del proyecto, explicó otros puntos importantes que tiene la JEP para la pasar en Cámara. Por ejemplo, causó polémica la exclusión de responsables de delitos sexuales.
"Quienes hayan cometido delitos de abuso sexual contra menores de edad, no tendrán ningún tipo de beneficio ni en la Justicia Especial para la Paz ni en la Justicia Ordinaria. Creo que es un mensaje claro que quienes hayan abusado de menores no tengan ninguna garantía de tratamiento especial", aseguró el representante.
Penagos también se refirió a las propiedades de los exguerrilleros: "Sobre ese tema las Farc tienen la obligación de entregar todos los bienes que hayan obtenido en ejercicio ilícito y si no entregan esos bienes o no denuncian los testaferros de esos bienes, pues simplemente se van a ver sometidos a nuevas investigaciones que las puede hacer la Justicia Ordinaria".
