Hace casi cuatro meses las oficinas de la Personería del municipio de Calima el Darién, en el norte del Valle de Cauca, se vinieron al piso. Literalmente los techos de la edificación cedieron por una filtración de agua y destruyeron un viejo escritorio, unas sillas de madera y un computador que había sido donado por Acción Social hace algunos años. El personero y su secretaria, los únicos dos funcionarios que tiene esta entidad en la población de 18 mil habitantes, se llevaron una sorpresa cuando al día siguiente fueron a atender a la fila de casi 20 personas que a las 8 de la mañana ya aguardaban por una cita. Abrieron la puerta y su sitio de trabajo estaba devastado.
Las paredes también se afectaron por la humedad, pero lo que obligó al personero Jaime Andrés Niño a cogerse la cabeza con las manos fue ver que montones de hojas, documentos y carpetas estaban mojadas y arruinadas.
“Como que dejaron un lavamanos abierto en el segundo piso, se regó y se dañó”, describió el personero Niño a KienyKe.com argumentando que su oficina queda en el mismo edificio donde opera el Palacio Municipal, una estructura antigua de la que, lamentablemente, resultó afectado solo el despacho del encargado de la veeduría ciudadana y la defensa de los derechos humanos.
Mientras los reubicaban y trataban de recuperar la información perdida, la Personería de Calima el Darién dejó de operar. Nadie quería ofrecer dinero para reconstruir la oficina y del presupuesto que por ley le toca a dicha entidad no alcanzaba ni para comprar un escritorio. Debido a la categoría del municipio, el presupuesto para la Personería no supera los 84 millones de pesos anuales, que alcanzan apenas para pagar gastos de funcionamiento (nómina) y ocasionalmente papelerías.
La alcaldía, finalmente, decidió apoyar en la reconstrucción del lugar, pero solo ayudó con el arreglo de las paredes. “El techo tocó reconstruirlo ahí con tablitas que quedaban”, dice el personero. Con donaciones de la población adquirieron un escritorio, levantaron una división para que el personero tuviera un espacio para escuchar en privado a los ciudadanos que requerían su ayuda, consiguieron un computador viejo “de los de pantalla gorda”, el cual comparte él y sus única asistente, y también obtuvieron prestado un archivador. “Y nos han prestado unas sillas ‘Rímax’ para atender al público, porque antes ni teníamos. Estamos funcionando a media máquina mientras miramos las gestiones que podemos hacer para obtener más ayuda”, denunció el funcionario.
Y pareciera que en la personería de Calima el Darién hacen toda clase de pericias para atender a unas 50 personas cada día que solicitan apoyo del representante del Ministerio Público en el pueblo. Muchos de ellos son víctimas del conflicto quienes deben dar declaración de su drama para, si tienen suerte, ser en algún momento reparados por la nación. En este lugar tienen 1.400 casos de víctimas solo por desplazamiento. Lo menos que esperan es acaso contar con otro funcionario que ayude en la digitación de las denuncias que son remetidas a Bogotá, donde finalmente toman las decisiones, y contar con equipos de oficina para trabajar.
El personero de este municipio vallecaucano cuenta con apoyo ocasional de la alcaldía, que “a veces manda a un funcionario extra para tratar de librar trabajo y atender víctimas”. Su región fue azotada por la operación del Bloque Calima de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia. Quienes sufrieron el castigo paramilitar acuden con frecuencia a la personería en espera de ayuda.
Luego de meses de solicitud de ayudas, la Personería de Calima el Darién volvió a funcionar.
No es muy diferente la suerte con la que trabaja el personero de Bojayá (Chocó), Jeremías Moreno. El pueblo, que hace una década fue arrasado por un monstruoso ataque de la guerrilla de las Farc, no cuenta con las mínimas condiciones para el trabajo de funcionario que atiende a víctimas de conflicto y sortea situaciones de crisis humanitaria. El presupuesto de la personería en Bojayá es el mismo de Calima el Darién, $84 millones, pero el dinero en este momento se encuentra embargado. “Por manejos irregulares de las anteriores dos personerías, no se pagaron parafiscales y nos embargaron la cuenta. La deuda es de 100 millones de pesos. Tendríamos que trabajar gratis más de un año para pagarlo. Precisamente ahora estoy trabajando sin salario, porque no hay de donde sacar para la nómina”, denunció el personero de este pueblo del Atrato.
Sus males no terminan en no tener dinero para trabajar. El agente ciudadano dice que trabaja con un computador en pésimas condiciones, así que debió conseguir otro con recursos propios. Sin dinero de presupuesto tampoco ha podido acceder a Internet, así que debe viajar a Quibdó durante más de cuatro horas en lancha en busca de una computadora con acceso a la red. Como toma declaraciones en papel y las transporta cada 15 días hacia la capital de Chocó, suele tener que asumir personalmente el costo de los desplazamientos.
En su oficina sólo cuenta con una secretaria con quien se bandean para atender a 12 mil habitantes. Muchas de las 32 comunidades indígenas de Bojayá están ubicadas a seis horas de la cabecera municipal, y para viajar a atenderlos suele aprovechar el aventón que consiga con funcionarios de la alcaldía que tengan programadas algunas visitas.
“Hay temporadas que no me muevo. De haber condiciones, estaría dos días en rural y tres días en la oficina. En ocasiones me toca pedir pasaje a embarcaciones que no me cobren. Pero toca atender muchos casos de víctimas de conflicto, desplazamiento, vinculación de menores o reclutamiento forzado, violencia de género y homicidios”, detalló Jeremías Moreno.
Su oficina es un espacio 3X4 prestado por la alcaldía. El tamaño es motivo de otra denuncia, porque no tiene forma de atender a las víctimas “en condiciones dignas ni de privacidad”.
El 80% de las personerías son pobres
Lo que sucede en Calima el Darién y Bojayá es espejo de situaciones que viven muchos más personeros en el resto del país. El 80% de las personerías en Colombia son pobres; no tienen un computador adecuado, acceso a Internet, mobiliaria suficiente para los funcionarios que trabajan o para la comodidad de los ciudadanos que buscan un servicio. Esta denuncia la hace a KienyKe Andrés Santamaría Garrido, el presidente de la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper).
De los 1.118 municipios de Colombia, más de 950 son de categoría 6, es decir que tienen un precario presupuesto para estas entidades. En casi todas las personerías no trabajan más que el personero y su secretaria. En la Costa Norte y el Pacífico abundan despachos de veedores ciudadanos de no más de 7 metros cuadrados, sin sillas, escritorios y ni siquiera equipos de comunicaciones. Incluso en Boyacá, denuncian casos de personeros que viajan hasta ocho horas para conseguir prestado algún computador y digitalizar las declaraciones de las víctimas que atienden.
Andrés Santamaría, personero de Cali y presidente de Fenalper.
Es una situación grave, si como dice el dirigente de Fenalper, se comprende la importancia de estas entidades en los municipios. “Son los promotores y defensores de Derechos Humanos. Son los que hacen vigilancia a los gobiernos locales. Son los veedores de la función pública y son el escenario en el que tanto personas ordinarias como víctimas encuentran defensa a sus derechos”, explicó Santamaría, que es también personero de Cali.
Y sobre todo, tienen ahora una función indispensable en asuntos de reparación de víctimas y cumplirán un roll fundamental en caso de un eventual posconflicto. “Los personeros están encargados de recibir a las víctimas en sus municipios, y además de darles atención prioritaria, deben tramitar su caso para que las ayudas las envíe el Gobierno Nacional. Pero para cumplir con esa Ley de Víctimas, la mayoría de personeros saben que no cuentan con condiciones técnicas para dar abasto suficiente. Esto muestra la irresponsabilidad del gobierno en el tema de víctimas. Los único que le dieron a los personeros del país para que atendieran esta tarea tan importante fue capacitación”.
El problema no sería solo del gobierno de turno, sino que se trataría de un inconveniente estructural. La Ley 617 ordena que dependiendo de la categoría del municipio, así será el presupuesto para sus entidades. Resulta irónico que la mayoría de poblaciones flageladas por el conflicto armado, afectadas por altos índices de desigualdad y violaciones de derechos humanos, son municipios de categorías 5 y 6. Son los que menos recursos reciben y sus personerías las más deterioradas. En cambio grandes ciudades, cuya vivencia del conflicto es incomparable con lo que se ha experimentado en la provincia, cuentan con grandes presupuestos y además, ayudas de la nación apetecidas por los pueblos más pobres.
“Bogotá tiene 100 mil millones de pesos en presupuesto de su personería. Un municipio como Bojayá tiene $85 millones anuales. Además a Bogotá le dieron, fuera de ese presupuesto, una ayuda de kit tecnológico con 35 computadores. Y ya hemos dicho que la mayoría no tienen ni un computador. Ese es el gran problema del gobierno nacional, que los recursos los centralizan. A Bogotá le queda fácil comprar esos computadores por presupuesto, mientras que a los otros pueblos no, y esos pueblos sí piden ayuda y se la niegan. Eso es vergonzoso”, agregó.
La situación de los personeros es difícil no solo en lo material. El 20% de estos funcionarios en Colombia han sido amenazados, y varios de ellos son intimidades por los mismos alcaldes de los pueblos que rechazan su vigilancia. “Ha habido alcaldes que agreden o intentan agredir a los personeros, o les quitan las transferencias a las personerías para ahorcarlos en su funcionamiento”. Y es verdad; Kienyke.com encontró a una funcionaria a la que la castigaron por cumplir su deber.
La castigaron a 'fuetazos'
A la personera de Cumbal (Nariño) los gobernantes indígenas del municipio la golpearon con un fuete, con el auspicio de las autoridades civiles. Andrea Pantoja Imbacuan fue juzgada y castigada en un consejo exprés que la determinó culpable por desafiar al poder indígena en cumplimiento de sus funciones. Ante la corte del resguardo del Gran Cumbal, la personera compareció el martes 12 de julio de 2012 por hechos ocurridos un par de días antes.
El domingo anterior, miembros del resguardo apresaron a un menor de edad que trataba de robar una motocicleta. El adolescente no era indígena y sus padres exigieron que fuese procesado bajo la vigilancia de Bienestar Familiar y la policía de infancia. Sin embrago el comandante de policía de Cumbal, Richard Nixon Pájaro, se negó a entregar al menor a las autoridades competentes argumentando que tenía que custodiarlo “por un compromiso y un favor que le estaba haciendo al gobernador del resguardo”, según detalló la personera a KienyKe.com.
Tanto la Personera como el Comisario de Familia intercedieron para hacer cumplir la ley colombiana y lograr que se reconociera que el joven no podía ser juzgado por la jurisdicción especial indígena, pues no pertenece a dicha comunidad, y que además por ser menor de edad debía ser tratado por la policía de Infancia de Ipiales. El lunes 11 de julio lograron la liberación del menor, no sin antes despertar la ira indígena.
Reportes de prensa que denunciaron el castigo del que fue objeto la personera y el comisario de familia de Cumbal (Nariño)
El comandante de policía, que tiene nombre de expresidente conservador de Estados Unidos, acusó ante los dirigentes indígenas a la personera por impedir que castigaran al menor infractor. Esto provocó que al día siguiente, decenas de miembros de la tribu rodearan la Personería y Comisaría de Cumbal y obligarán a los funcionarios a presentarse ante el cabildo.
En la asamblea se determinó que la funcionaria pública cometió el delito de “no consultarle al Gobernador del Resguardo si era correcta o no la protección de los derechos de este menor”, así que, en cuestión de segundos, tanto ella como el Comisario de Familia fueron condenados a recibir tres latigazos cada uno. La pena se aplicaba en ese mismo momento y la personera no tuvo opción de reclamar por temor a que la condena se agravara. La humillación y el señalamiento del que fue objeto desde entonces la motivó a denunciar ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sin que hasta ahora haya tenido alguna respuesta. Andrea Pantoja Imbacuan relató esta historia a la espera de poder ser escuchada en sus denuncias. Dice que desde entonces las autoridades del pueblo la menosprecian y la policía le niega seguridad personal.
“Eso provoca mucho dolor. Hay un descontento en el país de los personeros. Están cansados del olvido, y sobre todo de la arrogancia, porque varias autoridades nacionales incluso se niegan a hablar con ellos”, denuncia Andrés Santamaría, que informó que en el caso de la funcionaria de Cumbal, Fenalper emitió una comunicación a la Defensoría en la que pide que se exija a las autoridades indígenas pedir excusas públicas por la actuación de la que fue víctima.
Resulta contradictorio que aunque se priorice a estas entidades como interlocutoras entre el Estado Nacional y las víctimas, en medio de un discurso de paz y reparación, la mayoría de ellas no tenga ni siquiera papel para operar. “Yo sé que al presidente (Juan Manuel Santos) le han dicho que para atender el posconflicto debe acudir a las personerías. Pero si el gobierno no trata de fortalecerlas, los procesos con víctimas no van a funcionar”, responde Santamaría.
Según dice Fenalper, entidades como la Procuraduría General de la Nación han brindado apoyo importante para el fortalecimiento de las personerías en Colombia. Ahora esperan que tanto el Congreso como el Ejecutivo hagan lo propio. En la próxima Asamblea Nacional de Personeros se presentará el borrador de un proyecto de Ley para reestructurar las Personerías Municipales y fortalecerlas, tanto en recursos como en personal, para que puedan responder ante las exigencias crecientes que ahora podrían traer como reto especial la atención y reparación de las víctimas de décadas de guerra con las Farc y eventualmente el ELN.
Twitter: @david_baracaldo
Luego de meses de solicitud de ayudas, la Personería de Calima el Darién volvió a funcionar.
No es muy diferente la suerte con la que trabaja el personero de Bojayá (Chocó), Jeremías Moreno. El pueblo, que hace una década fue arrasado por un monstruoso ataque de la guerrilla de las Farc, no cuenta con las mínimas condiciones para el trabajo de funcionario que atiende a víctimas de conflicto y sortea situaciones de crisis humanitaria. El presupuesto de la personería en Bojayá es el mismo de Calima el Darién, $84 millones, pero el dinero en este momento se encuentra embargado. “Por manejos irregulares de las anteriores dos personerías, no se pagaron parafiscales y nos embargaron la cuenta. La deuda es de 100 millones de pesos. Tendríamos que trabajar gratis más de un año para pagarlo. Precisamente ahora estoy trabajando sin salario, porque no hay de donde sacar para la nómina”, denunció el personero de este pueblo del Atrato.
Sus males no terminan en no tener dinero para trabajar. El agente ciudadano dice que trabaja con un computador en pésimas condiciones, así que debió conseguir otro con recursos propios. Sin dinero de presupuesto tampoco ha podido acceder a Internet, así que debe viajar a Quibdó durante más de cuatro horas en lancha en busca de una computadora con acceso a la red. Como toma declaraciones en papel y las transporta cada 15 días hacia la capital de Chocó, suele tener que asumir personalmente el costo de los desplazamientos.
En su oficina sólo cuenta con una secretaria con quien se bandean para atender a 12 mil habitantes. Muchas de las 32 comunidades indígenas de Bojayá están ubicadas a seis horas de la cabecera municipal, y para viajar a atenderlos suele aprovechar el aventón que consiga con funcionarios de la alcaldía que tengan programadas algunas visitas.
“Hay temporadas que no me muevo. De haber condiciones, estaría dos días en rural y tres días en la oficina. En ocasiones me toca pedir pasaje a embarcaciones que no me cobren. Pero toca atender muchos casos de víctimas de conflicto, desplazamiento, vinculación de menores o reclutamiento forzado, violencia de género y homicidios”, detalló Jeremías Moreno.
Su oficina es un espacio 3X4 prestado por la alcaldía. El tamaño es motivo de otra denuncia, porque no tiene forma de atender a las víctimas “en condiciones dignas ni de privacidad”.
El 80% de las personerías son pobres
Lo que sucede en Calima el Darién y Bojayá es espejo de situaciones que viven muchos más personeros en el resto del país. El 80% de las personerías en Colombia son pobres; no tienen un computador adecuado, acceso a Internet, mobiliaria suficiente para los funcionarios que trabajan o para la comodidad de los ciudadanos que buscan un servicio. Esta denuncia la hace a KienyKe Andrés Santamaría Garrido, el presidente de la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper).
De los 1.118 municipios de Colombia, más de 950 son de categoría 6, es decir que tienen un precario presupuesto para estas entidades. En casi todas las personerías no trabajan más que el personero y su secretaria. En la Costa Norte y el Pacífico abundan despachos de veedores ciudadanos de no más de 7 metros cuadrados, sin sillas, escritorios y ni siquiera equipos de comunicaciones. Incluso en Boyacá, denuncian casos de personeros que viajan hasta ocho horas para conseguir prestado algún computador y digitalizar las declaraciones de las víctimas que atienden.
Andrés Santamaría, personero de Cali y presidente de Fenalper.
Es una situación grave, si como dice el dirigente de Fenalper, se comprende la importancia de estas entidades en los municipios. “Son los promotores y defensores de Derechos Humanos. Son los que hacen vigilancia a los gobiernos locales. Son los veedores de la función pública y son el escenario en el que tanto personas ordinarias como víctimas encuentran defensa a sus derechos”, explicó Santamaría, que es también personero de Cali.
Y sobre todo, tienen ahora una función indispensable en asuntos de reparación de víctimas y cumplirán un roll fundamental en caso de un eventual posconflicto. “Los personeros están encargados de recibir a las víctimas en sus municipios, y además de darles atención prioritaria, deben tramitar su caso para que las ayudas las envíe el Gobierno Nacional. Pero para cumplir con esa Ley de Víctimas, la mayoría de personeros saben que no cuentan con condiciones técnicas para dar abasto suficiente. Esto muestra la irresponsabilidad del gobierno en el tema de víctimas. Los único que le dieron a los personeros del país para que atendieran esta tarea tan importante fue capacitación”.
El problema no sería solo del gobierno de turno, sino que se trataría de un inconveniente estructural. La Ley 617 ordena que dependiendo de la categoría del municipio, así será el presupuesto para sus entidades. Resulta irónico que la mayoría de poblaciones flageladas por el conflicto armado, afectadas por altos índices de desigualdad y violaciones de derechos humanos, son municipios de categorías 5 y 6. Son los que menos recursos reciben y sus personerías las más deterioradas. En cambio grandes ciudades, cuya vivencia del conflicto es incomparable con lo que se ha experimentado en la provincia, cuentan con grandes presupuestos y además, ayudas de la nación apetecidas por los pueblos más pobres.
“Bogotá tiene 100 mil millones de pesos en presupuesto de su personería. Un municipio como Bojayá tiene $85 millones anuales. Además a Bogotá le dieron, fuera de ese presupuesto, una ayuda de kit tecnológico con 35 computadores. Y ya hemos dicho que la mayoría no tienen ni un computador. Ese es el gran problema del gobierno nacional, que los recursos los centralizan. A Bogotá le queda fácil comprar esos computadores por presupuesto, mientras que a los otros pueblos no, y esos pueblos sí piden ayuda y se la niegan. Eso es vergonzoso”, agregó.
La situación de los personeros es difícil no solo en lo material. El 20% de estos funcionarios en Colombia han sido amenazados, y varios de ellos son intimidades por los mismos alcaldes de los pueblos que rechazan su vigilancia. “Ha habido alcaldes que agreden o intentan agredir a los personeros, o les quitan las transferencias a las personerías para ahorcarlos en su funcionamiento”. Y es verdad; Kienyke.com encontró a una funcionaria a la que la castigaron por cumplir su deber.
La castigaron a 'fuetazos'
A la personera de Cumbal (Nariño) los gobernantes indígenas del municipio la golpearon con un fuete, con el auspicio de las autoridades civiles. Andrea Pantoja Imbacuan fue juzgada y castigada en un consejo exprés que la determinó culpable por desafiar al poder indígena en cumplimiento de sus funciones. Ante la corte del resguardo del Gran Cumbal, la personera compareció el martes 12 de julio de 2012 por hechos ocurridos un par de días antes.
El domingo anterior, miembros del resguardo apresaron a un menor de edad que trataba de robar una motocicleta. El adolescente no era indígena y sus padres exigieron que fuese procesado bajo la vigilancia de Bienestar Familiar y la policía de infancia. Sin embrago el comandante de policía de Cumbal, Richard Nixon Pájaro, se negó a entregar al menor a las autoridades competentes argumentando que tenía que custodiarlo “por un compromiso y un favor que le estaba haciendo al gobernador del resguardo”, según detalló la personera a KienyKe.com.
Tanto la Personera como el Comisario de Familia intercedieron para hacer cumplir la ley colombiana y lograr que se reconociera que el joven no podía ser juzgado por la jurisdicción especial indígena, pues no pertenece a dicha comunidad, y que además por ser menor de edad debía ser tratado por la policía de Infancia de Ipiales. El lunes 11 de julio lograron la liberación del menor, no sin antes despertar la ira indígena.
Reportes de prensa que denunciaron el castigo del que fue objeto la personera y el comisario de familia de Cumbal (Nariño)
El comandante de policía, que tiene nombre de expresidente conservador de Estados Unidos, acusó ante los dirigentes indígenas a la personera por impedir que castigaran al menor infractor. Esto provocó que al día siguiente, decenas de miembros de la tribu rodearan la Personería y Comisaría de Cumbal y obligarán a los funcionarios a presentarse ante el cabildo.
En la asamblea se determinó que la funcionaria pública cometió el delito de “no consultarle al Gobernador del Resguardo si era correcta o no la protección de los derechos de este menor”, así que, en cuestión de segundos, tanto ella como el Comisario de Familia fueron condenados a recibir tres latigazos cada uno. La pena se aplicaba en ese mismo momento y la personera no tuvo opción de reclamar por temor a que la condena se agravara. La humillación y el señalamiento del que fue objeto desde entonces la motivó a denunciar ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sin que hasta ahora haya tenido alguna respuesta. Andrea Pantoja Imbacuan relató esta historia a la espera de poder ser escuchada en sus denuncias. Dice que desde entonces las autoridades del pueblo la menosprecian y la policía le niega seguridad personal.
“Eso provoca mucho dolor. Hay un descontento en el país de los personeros. Están cansados del olvido, y sobre todo de la arrogancia, porque varias autoridades nacionales incluso se niegan a hablar con ellos”, denuncia Andrés Santamaría, que informó que en el caso de la funcionaria de Cumbal, Fenalper emitió una comunicación a la Defensoría en la que pide que se exija a las autoridades indígenas pedir excusas públicas por la actuación de la que fue víctima.
Resulta contradictorio que aunque se priorice a estas entidades como interlocutoras entre el Estado Nacional y las víctimas, en medio de un discurso de paz y reparación, la mayoría de ellas no tenga ni siquiera papel para operar. “Yo sé que al presidente (Juan Manuel Santos) le han dicho que para atender el posconflicto debe acudir a las personerías. Pero si el gobierno no trata de fortalecerlas, los procesos con víctimas no van a funcionar”, responde Santamaría.
Según dice Fenalper, entidades como la Procuraduría General de la Nación han brindado apoyo importante para el fortalecimiento de las personerías en Colombia. Ahora esperan que tanto el Congreso como el Ejecutivo hagan lo propio. En la próxima Asamblea Nacional de Personeros se presentará el borrador de un proyecto de Ley para reestructurar las Personerías Municipales y fortalecerlas, tanto en recursos como en personal, para que puedan responder ante las exigencias crecientes que ahora podrían traer como reto especial la atención y reparación de las víctimas de décadas de guerra con las Farc y eventualmente el ELN.
Twitter: @david_baracaldo
