Un nuevo encontrón entre el Gobierno y el procurador Alejandro Ordóñez se dio, esta vez en un tema distinto al proceso de paz. La polémica se generó en el marco de la aprobación de la reforma al Código Disciplinario Único, presentado por el jefe del Ministerio Público, y que este lunes fue objetado por el presidente Juan Manuel Santos.
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Las objeciones a un proyecto no son novedad alguna, a no ser por un tema controversial como es la dosis mínima de estupefacientes. El Gobierno objetó el artículo en el que la Procuraduría contempla sancionar drásticamente a los funcionarios y servidores públicos que consuman esta clase de sustancias por fuera de su oficina u horario laboral.
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Al respecto el jefe de Estado manifestó: “No es lo mismo consumir alucinógenos en el sitio de trabajo que hacerlo el domingo en un parque”. Además, el presidente de la República argumentó la objeción en que la falta para sancionar esta clase de comportamientos es considerada en la reforma como gravísima, lo que la pone a la par de delitos como el genocidio.
De hecho, la iniciativa, que será devuelta al Congreso de la República para que una comisión analice si la modifica o la deja tal cual como está, contempla una sanción de hasta 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos a aquellos servidores que sean sorprendidos bajo la influencia de sustancias psicoactivas por fuera de sus labores.
Lo extraño es que esa polémica disposición fue aprobada en sus cuatro debates en el Congreso de la República sin generar controversia entre los congresistas. Kienyke.com habló con varios de los ponentes de la iniciativa en su paso por el Legislativo pero señalaron no acordarse de este artículo.
Sin embargo, uno de los ponentes, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwuard Rodríguez señaló que el Gobierno está haciendo una campaña de desprestigio contra el jefe del órgano de control, refiriéndose a los reparos contra la iniciativa.
“Esa es una interpretación más política que jurídica, más para hacerle daño al procurador que por querer generar una observación sobre libertad. El Gobierno nacional a través del ministro Yesid Reyes acompañó el proyecto de ley, y si hubiera tenido las observaciones pertinentes las hubiera hecho en ese momento pero las viene hacer ahora”, aseguró.
Este medio digital consultó también a expertos constitucionalistas y en temas judiciales para saber si el procurador general puede hacer una cacería contra los funcionarios públicos que se fumen un porro en su día de descanso.
El exfiscal general Alfonso Valdivieso manifestó que es una competencia bastante excesiva. “Se está tocando la órbita del fuero personal y el libre desarrollo de la personalidad, y me parece que el tema se puede volver un tanto excesivo”.
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry afirmó que no es posible que el procurador sancione a los servidores públicos por fuera de su función o trabajo.
“No debe ser una falta disciplinaria por varias razones. La primera, porque cada vez se abre más paso en Colombia que el consumo de sustancias psicoactivas es más una enfermedad que una conducta punible, e incluso en otros países se está hablando de la posibilidad de legalizar el consumo de esas sustancias. Además, creo que tiene conexidad con el propósito del Código Disciplinario, que es la buena prestación del servicio, por lo que tratar de sancionar personas por una conducta en la que pueda incurrir por fuera de su trabajo y sin una relación directa con la función pública, puede ser excesivo”.
Igual percepción tuvo el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra. “El procurador general de la Nación tiene entre sus funciones la de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, de manera que el poder disciplinario del procurador se enmarca dentro de la función pública, pero por fuera del ámbito oficial, es decir, en las actividades personas de los funcionarios se escapa de la competencia disciplinaria”, dijo.
De otro lado, el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar se mostró partidario de que la Procuraduría tenga esta competencia.
“Yo creo que estas conductas hay que analizarlas en relación al servicio público que están prestando, en consecuencia no creo que sea una conducta que deba retirarse, pues si el uso de estupefacientes pueda alterar el servicio público, me parece que es un comportamiento totalmente reprochable. Esto no quiere decir que yo sea enemigo de que la gente pueda disponer libremente de estupefacientes en lugares que no alteren la función pública, ni la dignidad que debe tener siempre todo servidor público, pero no resulta lógico que a un funcionario público lo encuentren embriagado, drogado, así sea por fuera de la oficina donde presta sus servicios”, aseguró.
El exfiscal general Alfonso Valdivieso manifestó que es una competencia bastante excesiva. “Se está tocando la órbita del fuero personal y el libre desarrollo de la personalidad, y me parece que el tema se puede volver un tanto excesivo”.
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry afirmó que no es posible que el procurador sancione a los servidores públicos por fuera de su función o trabajo.
“No debe ser una falta disciplinaria por varias razones. La primera, porque cada vez se abre más paso en Colombia que el consumo de sustancias psicoactivas es más una enfermedad que una conducta punible, e incluso en otros países se está hablando de la posibilidad de legalizar el consumo de esas sustancias. Además, creo que tiene conexidad con el propósito del Código Disciplinario, que es la buena prestación del servicio, por lo que tratar de sancionar personas por una conducta en la que pueda incurrir por fuera de su trabajo y sin una relación directa con la función pública, puede ser excesivo”.
Igual percepción tuvo el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra. “El procurador general de la Nación tiene entre sus funciones la de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, de manera que el poder disciplinario del procurador se enmarca dentro de la función pública, pero por fuera del ámbito oficial, es decir, en las actividades personas de los funcionarios se escapa de la competencia disciplinaria”, dijo.
De otro lado, el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar se mostró partidario de que la Procuraduría tenga esta competencia.
“Yo creo que estas conductas hay que analizarlas en relación al servicio público que están prestando, en consecuencia no creo que sea una conducta que deba retirarse, pues si el uso de estupefacientes pueda alterar el servicio público, me parece que es un comportamiento totalmente reprochable. Esto no quiere decir que yo sea enemigo de que la gente pueda disponer libremente de estupefacientes en lugares que no alteren la función pública, ni la dignidad que debe tener siempre todo servidor público, pero no resulta lógico que a un funcionario público lo encuentren embriagado, drogado, así sea por fuera de la oficina donde presta sus servicios”, aseguró.
