En las últimas semanas, el nombre de Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, ha sido uno de los más mencionados en los medios de comunicación y redes sociales.
La controversia surgió tras la publicación de un video el 6 de noviembre en sus cuentas personales, en el que el político arrojaba a la basura unas botas de caucho pintadas que formaban parte de una instalación artística creada por las Madres de Soacha en la Plaza Núñez de Bogotá.
Esta obra, titulada “Mujeres con las botas bien puestas”, fue realizada para rendir homenaje a las 6.402 víctimas de los falsos positivos en Colombia, un trágico episodio de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército.
El acto de Polo Polo no solo generó una ola de indignación en las redes sociales, sino que también avivó un debate nacional sobre la memoria histórica del conflicto armado y la revictimización de las personas afectadas por estos horrores. El político, conocido por su postura conservadora y su apoyo al expresidente Iván Duque, fue acusado de faltar al respeto a las víctimas y sus familias, además de minimizar un hecho tan doloroso para miles de colombianos.
La instalación artística de las Madres de Soacha, un colectivo de mujeres que han buscado justicia por la pérdida de sus hijos, ha sido un espacio de visibilidad y reivindicación para quienes sufrieron la violencia estatal. Las botas de caucho, pintadas con colores vivos, representaban el coraje y la resistencia de las mujeres que han luchado por la verdad y la justicia durante años.
Por ello, el video de Polo Polo, en el que se le ve botando las botas, se interpretó como un ataque directo a la memoria colectiva del país.
El repudio en las redes sociales fue inmediato, y la indignación se extendió a distintos sectores de la sociedad, desde defensores de derechos humanos hasta políticos de oposición. La situación escaló cuando la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO), el colectivo responsable de la obra, emitió un comunicado en el que lamentaba el acto y anunciaba que tomarían acciones legales en contra del congresista.
El 6 de diciembre, la justicia se pronunció sobre este incidente. El juzgado 30 civil del Circuito de Bogotá emitió un fallo que exige a Miguel Polo Polo retractarse públicamente por sus actos. En el fallo, se le ordena al representante pedir disculpas de manera formal y pública a las madres de MAFAPO y al país a través de un medio de comunicación institucional de alcance nacional. Además, se le ordena restituir la obra artística en las mismas condiciones en que se encontraba, colocándola nuevamente en la Plaza Núñez de Bogotá, el mismo espacio donde fue inicialmente exhibida.
El fallo también deja claro que Polo Polo deberá informar sobre el cumplimiento de estas órdenes ante el despacho judicial. En un tono firme, el juez advierte que el congresista debe abstenerse en el futuro de incurrir en “conductas similares” que puedan vulnerar los derechos de las víctimas y la memoria histórica de Colombia.
Este pronunciamiento judicial no solo ha sido visto como una victoria para las madres de los falsos positivos, sino también como un mensaje contundente sobre la necesidad de respetar la memoria de las víctimas del conflicto armado. Las acciones de Polo Polo han puesto sobre la mesa una discusión vital sobre el papel de la política en la construcción de la memoria histórica y la reparación de las víctimas, que aún luchan por obtener justicia.
El caso de Polo Polo refleja la polarización política que caracteriza a Colombia, pero también pone de manifiesto la relevancia de la memoria histórica y la importancia de respetar los derechos de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado. La decisión judicial representa un llamado a la reflexión sobre cómo se debe manejar el dolor colectivo y la importancia de garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y respetadas, sin importar las diferencias políticas o ideológicas.
En resumen, el episodio ha tenido un impacto significativo en el debate público, resaltando la necesidad de una política de reconciliación que contemple la reparación integral a las víctimas, el respeto a su memoria y la garantía de que tales atrocidades no se repitan en el futuro. Sin duda, este será un tema que continuará resonando en el contexto político y social de Colombia.
