Las instalaciones del Congreso de la República amanecieron en venta como protesta al Gobierno Nacional, debido a las discusiones que se están dando sobre el proyecto del presupuesto 2020 y ante la p
Las instalaciones del Congreso de la República amanecieron en venta como protesta al Gobierno Nacional, debido a las discusiones que se están dando sobre el proyecto del presupuesto 2020 y ante la posible caída de la denominada Ley de Financiamiento.
La iniciativa la hizo el senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, quien puso varios anuncios en todos los elementos del Capitolio Nacional con un "Se Vende" como las canecas, dispensadores, estatuas, afirmando que ya está en marcha la venta de bienes estatales sin previo aviso, específicamente la de Interconexión Eléctrica S.A (ISA).
[caption id="attachment_1197139" align="alignnone" width="1024"] Foto: @JuanLuisCasCo[/caption]
Según explicó "para el 2019 el Presidente presentó un presupuesto desfinanciado en $14 billones, el cual generó una reforma tributaria disfrazada de 'ley de financiamiento' y ahora presenta para el 2020 otro presupuesto desfinanciado por $16 billones, que además incluye la enajenación de activos por $8,5 billones".
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De acuerdo a Castro ya están en curso doce procesos de enajenación de empresas nacionales por un valor de más de $10 billones, monto cercano al total de las enajenaciones realizadas durante los últimos 20 años.
Foto: @JuanLuisCasCo[/caption]
"Hemos denunciado que el Gobierno Duque le da en este presupuesto para el 2020 un peso muy importante a la deuda pública, con la asignación más alta $ 54,5 billones, de los cuales $ 28,4 billones se destinarán a la deuda principal y los $ 30,9 billones restantes a pago de intereses", afirmó el congresista del Polo.
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Arias señal que el Proyecto de Presupuesto que presenta el Gobierno ha destinado "exagerados" recursos al pago de la deuda pública dejando de lado inversión social en educación, el sector rural y del campesinado y la vivienda, entre otros importantes sectores.
"Consideramos que la deuda pública es ilegítima y pedimos una auditoría internacional de la misma", manifestó Arias.