¿Por qué en Perú sí funciona la ley frente a Odebrecht?

8 de enero del 2019

KienyKe.com dialogó con expertos de distintos sectores.

¿Por qué en Perú sí funciona la ley frente a Odebrecht?

Paradójico sigue resultando, años después de la revelación de que la constructora multinacional brasileña Odebrecht sobornó políticos en los distintos países de la región, que el proceso judicial avanza hoy de manera diligente en Perú, pero en otros lugares, como en Colombia, sigue envuelto en una bruma de impunidad y duda.

El caso se ha convertido en un foco de malestar ciudadano en el país, y de hecho se prevé para el viernes un plantón de los colombianos que se hartaron de que el proceso parece no enfocarse en las señaladas cabezas de la operación, y solo ha afectado a algunos funcionarios intermedios.

Esta iniciativa intenta seguir la misma estrategia que ha obtenido tantos avances en el Perú, donde una ciudadanía activa en el proceso ha logrado recabar la presión que forzó recientemente la renuncia del fiscal general de ese país, Pedro Chavarry, entre denuncias de vínculos con Odebrecht.

En el pasado, el gigantesco escándalo devino en Perú en el encarcelamiento del expresidente Ollanta Humala y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, la orden de captura internacional contra el expresidente y prófugo Alejandro Toledo, la investigación contra el exmandatario Alan García, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y su procesamiento, entre otros afectados.

Aquí, a pesar de que un testigo muerto dejó para la posteridad grabaciones en las que salpica directamente al fiscal general Néstor Humberto Martínez, a pesar de que su hijo también murió en extrañas circunstancias, y de que recientemente se halló cianuro en el cuerpo de otro de los testigos del caso Odebrecht, Rafael Merchán, pocas consecuencias parecen darse. ¿Qué hace que el caso avance en un país y en el otro se estanque? Kienyke.com abordó este interrogante con dos expertos.

Instituciones corroídas

Fabián Sanabria, doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, consideró que uno de los factores principales para determinar el grado de justicia de un país es si las instituciones no están cooptadas por poderes corruptos o criminales, lo que en Colombia de momento parece un imposible, menos con Odebrecht.

“En Perú hay instituciones quizá más sólidas que las colombianas. Nosotros nos hemos jactado, con nuestro santanderismo, de que nuestras instituciones son sólidas, pero en realidad son bastante leguleyas. Son bastante de fachada. La burocracia ha sido carcomida con la corrupción desde que las elites tuvieron una suerte de concubinato con el narcotráfico”, dijo.

Para Sanabria, a pesar de que tal infiltración lleva décadas, hasta ahora se está viendo con mayor alerta por parte de la ciudadanía. “Durante mucho tiempo tuvimos como chivo expiatorio a las Farc para echarle la culpa de todo lo divino y lo humano, pero sobre todo de lo diabólico. Eso se acabó con el proceso de paz”, agregó.

Sistema judicial que obstaculiza

Por su parte, para el politólogo Enrique Serrano, docente de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, y autor del libro “¿Por qué fracasa Colombia?”, hay un factor en el relacionamiento que tenemos los colombianos con la ley, y este influye en el estancamiento que simboliza Odebrecht.

“El punto crucial está en la relación de la sociedad con la ley. En otros países la relación es un poco más directa y aquí es muy mediada. En otras palabras, quien tiene buenos abogados no sale culpable de nada. Aquí los abogados tienen mucha habilidad para retardar las cosas y blindar a los acusados en base a tecnicismos jurídicos. En Colombia las cosas se resuelven teniendo dinero para pagarle a buenos juristas para que hagan su estrategia de demorar y complicar los procesos”, argumentó.

“Se llegó por tanto al punto en que acusar a alguien se volvió más bien un riesgo para quien acusa, a menos que se tenga un respaldo mediático significativo. Aquel individuo que acusa todavía es visto además, en muchos círculos, solo como un sapo. Pero también hay un funcionamiento irregular al interior del sistema judicial. Todos esos elementos contribuyen a una mayor sensacion de impunidad”, añadió.

Estructuralmente, según el experto, las élites colombianas tienen garantizadas un amplio margen de impunidad. “Colombia tiene una tradición en la que no se ataca la cima de modo directo. Ya se ha demostrado en casos como el de Ernesto Samper (Proceso 8.000): en muchos aspectos las élites están blindadas frente a la acción judicial. En muchos ámbitos se puede decir que funciona muy lentamente la ley frente a los políticos”, señaló.

¿Apatía ciudadana?

Sanabria añade a los magnates del país en ese grupo de ciudadanos a los que parece que la ley no puede tocar en Colombia: “De la misma manera que se dio un amangualamiento entre las elites y el narco, esa frase desgraciada de ‘llevar la corrupción a sus justas proporciones’, de Julio César Turbay, se volvió de moda y se instauró en el Estado colombiano. Paulatinamente se dio una puerta giratoria entre lo público y lo privado, de tal manera que los dueños del país son los empresarios y son los que ponen y quitan presidentes, senadores y representantes a su gusto. De tal forma que es muy difícil llevarlos a juicio si son hampones de cuello blanco, no hay una independencia real de la institucionalidad”.

No obstante, se ve esperanzado con el hecho de que se está formando una ciudadanía cada vez más activa, que exige llevar ante la ley a los responsables de delitos sin importar su poder o dinero. “Hay una incipiente pero real sociedad civil que apenas se está manifestando”, recalcó.

Tal situación podría ser buena en un país en el que, como explica por su parte Serrano, la constante impunidad ha generado ciudadanías olvidadizas frente al ejercicio de la justicia: “A la opinión pública se le olvidan las indignaciones y se enfría muy fácil frente a estos temas. No hay seguimiento a los affairs como ocurre en España o Francia, que están en los oídos de todo el mundo y se discuten en las tabernas. Eso no pasa en Colombia. Colombia es una sociedad permisiva, donde en muchos aspectos se tolera de un modo casi temeroso y pudoroso estos escándalos que ponen en duda la reputación de los políticos. Por eso incluso narcotraficantes están en la calle”.

Conclusión

Entre las instituciones del Estado permeadas por la corrupción, una justicia que parece impedir su ejercicio ante los corruptos, y una ciudadanía históricamente desinteresada de estos problemas, se puede explicar gran parte del problema que nos impide parecernos a los peruanos en sus avances.

De cualquier forma, existen elementos que permiten avisorar un cambio de mentalidad en el país, que ayude a presionar para cambios en la justicia colombiana y en concreto, resultados en el caso Odebrecht.

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