“No hay conflicto de competencias con la Fiscalía”: JEP

20 de noviembre del 2018

Aseguraron que no existe competencia por bienes de Farc

“No hay conflicto de competencias con la Fiscalía”: JEP

Por los supuestos ‘roces’ entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación, este martes el Tribunal Especial informó que le explicó a la Corte Constitucional que no existe un conflicto de competencias entre las dos jurisdicciones en el proceso de las medidas cautelares sobre los bienes de las Farc.

A través de un comunicado, la JEP mencionó que si la Corte decide proferir un fallo de fondo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad le solicita que declare oficialmente que el tribunal especial tiene la competencia de resolver este proceso de la exguerrilla formulado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Frente a la intervención ante la Corte Constitucional, expuso cinco razones para sustentar su posición frente al tema, entre ellas que:

“Son inexistentes los conflictos de competencia tácitos, que la Fiscalía no está planteando un conflicto entre las jurisdicciones pues no está reclamando competencia para conocer de la solicitud específica de la UIA, que no existen conflictos de competencia hipotéticos, que la Fiscalía carece de legitimación por activa para promover este conflicto de competencia y que realmente no se plantea un conflicto de competencias sino la inconformidad con unas órdenes de petición de información”, argumentó.

Reiteraron que la JEP tiene competencia preferente y prevalente para la determinación de los bienes y los activos de las Farc – Ep y que entre las dos jurisdicciones, la ordinaria y la especial, “no tiene lugar ningún conflicto” y que por dicha razón, es improcedente por cuanto no tiene otro efecto que “dilatar el trámite de estudio y eventual decreto de medidas cauterales solicitado por la UIA”.

Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz recalcó la necesidad de mantener una relación armónica con las demás ramas y órganos del poder público ““sin perjuicio de las competencias específicas e independientes de cada institución en el marco de un Estado democrático”.

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