¿Por qué no se aprueba la cadena perpetua para violadores de niños?

25 de abril del 2017

Otras de las propuestas para que haya justicia: Un banco de ADN y ley de infanticidio.

cadena perpetua

Colombia se estremece una vez más con los aberrantes casos de abuso sexual a menores de edad. Son dos los que despertaron la indignación del país esta semana: El primero tiene que ver con la muerte de Sara Yolima Salazar, una niña de tres años que fue violada, agredida y además presentaba desnutrición avanzada. Aunque llegó con vida al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima, falleció en la tarde del domingo.

También, el abuso de una bebé de solo cuatro meses de edad en el municipio Fuentedeoro, Meta. El responsable, un soldado de 19 años que fue capturado y aceptó cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo y tentativa de feminicidio agravado. De esta manera, se vuelve a poner sobre la mesa el debate de la cadena perpetua para los responsables de estos crímenes.

El truncado camino de la cadena perpetua para abusadores de niños

La discusión es de vieja data. No solo han sido estos casos los que han hecho que líderes políticos y ciudadanos exijan castigos contundentes para los abusadores.

En diciembre de 2016 el tema estuvo sobre la mesa tras la muerte de Yuliana Samboní, asesinada por el arquitecto Rafael Uribe Noguera. Aunque en esa oportunidad la justicia actuó y el hombre recibió en tiempo récord 51 años y ocho meses de cárcel, hay quienes insisten en la cadena perpetua.

“La Fiscalía debe actuar en todos los casos contra los niños con la misma celeridad con la que actuó en el caso de Yuliana Samboní. La familia es el núcleo de la sociedad. Tenemos dos opciones o la fortalecemos o seguimos viendo casos aberrantes contra nuestros niños”, expresó a propósito la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas.

Todo parece indicar que se trata de un camino difícil, que hasta el momento, no ha contado con suerte.

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Una de las primeras personas en ‘ponerse la camiseta’ fue la fallecida concejal y luego senadora Gilma Jiménez, quien lo puso en el centro del debate hace más de diez años.

Así lo explica su hija Yohana Salamanca Jiménez, que busca continuar con el objetivo que Gilma un día se propuso:

“Siendo concejal de Bogotá mi mamá le dice a David Luna, representante a la Cámara en ese momento y hoy ministro de las TIC, que formulen un acto legislativo, él no lo piensa dos veces, lo presentan en dos oportunidades; en una no tuvo debates y en la otra lo archivan. Entonces mi mamá toma la decisión de recoger las firmas para un referendo y en tiempo récord obtiene casi tres millones. Cuando llega al Congreso por primera vez le dicen sí, pero infortunadamente la Corte Constitucional le dice no”.

Aunque Jiménez subsanó los errores que subrayó el alto tribunal, por tercera vez su idea se hundió en el Congreso.

“Le dijeron no a tres millones de colombianos”, afirma Salamanca.

Los casos son cada vez más impresionantes y recurrentes. Así lo indica el ICBF, al destacar que en lo corrido de este año se han recibido más de 2.500 denuncias por abuso sexual contra menores.

Teniendo en cuenta esto, es inevitable preguntarse entonces, ¿por qué el Congreso no ha dado luz verde a la cadena perpetua?

El representante por el Partido de la U, Efraín Torres, quien formula tres iniciativas al respecto en la actualidad, cree que sus colegas “se duermen en los laureles”.

“El agravante y la gran resistencia de los parlamentarios es que la cárcel tiene el único fin de resocializar. El proyecto de cadena perpetua lo he presentado dos o tres veces  y por tiempos de trámites nunca sale, se tiene un tiempo muy corto, se tiene que modificar un artículo de la Constitución y por ende se deben hacer ocho debate en un año”, explica a Kienyke.com.

Las propuestas

Frente a esto, el congresista tiene dos proyectos además de la cadena perpetua. El primero, radicado hace un mes ante el legislativo, busca crear una gran base de datos de ADN, con el fin de que exista celeridad en los casos. 

La idea es que, de comprobar que haya material de este tipo en el cuerpo de los menores, se pueda corroborar una vez se capture al presunto autor.

“Es con el fin de que se pueda proteger al niño asesinado o violado, para que cuando capturen al sospechoso podamos tener la prueba reina”.

El segundo proyecto, a radicar en las próximas semanas, pretende agravar las penas y delitos que se hayan cometido en contra de los niños y niñas, en palabras del congresista, una ley de infanticidio. 

“Así como hay una ley de feminicidio, que agrava las penas y delitos que se hayan cometido contra las mujeres, también para aquellos que cometan asesinato, tortura o violación contra los menores. Si no existiera el feminicidio, este señor Uribe Noguera no habría recibido tanto tiempo de cárcel y si fuera un niño varón la víctima, tampoco. El agravante que usaron los jueces fue esa tipificación”, precisa.

Yohana Jiménez, por su parte, trabaja contra el tiempo para reunir al menos dos millones de firmas en un nuevo referendo. En enero registró el comité promotor y hasta la fecha no ha recaudado más de 500.000.

Pese a las adversidades, cree que sí hay voluntad política.

“Debemos reunir unas dos millones de aquí a junio. Este referendo no tiene poder, empresarios ni dinero detrás. Sin embargo, hay indignación, voluntad, entonces creo que esta vez sí hay posibilidades de llevar la causa de Gilma Jiménez, es la misma que ella propuso, no cambia ni una coma”.

Sin embargo, hace un llamado también a Cristina Plazas, para que más allá de exhortar al Congreso, apoye el referendo.

“Cada vez que pasan casos sale a hablar la directora del ICBF, yo le creo, pero ahí le pregunto, si quiere cadena perpetua, ¿donde está su entidad ayudando con el referendo? Por favor, directora, aquí estamos”, continúa.

La posición de Efraín Torres es similar. Insiste en que en ningún lugar del mundo se ha comprobado que un violador o asesino se pueda recuperar, por lo que reitera la necesidad de legislar de una vez por todas sobre la materia.

“Creo que la única solución es apartar en unos centros especiales y carcelarios a este tipo de delincuentes”.

No obstante, afirma que esta vez también podrían existir barreras. Su llamado final es al Congreso. “Por cuarta vez radicamos el proyecto y ni siquiera han nombrado ponente, sabiendo que le deben dar cuatro debates de aquí a junio, seguiremos insistiendo o sino la otra alternativa será la vía del referendo”, concluye.

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