¿Por qué han fracasado los procesos de revocatoria?

¿Por qué han fracasado los procesos de revocatoria?

4 de Mayo del 2017

Hay expectativa por el pronunciamiento que pueda dar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Al parecer, podría lanzar un “salvavidas” al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y a más de 90 mandatarios locales y departamentales contra quienes existen procesos de revocatorias en Colombia, según las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Se trata de un proyecto que podría exigir más requisitos a los comités promotores, como por ejemplo la presentación de pruebas sobre los incumplimientos de las administraciones, con el fin de demostrar que no hay intereses políticos de por medio. En ese sentido, la Registraduría tendría que transmitir a la autoridad electoral estos sustentos que logren dar cuenta de que existe “insatisfacción generalizada” para que las revocatorias puedan continuar.

Aunque este jueves se esperaba una declaración por parte del CNE sobre el asunto, se conoció que los magistrados decidieron extender el debate y resolvieron aplazar la votación. Por eso, en los próximos días se adelantaría una audiencia pública con el fin de escuchar a diferentes sectores que de alguna forma resultarían afectados. Entonces, el pronunciamiento de la autoridad electoral se podría escuchar la siguiente semana.

La posibilidad genera polémica. Si bien los grupos que lideran el mecanismo contra Peñalosa ya radicaron las primeras 650.000 firmas, es un extenuante camino, no solo para este proceso en particular sino para las demás iniciativas que se adelanten en el país. Para seguir con el caso del mandatario de Bogotá, es necesario explicar que el siguiente paso sería que la Registraduría valide 471.000 de las firmas que se recolecten hasta el próximo 12 de julio.

Entonces, ¿podrían caerse varias revocatorias por nuevas reglas del juego? Aunque es incierto afirmarlo ahora, es posible analizar algunos casos del pasado.

Según explica el politólogo Amaury Núñez, estos procesos buscan “salvaguardar el interés general gracias al control que hace la ciudadanía”, sin embargo, en Colombia ninguno ha tenido éxito desde 1996, cuando comenzaron a tener validez. En 22 años ningún alcalde ha sido revocado de su cargo mediante este mecanismo.

Foto: @AurelioSuarez

Foto: @AurelioSuarez

Las revocatorias fallidas en Bogotá

Desde que se integró la revocatoria del mandato a la Constitución de 1991, todos los alcaldes capitalinos han sido perseguidos por este mecanismo desde entonces.

El primero, el exconstituyente Jaime Castro, uno de los defensores de este mecanismo, quien recuerda que surgió por la necesidad de controlar políticamente los municipios y departamentos que se crearon en la época.

Según dice, este “coloca en manos de los ciudadanos el control político de la gestión que cumple el alcalde”, que opera efectivamente en democracias como la de Estados Unidos o la de Suiza.
Paradójicamente, otro exalcalde acorralado por este proceso encabezó ese primer intento. Fue Gustavo Petro, quien argumentaba que la crisis en el esquema de basuras se había provocado por ordenar la liquidación de la empresa distrital de aseo. No obstante, la iniciativa no prosperó porque el Consejo de Estado negó la petición.

Luego fue el turno de Antanas Mockus, quien llevaba año y medio de posesionado cuando sonaron los primeros campanazos. En esa oportunidad, no se logró la recolección de firmas para la inscripción.

También, Enrique Peñalosa ya había pasado por este mecanismo. En su primera administración, entregaron 750.000 apoyos, pero la iniciativa se hundió porque la Registraduría anuló 412.000 por no cumplir con las exigencias: haber votado en las elecciones pasadas e incluir los datos completos.

Quizás el menos arrinconado fue Luis Eduardo Garzón. Aunque padeció la amenaza de sus opositores, ningún comité promotor se inscribió finalmente ante la Registraduría.

Tiempo después, en contra de Samuel Moreno (condenado por el carrusel de la contratación), un grupo de jóvenes logró recolectar 500.000 firmas, sin embargo, tampoco se cumplieron la totalidad de requisitos.

Pero sin duda, el caso de Gustavo Petro fue el más comentado. Aunque la Registraduría avaló las firmas para que los habitantes de la ciudad acudieran a las urnas, de manera paralela avanzaba el proceso de la Procuraduría que decidió destituir al mandatario antes de que se fijara una fecha para realizar la revocatoria, lo que terminó por frenarla.

Gustavo petro y Enrique penalosa

Los peros para tumbar a los alcaldes

Una de las críticas constantes a estas herramientas de participación radica en los requisitos. Aunque la expedición de la ley 1757 de 2015 los suavizó de algún modo, aún no se ven los resultados en la práctica.
Así lo considera Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral:

“No sabemos en concreto si esos cambios ocasionarán el resultado esperado o se mantendrá la tendencia de que en Colombia no es posible revocar el mandato de ningún elegido popularmente; a razón de que las normas, hacen muy dificil llevar a cabo el proceso de consulta en su integridad. Habría en qué está fallando el nuevo diseño. Todos estos procesos (de revocatorias) seguramente van a plantear nuevamente esta discusión”, afirma.

Para entenderlo mejor, Camilo Mancera, coordinador nacional jurídico de la Misión de Observación Electoral, cuenta a Kienyke.com que sobre cada una de las etapas de revocatoria se presentan unos inconvenientes que truncan su ejecución final.

“No se hace una recolección de firmas como lo establece la norma y esta tampoco es clara en cómo se debe hacer. Cuando se recogen uno de los principales requisitos es que las firmas deben corresponder a personas inscritas a la misma circunscripción. Si se hace en Chía, por ejemplo, no puede firmar una persona que esté registrada en Bogotá. Otra causa es la improcedencia, la persona que recoge llena la información y luego pide a la gente que firme, eso no puede hacer. Igual que usar formularios que no sean de la Registraduría”.

Si las revocatorias pasan esta primera prueba de fuego, continúan las barreras, continúa Mancera.

“Cuando se aprueban las firmas y se convocan las elecciones, llega casi que una contienda electoral. (Los alcaldes y gobernadores cuestionados por su gestión) tratan de demostrar qué han hecho” (…) Incluso, puede ocurrir que “el día en que se realiza la revocatoria se hacen otras actividades para distraer y que sea baja la participación”.

El anterior, añade el integrante de la MOE, es la situación generalizada que se ve en la actualidad en Colombia.

¿Nuevas reformas?

Así las cosas, cabría cuestionar si las condiciones de las revocatorias siguen siendo excesivamente rigurosas.

Una de las propuestas viene del mismo exalcalde y exministro Jaime Castro, quien cree que se podría ahorrar tiempo y dinero.

“No deberían poner a los ciudadanos interesados a recoger las firmas, porque eso tiene un costo económico y de tiempo. Por ejemplo, ellos podrían ir a la Registraduría a que les abran un libro para firmar y no hacer todo ese proceso de verificar las firmas”.

Para el politólogo Amaury Núñez, el problema consiste en desconocer que las revocatorias son democráticas y “deben ser mantenidas y respetadas”.

Por su parte, que el coordinador de la MOE cree que es necesario esperar la decisión que estudia el CNE, para analizar si en efecto, impacta a ola de revocatorias que se han tramitado en el territorio nacional en lo corrido de 2017. Sin embargo concluye que “la gente está esperanzada con que este mecanismo de participación pueda funcionar por primera vez en Colombia”.