¿Por qué esta sala es la más odiada de las altas cortes?

23 de febrero del 2015

La Sala Disciplinaria de la Judicatura ha estado muchas veces en el ojo del huracán.

Palacio de Justicia

Si hay una sala de magistrados de las altas cortes que año tras año reciba críticas por sus fallos y comportamientos de sus integrantes es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

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El último episodio bochornoso ocurrió la semana pasado cuando el presidente Juan Manuel Santos alertó por el supuesto lobby que han adelantado algunos magistrados de esa sala en el Congreso de la República para evitar que sea eliminada dentro del proyecto de ley del equilibrio de poderes que actualmente cursa en el Legislativo.

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Sin embargo, este ha sido sólo uno de los hechos controversiales en los que se ha visto envuelta esta sala. De hecho, la semana pasada la sala plena de la Corte Constitucional le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes investigar a la magistrada de dicha sala, María Mercedes López Mora, por haber anulado una condena, por vía de tutela, contra un empresario antioqueño por los delitos de tentativa de homicidio y hurto agravado.

La magistrada López Mora fue la que denunció hace dos años que otros tres magistrados de su misma sala, Angelino Lizcano, Julia Emma Garzón y Henry Villarraga, habían orquestado el supuesto carrusel de las pensiones, en el que varios magistrados auxiliares que pasaron por pocos meses en esos despachos, se habrían pensionado con altas sumas de dinero.

A su turno, el magistrado Henry Villarraga renunció a su magistratura a finales del 2013, luego que se ventilara que habría recibido dinero a cambio de favorecer al coronel del Ejército Robinson González del Río, investigado por los falsos positivos. El exmagistrado decidió enviar el caso del alto oficial a la justicia penal militar, para evitar que fuera procesado por la justicia ordinaria.

Pero aún hay más, este año también se presentó otro hecho sin precedentes en la Sala Disciplinaria, un conjuez ordenó posesionar a María del Socorro Bustamante y a Moisés Orozco como representantes a la Cámara por la población afro, en medio de una polémica, pues la justicia había ordenado detener dicha posesión.

Estas decisiones, y otras tantas acontecidas en años anteriores, han servido de argumento para que el Gobierno haya decidido incluir la eliminación completa del Consejo Superior de la Judicatura en proyectos de reforma judicial por varias legislaturas, sin éxito alguno.

Pero, ¿por qué esta sala ha dado tanto de qué hablar en tan poco tiempo?

Kienyke.com consultó a exmagistrados de altas cortes, quienes coincidieron en que la razón de la polémica radica en la politización e intereses personales que han sobrepuesto algunos de los magistrados de la Sala Disciplinaria.

Palacio de Justicia

José Alejandro Bonivento (i) y José Gregorio Hernández (d)

El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández aseguró que el problema viene desde el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

“El problema no ha sido de normas ni de instituciones sino de las personas que desempeñan los cargos y de una tendencia que se viene dando desde el gobierno del expresidente Uribe, que ha sido la politización de esos cargos. Para la Sala Disciplinaria el que postula es el presidente de la República, entonces el que postuló a esos candidatos y que están hoy en la Sala Disciplinaria  del Consejo Superior de la Judicatura fue Uribe”.

Por su parte, el exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, José Alejandro Bonivento, indicó que esa sala está hoy día politizada. “Se politizó porque los políticos entendieron que era un espacio ideal, y se fue metiendo lentamente la clase política”, dijo.

De igual manera, el exmagistrado Bonivento, quien también hizo parte de la Corte Suprema de Justicia, señaló que aunque la constituyente de 1991 quiso darle a la Sala Disciplinaria la posibilidad de conocer tutelas, aparte de su función natural de disciplinar a todos los jueces y abogados del país, esa opción jurisdiccional fue usada de manera malévola por algunos magistrados para tumbar sentencias proferidas por órganos de cierre de la justicia ordinaria y administrativa, lo que generó los llamados choques de trenes.

Choque de trenes

Una de las decisiones judiciales más polémicas tomadas por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se remonta a agosto del 2009, cuando ese alto Tribunal tumbó uno de los fallos de la yidispolítica.

Se trató de la condena que recibió el exrepresentante a la Cámara Iván Díaz Mateus por el delito de concusión. La providencia fue proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y sin embargo, a raíz de una tutela que interpuso su abogado defensor, la Sala Disciplinaria decidió echarla para atrás, bajo el argumento que Díaz Mateus no ejercía como congresista cuando sucedieron los hechos.

La Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista porque en la época en que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votó el acto legislativo que permitió la reelección inmediata del entonces presidente Álvaro Uribe, Iván Díaz pidió una licencia y lo reemplazó Yidis Medina, a  quien éste presionó para que votara a favor del proyecto de reforma constitucional en mención.

Posteriormente la Corte Constitucional dejó sin efectos la tutela fallada por el Consejo Superior de la Judicatura, bajo el argumento que la tutela no puede usarse para tumbar una sentencia condenatoria del órgano de cierre de la justicia ordinaria.

Sin embargo, éste no fue el único caso, pues en el mismo año la Sala Disciplinaria tumbó otro fallo de la Corte Suprema contra un congresista. Fue la condena a seis años de cárcel que se profirió contra la exparlamentaria Sandra Arabella, por usar un avión de la Fuerza Aérea para su campaña al Congreso del 2006.

En esa oportunidad varios magistrados de la Corte Suprema denunciaron penalmente a sus pares del Consejo Superior de la Judicatura por beneficiar a sus electores, los congresistas.

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