Consejo de Estado ratifica ‘muerte política’ a Musa Besaile

28 de agosto del 2019

El exsenador es investigado por el caso de corrupción conocido como ‘El cartel de la Toga’.

Foto: Youtube/ Musa Besaile

Foto: Youtube/ Musa Besaile

La Sala Plena del Consejo de Estado ratificó la muerte política para Musa Besaile Fayad, por considerar que existió tráfico de influencias probado en este caso, con lo cual se deja en firme la pérdida de investidura al excongresista del Partido de la U.

Besaile había sido procesado por pagar un soborno para detener una orden de captura que se libraría en su contra y dilatar un proceso penal que le sigue la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador actualmente está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por orden de la Corte Suprema. Con la declaración de pérdida de investidura no podrá volver a presentarse o aspirar a un cargo de elección popular.

Ratificación de la sentencia

En febrero de este año el Consejo de Estado había decretado la muerte política, decisión a la que la defensa de Besaile Fayad apeló. Sin embargo, la Sala Plena dejó en firme la decisión.

De acuerdo con el Consejo “estas declaraciones merecen credibilidad, pues provienen de quien estuvo a cargo del trámite de la investigación contra Besaile Fayad por sus vínculos con grupos ilegales y, por ello, conoció directamente los hechos”.

La Sala Plena también consideró que durante el tiempo que Musa Besaile se desempeñó como funcionario público, no podía acceder a los sobornos que se suscitaron al interior de la Corte Suprema, por el contrario, debía denunciarlos.

“La versión de Besaile Fayad sobre la supuesta coacción que lo llevó a pagar el soborno tampoco lo exculpa, pues como tenía la condición de senador y, por ende de servidor público, al tiempo en que tuvo las tratativas con Moreno Rivera, de haberse presentado el constreñimiento para pagar un dinero, a cambio de detener una orden de captura, antes de “negociar” el monto de lo exigido, debió presentar una denuncia, porque se encontraba frente de un delito y tenía la obligación de informarlo a las autoridades competentes”, describe la decisión del Consejo de Estado del mes de febrero.

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