En los últimos días se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá una acción de habeas corpus a favor del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, que actualmente se encuentra recluido en el centro penitenciario El Renacer, tras el rechazo de la detención domiciliaria del máximo órgano judicial el 19 de junio.
En la última audiencia abierta del caso contra Ricardo Martinelli por los llamados “pinchazos” a opositores, el ex mandatario y actual miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen) manifestó que probaría su inocencia atendiendo el proceso abierto en la CSJ desde 2015.
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El recurso interpuesto a favor de Martinelli y en contra del magistrado Jerónimo Mejía por el abogado Jaime Marchosky, quien no hace parte de la defensa del ex presidente, está contemplado en la Constitución Política panameña como el “derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse”.
Marchosky expresó que el recurso se basa en el proceso de extradición, ya que Ricardo Martinelli fue enviado a El Renacer luego de estar un año detenido en Estados Unidos y, según la ley 63 del Código de Procedimiento Penal al que apela el abogado, la detención provisional tiene un límite de tiempo para evitar que se convierta en una pena anticipada y no puede exceder de un año.
Luego del trámite, que busca mostrar la legalidad o ilegalidad de la detención provisional reafirmada por la CSJ, le corresponde al magistrado designado, Abel Zambrano, responder la petición y demostrar la viabilidad de la misma.
