“Navegando en aguas bravías, pero contento”

“Navegando en aguas bravías, pero contento”

25 de septiembre del 2014

Acaba de regresar de La Guajira, donde adelantó una intensa agenda, que lo regresó cansado a Bogotá pero “pletórico”. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, está feliz con tantas manifestaciones de cariño y solidaridad.

¿Siente que las aguas ayer turbulentas han regresado a la normalidad?

Sigo navegando en aguas bravías, pero gracias a Dios todo está bien. Estoy contento.

Pero a usted le gustan los remolinos y se divierte…

Sí, me gusta.

No se asusta, es lo importante.

Son los gajes del ejercicio de la función pública.

¿Cree que todo está definido a su favor?

No, no creo que esto se pueda tratar como una confrontación o como una discusión que pueda tener ganadores o perdedores, aquí lo importante es el fortalecimiento de la institucionalidad, el diseño de discusiones para proteger mejor los derechos de los ciudadanos, una permanencia de las instituciones cuando éstas están cumpliendo con las funciones constitucionales y cuando la sociedad les reconoce su trascendencia en el marco público y en la historia nacional.

¿Cómo fue el apretón de manos con el alcalde Petro?

Fue un acto en el cual se celebraban los 100 años del Consejo de Estado, convocado por el señor Presidente. Se condecoraba al Consejo de Estado y se recordaba su importancia en la historia y en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad y en la defensa de los derechos y de las garantías ciudadanas.

Fui consejero de Estado durante el periodo del 2000 al 2008. La corporación me ternó para la primera procuraduría. Tengo afecto por el Consejo de Estado, que es mi casa. Coincidimos con el alcalde, con el presidente y otros funcionarios. Nos saludamos.

¿Ninguna incomodidad personal?

Por supuesto que no. Los funcionarios públicos cuando ejercemos nuestras competencias no podemos tener asuntos personales, y si los asuntos personales inciden en la función uno debe manifestar los impedimentos correspondientes para mantener la transparencia. He ejercido esas competencias responsablemente y con el afán de cumplir con la Constitución y cumplir con la ley.

El caso del alcalde Petro ha sido uno más en el ejercicio de la función disciplinaria y por tanto no le doy la trascendencia ni tengo el menor interés en ello porque eso sí que envenenaría la función y las decisiones.

Alejandro Ordoñez

¿Cree que el proyecto para equilibrar los poderes del Estado, mejorará las condiciones de justicia del país?

Creo que el proyecto de reforma sea significativo en esa materia. Creo que hay cosas buenas, cosas malas y cosas feas en el proyecto.

El gran tema de la justicia, la gran desconfianza que muchas veces se siente frente a ella, la gran desazón es originada por los altos niveles de congestión, por la mora.

Eso se convierte en una no justicia por los tiempos exagerados en que duran ante las jurisdicciones los trámites de las controversias judiciales. Es, en últimas, un problema de acceso a la administración de justicia. Los temas constitucionales no tienen una relación o no solucionan esa crisis de la justicia, que generan la desconfianza y la falta de credibilidad.

Los colombianos quieren la solución de sus controversias, que se les definan los derechos, que se haga justicia en materia civil, en materia laboral, en materia contenciosa, en materia penal. Esa es la percepción que el ciudadano común y corriente tiene, y pienso que las modificaciones de las grandes instituciones no llegan ni a la epidermis de esos graves problemas del acceso a la administración de justicia.

Que las cortes ternen o no, que haya reelección o no, no afecta directamente al ciudadano común y corriente.

En el tema de la supercorte, pienso que todos los magistrados están de acuerdo en que deben tener jueces, los altos funcionarios públicos deben tener jueces porque los altos funcionarios públicos tenemos deberes, tenemos obligaciones y podemos incurrir en violaciones a la ley y a la Constitución o en faltas disciplinarias.

Es indudable que si no hay justicia, que si sus conductas no son dirimidas y sus responsabilidades no son definidas por un juez con credibilidad, eso afecta la misma credibilidad no solamente de los altos funcionarios sino del Estado mismo.

Entonces la supercorte es sana, la discusión es en cuanto al origen, al riesgo de que se pueda convertir en un instrumento de esta controversia y de esta pugna de poderes. Pienso que al fin y al cabo se inició la discusión y esa se puede afinar, para lograr un equilibrio.

¿Está sobredimensionada la Fiscalía o está inflado y crecido el fiscal?

Uy, no me ponga a hablar de eso por favor.

Responda en términos amables…

Hay muchas sensibilidades y yo a veces incurro en imprudencias. Este tema no quiero tratarlo y usted sabrá entenderme.

¿En sus funciones la Fiscalía está sobredimensionada?

Prefiero plantearle un tema que es de mucha actualidad, la trascendencia de la presencia del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio. Hay algunos sectores oficiales, y hasta judiciales y políticos, que hacen hoy algunas gestiones para excluir al Ministerio Público del proceso penal.

La presencia del Ministerio Público tiene unas explicaciones en nuestra realidad. Si bien es cierto que el sistema penal acusatorio implica unos escenarios adversariales, y en donde la Fiscalía acusa y donde el juez decide, y como se dice técnicamente hay una igualdad de armas en un escenario ortodoxo, no se entiende o comprende la existencia de un tercero como la Procuraduría. Pero es importante la presencia de la sociedad en el proceso en defensa del debido proceso, del derecho a la defensa y el patrimonio público.

En las denuncias que los ciudadanos hacen de que se les desconoce el debido proceso, surge y debe fortalecerse la presencia de un órgano como es el Ministerio Público que representa la sociedad para que defienda el interés general y el debido proceso, y le de garantías y seguridad a los ciudadanos.

Es indudable que el tema de la justicia penal genera sensibilidades, y creo que la sensación de inseguridad y de impunidad exige que nuestra institucionalidad se adecúe para responder esas sensibilidades ciudadanas.