Garantía de no-extradición no aplica a Santrich: Procurador

8 de marzo del 2019

Carrillo aseguró que sus presuntos delitos serían tras el Acuerdo.

Garantía de no-extradición no aplica a Santrich: Procurador

Este viernes, la Procuraduría General se manifestó en torno al proceso de extradición que se está tramitando en contra del exguerillero de las Farc, Jesús Santrich, asegurando que esto debe decirlo la Corte Suprema de Justicia, porque ya no es objeto de decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El procurador Fernando Carrillo entregó a la JEP una serie de alegatos de conclusión dentro el trámite de garantía de no extradición, solicitado por la defensa de Seuxis Paucias Hernández Solarte.

Según la Procuraduría, se debe enviar el expediente de Santrich al alto tribunal, porque los presuntos delitos que cometió después de la firma del Acuerdo de Paz.

“En este caso no procede la garantía de no extradición para el señor Hernández Solarte, por cuanto el requerimiento de extradición formulado por los Estados Unidos de América, se refiere a hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final, esto es, el 1 de diciembre de 2016”, dijo el procurador.

De acuerdo a órgano procurador existen elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos “no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, descartándose que se tratara de un delito de ejecución permanente”.

Carrillo explicó que la garantía de no extradición pactada en el acuerdo con las Farc cubre aquellas conductas condenables que fueron cometidas antes del 1 de diciembre de 2016 que además tuvieron relación y con ocasión del conflicto armado.

La Procuraduría consideró que los hechos imputados a Santrich tienen un marco de tiempo que iría desde junio de 2017 hasta abril de 2018, según el requerimiento de cooperación de las autoridades extranjeras.

Finalmente, explicó que persiste la obligación de restablecer los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pues a su juicio “cualquier decisión que se adopte debe promover el reconocimiento de las víctimas y reivindicar sus derechos”.

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