Lluvia de proyectos anticorrupción

2 de septiembre del 2018

Colombia respira desde hace una semana un ambiente de lucha contra la corrupción que con sobrada razón proviene de la consulta popular promovida por Claudia López y Angélica Lozano, que llevó a once millones y medio de colombianos a pronunciarse contra ese mal, que cada vez se enquista más en la sociedad. A partir del […]

Lluvia de proyectos anticorrupción

Colombia respira desde hace una semana un ambiente de lucha contra la corrupción que con sobrada razón proviene de la consulta popular promovida por Claudia López y Angélica Lozano, que llevó a once millones y medio de colombianos a pronunciarse contra ese mal, que cada vez se enquista más en la sociedad. A partir del domingo 26 de agosto de 2018 emergieron de muchos sectores toda clase de propuestas, algunas con medio camino recorrido y otras completamente nuevas.

Kienyke.com se puso en la tarea de revisar el crecido número de iniciativas y los proyectos de ley que ya son públicos. Los resultados son sorprendentes, ya son más de 10 las propuestas que se han puesto a consideración de los colombianos. Desde 2017 a la fecha en el Congreso hay radicados cuatro proyectos que contemplan el fenómeno de la corrupción desde un punto de vista macro, otros se remiten a combatir la corrupción en el sector público y privado de manera puntual.

El primer proyecto de esta oleada se remite a mediados del año pasado y fue presentado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la segunda legislatura de 2017, ya hizo tránsito en el Senado y va para la Cámara, es el más adelantado de todos. Otro fue presentado por el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador, y fue acumulado con la iniciativa del fiscal.

El tercero fue el radicado por el gobierno nacional dos días después de la posesión del presidente Iván Duque y que posteriormente fue retirado según la Presidencia para revisar, modificar y presentarlo nuevamente, después de que se dijo que el proyecto aparentemente habría incluido un “mico”, que iría en contra de la reincorporación de exguerrilleros y miembros retirados de las fuerzas militares a la vida civil.

Luego de la consulta el presidente Duque presentó en el Congreso un proyecto, que radicó personalmente, que recoge apartes contemplado del que se retiró y nuevas propuestas de lucha contra uno de los problemas que más afecta al país.

El partido Cambio Radical no se quedó atrás y llevó al congreso una propuesta integral de reforma a la justicia que permitirá combatir la corrupción. Colombia Humana y el Partido Conservador también se sumaron a las iniciativas y se las entregaron al presidente Duque, como un aporte a la construcción de una sola agenda.

Uno de los proyectos que más ha avanzado en materia anticorrupción, es el del fiscal general que de ser convertido en ley adoptaría medidas en materia penal y administrativa.

Entre las medidas más significativas de este proyecto de ley está penalizar la omisión de denuncia de los particulares que no adviertan los delitos de corrupción de los cuales tengan conocimiento, para quienes se presten como testaferros para ocultar bienes adquiridos con dineros que tengan origen en la corrupción.

Este proyecto de ley introduce disposiciones administrativas y penales para fortalecer el marco normativo e institucional en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Endurece las penas de prisión, las inhabilidades y las multas para casos puntuales.

Entre los aspectos más importantes se destaca que quienes hayan financiado campañas políticas a cargos de elección no podrán celebrar contratos con el respectivo nivel de quien haya sido elegido con su apoyo económico, establece nuevas incompatibilidades e inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, endurece la contratación directa y, en el caso de los contratos con el estado, las operaciones de dinero de contratistas y subcontratistas se harán a través de una cuenta única bancaria.

A los contadores, revisores fiscales y jefes de control interno de entidades públicas y privadas los obliga a reportar operaciones sospechosas de corrupción a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y, en caso de no hacerlo, tendrán penas de prisión entre 3 y 6 años, endurece los términos de la prisión domiciliaria, inhabilita para el ejercicio durante el tiempo de una condena judicial de profesiones, artes, oficio, industria o comercio, a los urbanizadores ilegales les impone multas muy altas y prisión entre cuatro y diez años.

Para el testaferrato y el concierto para delinquir amplia las multas y las penas, así mismo para los delitos como el cohecho y la concusión, y a los servidores públicos que obtengan beneficio propio en la adjudicación de contratos en actuaciones administrativas propias de su cargo les impone cárcel entre 4 y 8 años e inhabilidad para ejercer cargos de 6 a 18 años e imposición de multas.

Tal como se mencionó anteriormente, a este proyecto se le sumó la propuesta radicada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora María del Rosario Guerra, que fue presentada el 25 de julio de 2017 y acumulada un mes después.

La iniciativa del expresidente pretende “fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública en el país”, creando un Registro de Agenda Pública (RAP) que establece la obligatoriedad de registrar gestiones de interés públicos adelantadas por los funcionarios del Estado del más alto nivel y miembros de las corporaciones elegidos por voto popular.

Este les quitaría beneficios a los corruptos, como el de acceder a casa por cárcel, al tiempo que serían inhabilitados para ejercer labores académicas, y como castigo deberán realizar trabajos sociales vistiendo prendas distintivas de resocialización. Además, establece que se les dará prioridad a las investigaciones en curso de los organismos de control que tengan como eje la corrupción.

Propuesta del Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, presentó el martes 28 de agosto ante la Secretaría General del Senado su proyecto anticorrupción. Duque estuvo acompañado por el fiscal general y el procurador. “Este es un proyecto que busca rechazar la corrupción, que es una amenaza que debemos vencer. No tiene color político la defensa del bien público”, señaló el jefe de Estado.

Con este se pretendería promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público.

Tiene por objeto fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública en el país. Ello, mediante la creación del Registro de Agenda Pública (RAP) que establece la obligatoriedad de registrar las gestiones de interés público adelantadas por funcionarios del más alto nivel y miembros de las corporaciones de elección popular.

La iniciativa también quita los beneficios de casa por cárcel a los delitos de corrupción; establece sanciones sociales como la inhabilidad para ser profesor, los muros de la corrupción y que los “condenado por corrupción” porten prendas de vestir distintivas; contempla la rendición de cuentas de comisiones de lucha contra la corrupción establecidas actualmente por la ley; la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; la prioridad de investigación a los delitos de corrupción y el incentivo a denunciar actos de corrupción, entre otros.

Entre otras medidas, la iniciativa plantea ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios y los servidores públicos. Además, instaurar la acción penal para las personas jurídicas involucradas en casos de corrupción y establecer fuertes sanciones para éstas y sus gestores y propietarios.

Asimismo, como pilar fundamental, fortalece la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaz, lo que contribuiría a que los ciudadanos trabajen de la mano con las autoridades para denunciar a los que actúan de forma irregular.

El camino es la reforma a la justicia

Otros sectores como Cambio Radical creen que para acabar con este mal que aqueja al país es necesario implementar una reforma a la justicia colombiana y para eso presentó el martes 28 de agosto dos iniciativas integrales de reforma constitucional, que de ser aprobadas modificarían el aparato judicial, para hacerlo más efectivo.

La meta es brindar seguridad jurídica, y establecer la jurisprudencia de las altas Cortes como fuente obligatoria del derecho, crear reglas claras para la tutela y “dotar al gobierno nacional de precisas facultades para proferir decretos con fuerza de ley en donde se compilen las leyes por materias”.

Entre las reformas a la administración de justicia se destacan la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, aumentar la experiencia para ser magistrados de las altas cortes y eliminar las facultades electorales de los magistrados, exceptuando la elección de fiscal general de la nación.

Este proyecto de acto legislativo requiere realizar una descongestión judicial, una modificación al procedimiento penal, reformar el régimen disciplinario del abogado, fortalecer la defensa jurídica de Estado, eliminar las contralorías departamentales y municipales.

Consulta Popular Anticorrupción

Aún no se sabe cómo será el proyecto para recoger las siete preguntas de la Consulta anticorrupción que anunciaron sus promotoras Claudia López y Angelica Lozano, pero lo que se prevé es que lo que se les preguntó a los colombianos posiblemente ira en proyectos de ley en los que no se contemplen algunos de los aspectos que ya están en normas vigentes o ya fueron incluidas en la propuesta del Presidente de la República.

Después de la cumbre en palacio a la que concurrieron las dos autoras de la consulta y voceros de los partidos, el propio jefe del Estado anunció el acuerdo que se hizo para presentar otros cuatro proyectos que corresponden a lo que fue incluido en la Consulta Anticorrupción.

Más propuestas de los partidos

Innumerables son las iniciativas que están sobre la mesa y que los sectores políticos le han presentado al presidente Iván Duque para que las incluya en los nuevos proyectos legislativos que se radicarán.

Los miembros del Movimiento Colombia Humana, con su líder, Gustavo Petro anunciaron que su propuesta propone eliminar la Comisión de Acusaciones, para sustituirla por un tribunal de aforados del poder judicial, la creación de una Fiscalía Anticorrupción, que implicaría “fusionar las secciones de la Procuraduría General de la Nación, que realizan investigaciones disciplinarias de manera simultánea con las que adelanta la Fiscalía General.

Frente al tema electoral aspira a transformar el Consejo Nacional Electoral en una corte con poder para investigar los delitos contra el sufragio, también propone pasar de una economía de rentas a una basada en la producción y que los recursos del Estado queden recaudados en una cuenta única de Banca Pública.

El Partido Conservador, concentró en tres pilares su iniciativa por derrotar la corrupción: un sistema único de información que permita que la ciudadanía pueda hacer monitoreo de la inversión al gasto e inversión de los servidores públicos, crear un bloque de búsqueda contra la corrupción y renovar las funciones de las veedurías ciudadanas.

Entre otras propuestas del conservatismo está la congelación o reducción de los salarios de los más altos cargos del Estado, implementando una nueva escala salarial en el sector público, así como la creación de una lista cerrada y única como parte esencial de la Reforma Política.

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