A dos días de que se venza el contrato de arrendamiento que tiene la Contraloría General de la Nación con la firma propietaria del edificio donde actualmente funciona, en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, aún todo es incierto.
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Aunque el gobierno dio la opción de trasladarse para la sede del Ministerio de Justicia, el contralor general, Edgardo Maya Villazón, ha indicado que no aceptará dar un paso sin que se resuelva la situación para sus casi 2.500 funcionarios. En el ministerio solo hay capacidad para no más de 500 empleados, así lo dio a conocer el ministro de la Presidencia, Nestor Humberto Martínez, quien indicó en entrevistas radiales que el lugar estará dispuesto para los empleados de la Contraloría desde el próximo miércoles 31 de diciembre.
Los otros casi dos mil empleados que faltan por reubicar mientras se encuentra una solución definitiva quedarían en el aire.
Por tal razón, los empleados representados por el sindicato de la entidad, esperan que la tutela que tanto ellos como la Defensoría del Pueblo instauraron detenga la orden de desalojo ordenada por la empresa Proyectos y Desarrollos Uno S.A., propietarios del edificio.
La tutela, según el presidente del sindicato de la Contraloría, Ascontrol, Carlos Saavedra, pretende que los dueños del inmueble les dé algunos meses más de plazo para entregar el edificio. El contrato de arrendamiento se vence el próximo 31 de diciembre. “Al menos seis meses necesitamos para hacer el trasteo tanto de los bienes inmuebles como la instalación de la servidores del sistema", indicó Saavedra a KienyKe.com.
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La tutela expuesta por Ascontrol también le expone al juez que las pocas opciones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, como el ministerio de Justicia y otras más que han sonado como parte de la solución, no reúnen los requisitos que se requieren para operar.
Desde que La Contraloría fue notificada de su salida del edificio del Salitre, los funcionarios están empacando, esperando a que un juez detenga el trasteo.
A parte de los problemas de ubicación, la salida inminente del edificio donde actualmente funciona la Contraloría podría ocasionar, por el afán y la posible mala manipulación de los equipo de cómputo y servidores, pérdida de información vital y de pruebas en procesos e investigaciones que lleva adelante el ente de control, entre ellos los que hay contra Saludcoop y los hermanos Nule, dijo Saavedra a KienyKe.com.
El funcionario añadió que otro problema que se desprende del cambio abrupto de sede es que la Contraloría se quedaría, en promedio dos meses, sin poder ofrecer el servicio de solicitud de antecedentes fiscales, un documento muy importante para las personas naturales ya que es obligatorio para adelantar varias diligencias personales como por ejemplo, trámites consulares, contratar con el Estado, participar en concursos de méritos, entre otros.
La instalación del Datacenter, el sistema físico y virtual de almacenamiento de información donde reposan investigaciones fiscales y bases de datos, tarda en promedio 60 días. “Los servidores virtuales y físicos, si no se les da un manejo óptimo, podrían dañarse y eso sería gravísimo”, indicaron desde la sala de prensa del ente de control.
Más o menos en entre enero y febrero de 2014 se solicitaron y se expidieron 1' 963,373 certificados. Lo que indica que durante el periodo en que dure la instalación del Datacenter, en promedio se estarían dejando de atender dos millones de solicitudes de antecedentes. “Ese un daño directo a la ciudadanía”, indicaron funcionarios de la Contraloría.
Por su parte, según el presidente del sindicato de la entidad, el contralor Maya Villazón, quien recibió ese 'chicharrón' de la hoy investigada y excontralora general Sandra Morelli, también se encuentra a la espera de la decisión que el juez adopte con la tutela radicada.
La Contraloría funciona en la sede de Gran Estación desde el pasado mes de septiembre de 2014, desde que Morelli, quien hoy está en Italia, firmó el investigado contrato de arrendamiento en el que se pagan más de 2.500 millones de pesos mensuales por un área de 32 mil metros cuadrados y que se vence el último día del año 2014.
Desde que La Contraloría fue notificada de su salida del edificio del Salitre, los funcionarios están empacando, esperando a que un juez detenga el trasteo.
A parte de los problemas de ubicación, la salida inminente del edificio donde actualmente funciona la Contraloría podría ocasionar, por el afán y la posible mala manipulación de los equipo de cómputo y servidores, pérdida de información vital y de pruebas en procesos e investigaciones que lleva adelante el ente de control, entre ellos los que hay contra Saludcoop y los hermanos Nule, dijo Saavedra a KienyKe.com.
El funcionario añadió que otro problema que se desprende del cambio abrupto de sede es que la Contraloría se quedaría, en promedio dos meses, sin poder ofrecer el servicio de solicitud de antecedentes fiscales, un documento muy importante para las personas naturales ya que es obligatorio para adelantar varias diligencias personales como por ejemplo, trámites consulares, contratar con el Estado, participar en concursos de méritos, entre otros.
La instalación del Datacenter, el sistema físico y virtual de almacenamiento de información donde reposan investigaciones fiscales y bases de datos, tarda en promedio 60 días. “Los servidores virtuales y físicos, si no se les da un manejo óptimo, podrían dañarse y eso sería gravísimo”, indicaron desde la sala de prensa del ente de control.
Más o menos en entre enero y febrero de 2014 se solicitaron y se expidieron 1' 963,373 certificados. Lo que indica que durante el periodo en que dure la instalación del Datacenter, en promedio se estarían dejando de atender dos millones de solicitudes de antecedentes. “Ese un daño directo a la ciudadanía”, indicaron funcionarios de la Contraloría.
Por su parte, según el presidente del sindicato de la entidad, el contralor Maya Villazón, quien recibió ese 'chicharrón' de la hoy investigada y excontralora general Sandra Morelli, también se encuentra a la espera de la decisión que el juez adopte con la tutela radicada.
La Contraloría funciona en la sede de Gran Estación desde el pasado mes de septiembre de 2014, desde que Morelli, quien hoy está en Italia, firmó el investigado contrato de arrendamiento en el que se pagan más de 2.500 millones de pesos mensuales por un área de 32 mil metros cuadrados y que se vence el último día del año 2014.
