Análisis punto por punto de la Consulta

26 de agosto del 2018

Desde las 8:00 de la mañana de este domingo 26 de agosto se abrieron las urnas para que los colombianos participen masivamente en la Consulta Popular Anticorrupción. Hoy se conocerá, de acuerdo a los resultados, algunas de las medidas que podrían tomarse para atacar esta problemática que por tanto tiempo ha aquejado al país. Aunque […]

Consulta anticorrupción

Desde las 8:00 de la mañana de este domingo 26 de agosto se abrieron las urnas para que los colombianos participen masivamente en la Consulta Popular Anticorrupción. Hoy se conocerá, de acuerdo a los resultados, algunas de las medidas que podrían tomarse para atacar esta problemática que por tanto tiempo ha aquejado al país.

Aunque las votaciones ya se están realizando, Kienyke.com le explica punto a punto en qué consiste cada uno de los mandatos a votar para que se decida a participar en esta elección que irá hasta las 4:00 de la tarde.

1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios

Juan Manuel Charria Segura, abogado Pontificia Universidad Javeriana, especialista en derecho constitucional aseguró que este punto a pesar de haber sido uno de los más llamativos no está directamente relacionado con la problemática de corrupción.

“Ese no es tanto un punto por un tema de corrupción sino de equidad. La idea fundamentalmente es que se disminuya la brecha entre las sumas que ganan los parlamentarios y el salario mínimo que gana un colombiano del común”.

Por su parte, Yann Basset, director del Observatorio de Proceso Electorales de la Universidad del Rosario, comentó algo similar sobre la idoneidad de los puntos de la consulta. En este caso estuvo de acuerdo al afirmar que la disminución en el salario de los congresistas “no tiene una relación tan clara con la corrupción”.

Y señaló que “habría que preguntarnos realmente en este punto si habría necesidad de incluir los otros grandes cargos del Estado como fiscal, procurador, entre otros, quienes corresponden a una lógica un poco distinta. Una cosa sería reducir el salario de los congresistas pero no es tan claro que se tenga que incluir a los demás miembros de otras ramas”.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles contratar con el Estado

Charria aseguró que a pesar de ser una pregunta que refiere directamente al problema de la corrupción, es un tema que pudo haberse tratado al interior del Congreso para obtener las reformas y no necesariamente a través de un mecanismo de elección popular.

“En mi juicio ese es un punto que se pudo haber solventado con un proyecto de ley porque de todas formas el código penal castiga con penas de cárcel a los condenados por corrupción. Pero, si se quiere variar los beneficios de la casa por cárcel, eso se podría hacer mediante un proyecto de ley que modifique el código penal o el estatuto anticorrupción, y establecer que las sanciones ya no tengan posibilidad de ser domiciliarias sino intramurales, o reducir los beneficios en los delitos contra la administración pública”, dijo.

3. Contratación transparente

El especialista en Derecho Constitucional reconoció que este aspecto merece especial atención porque es donde se pierde la mayor cantidad de recursos públicos dada la relación entre funcionarios del estado y contratistas: “La contratación siempre ha sido un tema difícil porque ahí están los mayores casos de corrupción, sobre todo porque entre funcionarios y contratistas se manejan las conocidas ‘coimas'”.

Sin embargo, aseguró que para este punto también existe normatividad que habla de la transparencia, “de los principios de selección objetiva, de no ejercer contratación directa, y que todo sea por licitación, eso ya está en la ley pero es una finalidad valiosa porque llaman la atención estos casos de corrupción en el país”.

4. Presupuestos públicos con participación ciudadana

Para Charria este es un punto positivo, puesto que es bien visto que los ciudadanos tengan conocimiento de cómo se van a gastar los dineros públicos y conozcan de los presupuestos a nivel nacional: “Lo que se quiere es que haya una participación ciudadana sobre los ingresos y gastos referentes a los presupuestos públicos, que es un objetivo loable que participen, es bueno que miren qué recursos se recibieron, en qué se van a invertir o cuál es el presupuesto de las entidades”, señaló.

Por su parte Basset consideró que bajo este punto hay comentarios técnicos que no terminan de convencer a muchos. “Sobre las audiencias públicas obligatorias para las partidas presupuestales algunos dicen que eventualmente podía ser un problema porque complica el trámite del presupuesto y podría hacerse engorroso y lento, demorando aún más la implementación de los proyectos en el país”.

5. Los congresistas deben rendir cuenta de su asistencia y gestión

Según Juan Manuel Charria esta podría ser la forma para revertir de algún modo la idea de que en el Congreso no se trabaja. Sin embargo, explicó que actualmente existen leyes que respaldan estas medidas y sancionan a los congresistas que incurran en esta falta.

“El artículo 183 de la constitución política señala que una de las causales de pérdida de investidura es la inasistencia a seis reuniones plenarias en un mismo periodo de sesiones donde se voten proyectos de ley o actos legislativos”.

De acuerdo con el experto si se aplica bien la ley de pérdida de investidura debería funcionar lo que ya está establecido en la norma. Pero consideró viable que los electores conozcan la gestión de sus representantes

“Se supone que el congresista tiene el deber de rendir cuentas a sus electores porque son los representantes del pueblo en este sentido es bueno que hablen de su trabajo para que sea la ciudadanía que califique su labor en el parlamento”, indicó.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos de los políticos elegidos

Este punto pretende obligar a los senadores y representantes a que hagan pública su declaración de renta para no exista riesgo de dineros injustificados.

“Se trata de que la ciudadanía conozca la declaración de renta de los parlamentarios, Eso es un poco para vigilar y evitar que se oculten ingresos que se pueden obtener por otro lado con conductas dudosas” dijo Charria.

7. No más atornillados en el poder, máximo tres periodos en corporaciones públicas

De acuerdo con Yann Basset este sería el segundo punto más controversial de la consulta, pues limita directamente el tiempo de permanencia en los cargos públicos. “El tema de las reelecciones es polémico porque se ha dicho que podría castigar a algunos congresistas buenos que son necesarios. En ciencia política se habla de que todos los políticos buenos permanecen mucho tiempo en el cargo para aprender” Asimismo, consideró que tres mandatos parecen ser suficientes para que un congresista desarrolle sus funciones sin quitarle la oportunidad a nuevas figuras.

Por su parte Charria coincidió con al decir que es una margen positivo para refrescar el parlamento con nuevas ideas “Creo que a pesar de que no tiene que ver directamente con un tema anticorrupción, es una limitación saludable en la medida en que hemos visto congresistas que han tenido periodos de más de 30 años lo que no permite que hayan nuevas personas en el Congreso”.

Ahora bien, es importar determinar las posibilidades de la Consulta Anticorrupción, lo que puede pasar de acuerdo a la votación. Para esto Yann Basset explicó en primer lugar qué ocurriría si no consigue superar el umbral necesario de al menos 12 millones de votos.

“Sí no pasa significa un golpe para los promotores de la consulta y la conciencia ciudadana porque se supone que es una problemática con la que todos quieren acabar, pero en últimas habría que intentar sacarlos adelante como proyecto de acto legislativo”.

De igual forma explicó que la implementación de estos puntos requiere de un proceso riguroso donde interviene el Congreso “Es importante entender que en la consulta si se aprueban los puntos no significa que pasan inmediatamente en la ley, significa que se llama un mandato de obligatorio cumplimiento al Congreso para implementarla pero con cierto margen en su reglamentación así que de todas formas dependerá de cómo lo desarrolle en el parlamento”.

El experto explicó también cuáles son las posibilidades de la consulta. “Realmente 12 millones de participación para una elección que no es ordinaria es un umbral muy alto. Una consulta generalmente no suscita tanto interés y hay mucha gente que demuestra que no está de acuerdo simplemente no saliendo a votar pero dada la publicidad y el tema uno esperaría que tenga más oportunidades”, dijo Basset.

Por último, Basset aseguró que esta consulta es un mecanismo para presionar al Congreso a que adopte unas medidas frente a este tema y por eso es tan importante sobre todo simbólicamente lo que se puede lograr a través de esta votación que demostrará además que tanto interés tienen realmente los colombianos por ser partícipes del cambio en el país.

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