La cifra de asesinatos a líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos se encuentran en constante ascenso, así lo registra el informe 'Todos los nombres, Todos los rostros, Informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios", que se presentó en mayo pasado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Organización Cumbre Agraria, en donde se muestra que desde enero y mayo del 2018 se presentaron alrededor de 98 asesinatos a líderes sociales.
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Tal cifra ha aumentado significativamente, por ejemplo, en los tres primeros días de junio se presentaron tres asesinatos. Se trataron de Julio Cesar Montalvo, perteneciente al resguardo indígena Zenú del Alto San Jorge, Orlando Negret, presidente de la junta de acción comunal de Tierralta y Carlos Jimmy Prado Gallardo, representante legal de Satinga Joven y delegado en la Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense.
En el mes de junio se registraron en total, 17 asesinatos a líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos según la Organización Cumbre Agraria, y sumado a los que se han registrado en los primeros cinco días de julio dan como resultado 24 asesinatos en casi un mes.
Para Kenneth Burbano Villamarin, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, estos crímenes se cometen de manera sistemática y además selectivos ya que se trata de aterrorizar a quienes se atreven a luchar por las garantías fundamentales y las necesidades de las comunidades a las que pertenecen. "Se quiere perpetuar la guerra para continuar con la criminalidad y los beneficios económicos, políticos que ella trae. Los líderes sociales, los reclamantes de tierras también son víctimas al igual que las comunidades a las que pertenecen.", asegura.
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Para superar este tipo de crímenes que en el país se encuentran de manera frecuente se requieren acciones concretas, planes específicos e inmediatos por parte de las autoridades políticas, judiciales y de la fuerza pública. Comenta que "en la medida en que las autoridades den respuestas dilatorias y en ocasiones inhumanas e inconcebibles se fortalecerá la violencia y la barbarie".
"Hay que fortalecer las estrategias entre comunidad y autoridades para hacer un frente articulado de seguridad. De igual modo hay que trabajar en la concientización y en la pedagogía que permita superar la estigmatización de las personas que viven en ciertas zonas del país y de los líderes y lideresas defensores de los derechos humanos", concluyó.
