Hay un proyecto de ley que ha pasado de agache en el Congreso de la República y que contempla entregar millones de hectáreas de tierras del Estado que se encuentran improductivas para su explotación en zonas alejadas del país.
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Es el proyecto Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico, y Social) con en el que según el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, habrá una migración histórica de campesinos hacia la altillanura para desarrollar gran variedad de monocultivos.
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Sin embargo, al interior del Congreso hay voces críticas que advierten que el Gobierno le hará conejo a los campesinos con los baldíos que busca entregar en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Caquetá.
El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Inti Asprilla y el senador Jorge Enrique Robledo lanzaron la alerta y le dijeron a KienyKe.com por qué el proyecto que entrará a su tercer debate en el Congreso les genera toda clase de suspicacias y miedos.
El senador Jorge Enrique Robledo
Inti Asprilla advirtió que el proyecto Zidres será utilizado para promover prácticas de acumulación de tierras, que produjeron escándalos de gran envergadura.
“Al baldío se le dio el nombre de Unidad Agrícola Familiar, y se estableció que ningún particular puede adquirir más de una UAF en un departamento, y en la práctica varias multinacionales agroindustriales del país empezaron a acumular predios de origen baldío creando diferentes sociedades de papel pero que en la realidad pertenecen a una sola persona”.
Por último, Jorge Enrique Robledo señaló que este “es un proyecto de desarrollo de la altillanura que no es incluyente, pues quieren meter a los nuevos magnates de los llanos, pero dónde están los campesinos y la gente sencilla de esa región del país. Para poder montar la maroma, quieren obligar a los campesinos y empresarios a ser siervos de esos magnates gringos”.
Según afirmó el parlamentario Inti Asprila estos baldíos que serán entregados cuando sea aprobado el proyecto de ley, serán utilizados para el cultivo de la palma africana, el caucho y la soya.
El representante a la Cámara Inti Asprilla
(…) Cuando el proyecto de ley sea aprobado, se va a consolidar la acumulación de baldíos en la altillanura, y aun cuando el Gobierno sepa que la iniciativa está viciada por no haberse hecho la consulta previa a las comunidades indígenas, y a pesar que se sepa del riesgo que tiene de caerse en la Corte, antes que eso pase, que puede ser un tiempo de dos años, alcanzan a legalizar acumulaciones irregulares de baldíos que provienen de procesos criminales y crean una situación de derecho que no será reversible”.
El congresista de la Alianza Verde manifestó que aunque el proyecto tiene una cláusula engañosa que dice que no se podrán hacer Zidres en los resguardos indígenas, “si hay monocultivos alrededor de estas comunidades, termina afectando dicho resguardo por el uso de pesticidas, también cambia el modo de vida del territorio, y tercero por el agotamiento del recurso hídrico”.
Inti propuso sin éxito aplazar la discusión del proyecto Zidres en el debate de la plenaria de la Cámara de Representantes para que se hiciera la consulta previa. Sin embargo, relata que no ocultó su admiración cuando la Procuraduría, por petición suya, conceptuó que sí era un requisito para tramitar la iniciativa dicha consulta.
Así mismo denunció que el director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, “en primera instancia conceptuó que sí se necesitaba consulta previa, pero una semana después se echó para atrás”.
Actualmente la Corte Constitucional decidirá si acepta estudiar una tutela interpuesta por las mismas comunidades indígenas del Vichada para que se suspendiera el debate en el Congreso del proyecto de ley por no haberse hecho la consulta, pero que fue rechazada en primera instancia.
El superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez
Es así como el artículo 13 del proyecto de ley establece como condición para el acceso a los terrenos baldíos de la nación, que dentro de los proyectos productivos a ejecutar dentro de las Zidres, se integren como asociados al pequeño y mediado productor.
De igual forma, el proyecto de ley determina que los recursos recaudados por el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión, como contraprestación a la explotación de los bienes baldíos de la nación, serán invertidos preferencialmente en la adquisición de tierras para campesinos y trabajadores agrarios susceptibles de ser adjudicatarios por fuera de las Zidres y obligatoriamente en el sector agropecuario.
Con base en lo expuesto se evidencia con claridad la existencia de garantías a favor de los campesinos y trabajadores agrarios, estableciendo mecanismos de regularización de la propiedad y alternativas de asociatividad.
Finalmente, se brinda la posibilidad a los consejos comunitarios y/o autoridades reconocidas legalmente como representantes de las zonas de reserva campesina y territorios colectivos titulados, puedan, bajo expresa solicitud, avalada por el Ministerio del Interior, solicitar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ser incluidos dentro de los procesos de producción establecidos para las Zidres".
Acumulación de predios
“Este es un proyecto mentiroso, pues se ha dicho que es una iniciativa para potenciar la productividad, pero en realidad la iniciativa permite claramente que los proyectos productivos adquieran en asociación la cantidad de predios necesarios para desarrollar su proyecto de desarrollo. (…) Sin embargo, la acumulación de predios de origen baldío en el país es ilegal por la ley 162 de 1994. Esta norma se creó con el objetivo de regular el tema de la propiedad de la tierra, y exactamente evitar su concentración. En ese sentido se estableció que los predios de origen baldío tenían que ser entregados a campesinos”, dijo Asprilla. Al respecto el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo afirmó que está en contra del proyecto “porque tiene serios problemas de legalidad, pues la Constitución dice que las tierras baldías del Estado colombiano sólo se las pueden entregar a los pobres, pero el Gobierno se inventa un subterfugio para entregárselas a los recontraricos en Colombia y del mundo, por lo que no puede ser constitucional”.El senador Jorge Enrique Robledo
Inti Asprilla advirtió que el proyecto Zidres será utilizado para promover prácticas de acumulación de tierras, que produjeron escándalos de gran envergadura.
“Al baldío se le dio el nombre de Unidad Agrícola Familiar, y se estableció que ningún particular puede adquirir más de una UAF en un departamento, y en la práctica varias multinacionales agroindustriales del país empezaron a acumular predios de origen baldío creando diferentes sociedades de papel pero que en la realidad pertenecen a una sola persona”.
Por último, Jorge Enrique Robledo señaló que este “es un proyecto de desarrollo de la altillanura que no es incluyente, pues quieren meter a los nuevos magnates de los llanos, pero dónde están los campesinos y la gente sencilla de esa región del país. Para poder montar la maroma, quieren obligar a los campesinos y empresarios a ser siervos de esos magnates gringos”.
Según afirmó el parlamentario Inti Asprila estos baldíos que serán entregados cuando sea aprobado el proyecto de ley, serán utilizados para el cultivo de la palma africana, el caucho y la soya.
Consulta previa indígena
Asprilla explicó que la iniciativa está condenada a caerse en la Corte Constitucional pues desde el principio ya adolecía de un vicio de trámite, no consultó a las comunidades indígenas que residen en los sitios donde se van explotar los baldíos. Situación que incluso habría sido planeada por el Gobierno. “El departamento del Vichada, donde se van a entregar numerosos baldíos, es habitada en su mayoría por población indígena. El convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, establece claramente que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados previamente en los proyectos de ley que los puedan afectar. Por ende, siendo esta iniciativa que afecta a una zona del país donde habitan comunidades indígenas, pues tenía que haberse hecho una consulta previa con ellas.El representante a la Cámara Inti Asprilla
(…) Cuando el proyecto de ley sea aprobado, se va a consolidar la acumulación de baldíos en la altillanura, y aun cuando el Gobierno sepa que la iniciativa está viciada por no haberse hecho la consulta previa a las comunidades indígenas, y a pesar que se sepa del riesgo que tiene de caerse en la Corte, antes que eso pase, que puede ser un tiempo de dos años, alcanzan a legalizar acumulaciones irregulares de baldíos que provienen de procesos criminales y crean una situación de derecho que no será reversible”.
El congresista de la Alianza Verde manifestó que aunque el proyecto tiene una cláusula engañosa que dice que no se podrán hacer Zidres en los resguardos indígenas, “si hay monocultivos alrededor de estas comunidades, termina afectando dicho resguardo por el uso de pesticidas, también cambia el modo de vida del territorio, y tercero por el agotamiento del recurso hídrico”.
Inti propuso sin éxito aplazar la discusión del proyecto Zidres en el debate de la plenaria de la Cámara de Representantes para que se hiciera la consulta previa. Sin embargo, relata que no ocultó su admiración cuando la Procuraduría, por petición suya, conceptuó que sí era un requisito para tramitar la iniciativa dicha consulta.
Así mismo denunció que el director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, “en primera instancia conceptuó que sí se necesitaba consulta previa, pero una semana después se echó para atrás”.
Actualmente la Corte Constitucional decidirá si acepta estudiar una tutela interpuesta por las mismas comunidades indígenas del Vichada para que se suspendiera el debate en el Congreso del proyecto de ley por no haberse hecho la consulta, pero que fue rechazada en primera instancia.
El problema en el Vichada
“Es un proyecto de ley que busca legalizar actos criminales, por ejemplo en el departamento del Vichada que es el que está mayormente comprometido con esta iniciativa, hubo un proceso de despojo de tierras comandado por alias ‘Cuchillo’, se dedicaron a desplazar campesinos, poner testaferros y hacerse adjudicar baldíos que posteriormente fueron vendidos a multinacionales, por lo que hay riesgo que esas tierras obtenidas de manera ilegal serán entregadas a grandes terratenientes y legalizadas”. El representante a la Cámara también denunció que este proyecto de ley “tenía que hacerse por el censo agrario con el inventario de baldíos, y aunque ya hay unos resultados preliminares de ese censo, aún no sabemos qué datos arroja en el Vichada, por ejemplo, cuántos baldíos hay por adjudicarse y cuántos han sido entregados con anterioridad”.Reparos ambientales
“También hay reparos de tipo ambiental, pues está demostrado que los monocultivos terminan siendo nefastos, pues lo que se hace es trasladar una cantidad de agua para usarlas en esas tierras productivas, utilizando cualquier cantidad de pesticidas y fertilizantes, y grandes fuentes de agua van a ser utilizadas en la industria de la palma africana o soya que se usa como alimento de animales”, señaló Asprilla.Campesinos y trabajadores agrarios tendrán garantías: Gobierno
Por su parte, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, desmintió a los dos congresistas y señaló que el proyecto Zidres garantizará la participación de los campesinos y trabajadores agrarios, aunque no habló que de manera exclusiva se les vaya entregar los baldíos para su explotación. "El proyecto de ley contempla que en el proceso de identificación de las Zidres y previo a su declaratoria, se establecerá y adelantará un plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad, con el objetivo de regularizar y sanear las situaciones imperfectas, garantizando la seguridad jurídica.El superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez
Es así como el artículo 13 del proyecto de ley establece como condición para el acceso a los terrenos baldíos de la nación, que dentro de los proyectos productivos a ejecutar dentro de las Zidres, se integren como asociados al pequeño y mediado productor.
De igual forma, el proyecto de ley determina que los recursos recaudados por el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión, como contraprestación a la explotación de los bienes baldíos de la nación, serán invertidos preferencialmente en la adquisición de tierras para campesinos y trabajadores agrarios susceptibles de ser adjudicatarios por fuera de las Zidres y obligatoriamente en el sector agropecuario.
Con base en lo expuesto se evidencia con claridad la existencia de garantías a favor de los campesinos y trabajadores agrarios, estableciendo mecanismos de regularización de la propiedad y alternativas de asociatividad.
Finalmente, se brinda la posibilidad a los consejos comunitarios y/o autoridades reconocidas legalmente como representantes de las zonas de reserva campesina y territorios colectivos titulados, puedan, bajo expresa solicitud, avalada por el Ministerio del Interior, solicitar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ser incluidos dentro de los procesos de producción establecidos para las Zidres".
