A pocos días que culmine en el Congreso de la República el debate de la reforma al equilibrio de poderes, y en medio de una puja entre las cortes y el Gobierno, el gran perdedor es el ciudadano de a pie.
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Así lo manifestó el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, quien en los pocos meses que lleva en el cargo le tocó liderar toda una cruzada por defender los intereses judiciales en el proyecto de reforma constitucional.
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“Es una reforma parcial porque le quedan debiendo al ciudadano de a pie mucho, es decir, pueden estar seguros que esta reforma no beneficia en nada al ciudadano de a pie, porque los verdaderos problemas como son el acceso, la descongestión y las garantías de carácter procesal al ciudadano, no son abordados”.
Según indicó el consejero de Estado, la iniciativa tiene serios problemas de fondo y de forma. “En lo aprobado hasta el momento no existe una unidad de materia, por cuanto a una reforma política se le añadió una reforma judicial, cuando lo ideal hubiese sido dos proyectos separados y no hacer una mescolanza”, dijo.
“El problemas es la motivación coyuntural, y analizar esta reforma es como dispararle a un blanco móvil, porque un día aparecen unas cosas y otro día otras. Por ejemplo, uno de los pilares de la reforma era establecer únicamente la lista cerrada de los partidos políticos, y de pronto eso desapareció”.
Hay otro vicio, que según el presidente del Consejo de Estado, le costaría problemas a la reforma en una eventual revisión ante la Corte Constitucional. “En el proyecto se prohíbe a los magistrados interponer cualquier acción contra la providencia que los condene, entendiéndose que se prohíbe la interposición de tutela, y eso estaría sustituyendo la Constitución”.
Pero, ¿cuál es la principal queja o reparo del Consejo de Estado a la iniciativa aparte de que no haya incluido una verdadera reforma judicial?
“Es indudable que la falta de soberanía presupuestal afecta bastante la autonomía y la independencia de la Rama Judicial”. El magistrado Vergara señaló que la injerencia del Ejecutivo en el poder judicial se hace más que evidente, por ejemplo en el órgano que investigará disciplinariamente a los jueces y funcionarios judiciales en reemplazo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
“No nos gusta tampoco que se hubiese mantenido el esquema de que el Congreso y el presidente intervinieran en la comisión de ética judicial con el nombramiento de tres magistrados, porque eso es continuar con los vicios de la politización del sistema”, señaló.
Luis Rafael Vergara, presidente del Consejo de Estado.
Juzgamiento de aforados
Otro de los temas que ha trasnochado a los magistrados de las altas cortes tiene que ver con su juzgamiento y el del presidente de la República, que actualmente tal como está contemplado en la Constitución es exactamente el mismo, pero en el equilibrio de poderes cogieron caminos distintos.
“No nos gusta el diseño del juzgamiento del presidente de la República y los magistrados de alta corte, pues nosotros habíamos propuesto que debía ser un tribunal autónomo, independiente y con juzgamiento con doble instancia, pero eso se cambió, y del tribunal quedamos en una comisión limitada a la investigación y acusación”.
El magistrado denunció que aunque los investigará un organismo distinto a la Cámara, tal como funciona actualmente, es el Senado el que deberá juzgar a los magistrados.
“En lo que tiene que ver con las faltas disciplinarias vendrá un juicio político en el Senado, y eso no está bien porque los magistrados y funcionarios judiciales no producimos actos políticos. Ha debido establecerse un juzgamiento con valoraciones probatorias y con tribunales que tengan un perfil de juzgamiento con carácter ordinario”.
El Consejo de Estado en cabeza de Luis Rafael Vergara también ha propuesto que se “modernice el juzgamiento de la institución presidencial tal como ocurrió en varios países de Europa. Cuando se trata de delitos, no de actos políticos, la institución presidencial debe ser juzgada por tribunales de carácter ordinario aunque manteniendo su fuero, con el fin de que pueda hacerse una investigación clara, y que los colombianos podamos saber si en verdad existió la comisión de un delito, pero esto debe ser un tema a futuro, para que no se entienda como si fuera algo personal contra el actual presidente o expresidente de la República”.
“Es que el criticado sistema actual, en el que la Cámara acusa, Senado juzga y condena se mantuvo para el presidente, pero no para el fiscal y los magistrados de alta Corte, porque si es malo para uno, debe serlo también para los demás”.
Propuestas incluidas de las cortes
El magistrado Vergara indicó de todas maneras que el texto aprobado en el antepenúltimo debate incluyó algunas propuestas que presentaron en su momento las cortes.
“Hicieron unos cambios que solicitamos como el que tiene que ver con el reglamento de las altas cortes. Por ejemplo se eliminó la sanción que se les imponía a los magistrados por no elegir a tiempo a los funcionarios públicos. Se establecía un sistema de cuórum y mayorías en las cortes, pero se eliminó, porque eso hace parte del reglamento interno de las cortes, que los mismos magistrados deben establecer y modificar”.
En cuanto a uno de los temas que siempre ha causado dolor de cabeza en las altas cortes, el de la elección de funcionarios públicos, se dio una solución a medias.
“Estamos de acuerdo con la eliminación de las funciones de postulación de los órganos de control y el tema fue incluido en la reforma, suprimiendo lo concerniente al Contralor; sin embargo, en razón precisamente del “equilibrio de poderes” y razones de carácter constitucional se mantuvo en lo concerniente al Procurador en las Cortes”.
Sin embargo, frente a la elección del jefe del Ministerio Público, el consejero de Estado sugirió que no debe ser el Congreso de la República el que lo elija de una terna seleccionada por las altas cortes. “Se debe cambiar es el sistema de elección del Procurador General, para que sus investigados no sean sus electores”.
Luis Rafael Vergara, presidente del Consejo de Estado.
Juzgamiento de aforados
Otro de los temas que ha trasnochado a los magistrados de las altas cortes tiene que ver con su juzgamiento y el del presidente de la República, que actualmente tal como está contemplado en la Constitución es exactamente el mismo, pero en el equilibrio de poderes cogieron caminos distintos.
“No nos gusta el diseño del juzgamiento del presidente de la República y los magistrados de alta corte, pues nosotros habíamos propuesto que debía ser un tribunal autónomo, independiente y con juzgamiento con doble instancia, pero eso se cambió, y del tribunal quedamos en una comisión limitada a la investigación y acusación”.
El magistrado denunció que aunque los investigará un organismo distinto a la Cámara, tal como funciona actualmente, es el Senado el que deberá juzgar a los magistrados.
“En lo que tiene que ver con las faltas disciplinarias vendrá un juicio político en el Senado, y eso no está bien porque los magistrados y funcionarios judiciales no producimos actos políticos. Ha debido establecerse un juzgamiento con valoraciones probatorias y con tribunales que tengan un perfil de juzgamiento con carácter ordinario”.
El Consejo de Estado en cabeza de Luis Rafael Vergara también ha propuesto que se “modernice el juzgamiento de la institución presidencial tal como ocurrió en varios países de Europa. Cuando se trata de delitos, no de actos políticos, la institución presidencial debe ser juzgada por tribunales de carácter ordinario aunque manteniendo su fuero, con el fin de que pueda hacerse una investigación clara, y que los colombianos podamos saber si en verdad existió la comisión de un delito, pero esto debe ser un tema a futuro, para que no se entienda como si fuera algo personal contra el actual presidente o expresidente de la República”.
“Es que el criticado sistema actual, en el que la Cámara acusa, Senado juzga y condena se mantuvo para el presidente, pero no para el fiscal y los magistrados de alta Corte, porque si es malo para uno, debe serlo también para los demás”.
Propuestas incluidas de las cortes
El magistrado Vergara indicó de todas maneras que el texto aprobado en el antepenúltimo debate incluyó algunas propuestas que presentaron en su momento las cortes.
“Hicieron unos cambios que solicitamos como el que tiene que ver con el reglamento de las altas cortes. Por ejemplo se eliminó la sanción que se les imponía a los magistrados por no elegir a tiempo a los funcionarios públicos. Se establecía un sistema de cuórum y mayorías en las cortes, pero se eliminó, porque eso hace parte del reglamento interno de las cortes, que los mismos magistrados deben establecer y modificar”.
En cuanto a uno de los temas que siempre ha causado dolor de cabeza en las altas cortes, el de la elección de funcionarios públicos, se dio una solución a medias.
“Estamos de acuerdo con la eliminación de las funciones de postulación de los órganos de control y el tema fue incluido en la reforma, suprimiendo lo concerniente al Contralor; sin embargo, en razón precisamente del “equilibrio de poderes” y razones de carácter constitucional se mantuvo en lo concerniente al Procurador en las Cortes”.
Sin embargo, frente a la elección del jefe del Ministerio Público, el consejero de Estado sugirió que no debe ser el Congreso de la República el que lo elija de una terna seleccionada por las altas cortes. “Se debe cambiar es el sistema de elección del Procurador General, para que sus investigados no sean sus electores”.
